El gobierno del presidente Barack Obama dejará de deportar a jóvenes indocumentados que ingresaron a Estados Unidos antes de cumplir los 16 años de edad y que calificarían para el Dream Act si el Congreso aprueba la legislación.

El cambio de política ocurre cinco meses antes de la elección presidencial del primer martes de noviembre y cuando arrecian las protestas de jóvenes indocumentados en varios estados del país en demanda de una orden ejecutiva para frenar las expulsiones.

La medida también incluye conceder un permiso temporal de trabajo.

Los beneficiarios deben carecer de antecedentes criminales y tener menos de 30 años de edad. El cambio beneficia a unos 800 mil jóvenes sin papeles que ingresaron siendo niños al país.

El anuncio oficial fue dado a conocer por la jefa de la seguridad de Estados Unidos, Janet Napolitano. La medida, dijo, entra en vigor de forma inmediata y amplía la discreción migratoria.

El gobierno ha estimado que algunas deportaciones incurren innecesariamente en el uso de recursos y gastos para expulsar a personas que representan riesgo mínimo a la seguridad pública.

Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes han cuestionado severamente al gobierno en los últimos dos años, señalando que la mayoría de los deportados por la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE) no representan una amenaza grave para la seguridad de Estados Unidos.

Es la primera vez que el gobierno reconoce la postura de las organizaciones y anuncia un cambio en su política de deportaciones bajo este argumento.

La primera modificación se dio oficialmente en agosto del año pasado cuando anunció que revisaría 300 mil casos de deportación y que suspendería los expedientes de aquellos que no han cometido delitos criminales. Pero la medida sólo ha beneficiado a un 2% según las organizaciones pro derechos de inmigrantes (7.5% según el gobierno) y los favorecidos no tienen permiso legal para trabajar en Estados Unidos.

Qué ofreció el gobierno - El DHS detalló que la medida beneficia a jóvenes que cumplen con varios criterios clave y que serán considerados para recibir alivio contra la deportación o contra el inicio del proceso de deportación.

Añadió que aquéllos que demuestren que cumplen con los criterios serán elegibles para recibir la acción diferida durante un período de dos años, sujeto a renovación, y serán elegibles para solicitar la autorización de empleo.

“Las leyes de inmigración de nuestro país deben hacerse cumplir de una manera firme y sensata”, comentó Napolitano. “Pero no están diseñadas para hacerse cumplir ciegamente sin tener en cuenta las circunstancias individuales de cada caso. Ni están diseñadas para deportar a jóvenes productivos a países donde puede que no hayan vivido nunca o que ni siquiera hablen el idioma. En estos casos, la discreción, la cual se utiliza en tantas otras áreas, está especialmente justificada”.

El DHS agregó que continúa centrando sus recursos de aplicación de la ley en la deportación de individuos que presentan un peligro para la seguridad nacional o la seguridad pública, incluidos inmigrantes condenados por delitos, criminales violentos, delincuentes y transgresores reincidentes de la ley de inmigración. La acción de hoy mejora aún más la capacidad del Departamento para centrarse en estas deportaciones de máxima prioridad.

Caso por caso - El gobierno agregó que revisará caso por caso cada una de las solicitudes, y que sólo aquellos individuos que puedan demostrar mediante documentación verificable que cumplen con estos criterios serán elegibles para la acción diferida.