La política de control de inmigración en Estados Unidos. Cifras récord de deportaciones, acompañan estadísticas esperanzadoras en áreas como Acción Diferida y otros beneficios migratorios. Mientras, las cortes de inmigración no dan abasto. La gran deuda: una reforma migratoria.

Como un antes y un después de 2012. Así califican varios activistas y expertos los cambios durante este año. Uno que partió con un presidente Barack Obama insistiendo en que no era posible realizar modificaciones a nivel administrativo y que terminó con el otorgamiento de Acción Diferida para los jóvenes dreamers (DACA).

"La mayoría de las políticas que actualmente se aplican en inmigración, no nacieron durante este Gobierno. Pero este año marcó una diferencia, ya que la estableció la autoridad presidencial en un área muy importante: DACA. Esta será conocida como uno de los hitos en este campo", explicó Muzaffar Chishti, experto de Migration Policy Institute (Instituto de Política Migratoria).

Según las últimas cifras reportadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE)se han recibido 367,903 peticiones para DACA, de las cuales se han aceptado 355,889. Tan sólo en California se han registrado 98,531 casos, seguido por Texas con 57,542 y Nueva York con 21,635.

No obstante, 2012 fue también el año en que el control de inmigración ha llegado a su punto más crítico. 409,849 personas deportadas, de las cuales sólo 225,390 habían cometido delitos graves.

A través de diversos memorandos internos, la Administración ha detallado su intención de dar prioridad a la deportación de criminales. La semana pasada emitió una nueva guía, que restringe el uso de órdenes de detención en personas con infracciones menores, como delitos de tráfico.

"Durante el último año, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha continuado enfocándose en un control de inmigración efectivo [...] esta área se ha reformado dando prioridad a la deportación de criminales", comentó el vocero de DHS Peter Boogaard.

A pesar de esto, diversas fuentes a nivel de Gobierno y Congreso reconocen que existen problemas a nivel interno en el Departamento de Seguridad Nacional, a la hora de implementar directrices similares. De hecho, el presidente del sindicato del ICE, Chris Crane, ha criticado abiertamente este tipo de medidas.

"Necesitan mejorar su habilidad de realmente enfocarse en los criminales de alta prioridad. Pero la realidad es que existe sólo un número limitado en este grupo, pronto alcanzarán el fondo del barril y si la premisa es deportar a 400 mil personas, inevitablemente removerán a más gente sin un récord delictivo", enfatizó Chishti.