El debate de la reforma migratoria obligó a grupos en todo el país a encender las alertas por estafas cometidas por falsos tramitadores o personas no autorizadas por el servicio de inmigración para realizar trámites. En los últimos años las denuncias de estafas a indocumentados crecieron a niveles que muchos califican de epidemia, e incluso el gobierno federal lanzó una campaña nacional en 2011 para combatirlo y castigar a los responsables.

Las estafas van desde gestionar un permniso de trabajo hasta pedir la residencia legal permanente sin importar requisitos. Y el problema no sólo se reduce a la pérdida de dinero por parte de quienes son estafados, sino que el envío de cualquier tipo de solicitud a la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración coloca al indocumentado automáticamente en un proceso de deportación de Estados Unidos.

Hasta ahora, la reforma migratoria no se ha aprobado todavía, por lo tanto nadie en este país sabe aún cómo será el proceso si es que llega a ser aprobado. Es imposible iniciar procesos individuales de peticiones de beneficios migratorios pues no existen ni siquiera los formularios para ello.

La comunidad inmigrante que no den ningún paso legal de inmigración que los pueda poner en riesgo, hasta que no haya una ley presentada en el Congreso y aprobada, y promulgada por el Presidente.