Según las cifras de ICE, 56% de los deportados bajo Comunidades Seguras no son criminales o han sido convictos de delitos menores como violaciones de tránsito. Más aún, recientes cifras del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) revelan una reducción con respecto a los pasados dos años en la cifra de personas procesadas para deportación por ICE por cargos criminales a través de tribunales.

La timidez con la que el DHS y ICE aplican la política que se supone proveyera alivio a una comunidad a la que se prometió una reforma migratoria denota el temor que tienen a incomodar a un sector de republicanos en el Congreso que a pesar de que hagan lo que hagan, así deporten a otros dos millones, no los van a apoyar para concretar la solución que dicha reforma ofrece.

A ver qué explicación se dará a escasos meses de las elecciones de que el plan que la administración Obama anunció con bombo y platillo como alivio a la separación familiar haya sido mal ejecutado por el DHS y por ICE.

Si en vez de reforma migratoria lo único que esta comunidad ha visto es el recrudecimiento y la ampliación de los programas que han contribuido a disparar la cifra de deportaciones, como lo son Comunidades Seguras y 287(g), resulta cuestionable por demás que ni siquiera sean capaces de aplicar la discrecionalidad administrativa de manera justa para que al menos haya un verdadero respiro y no un mal remedio a medias que ha resultado peor que la enfermedad. Todavía están a tiempo de enmendarlo pero se requieren voluntad y acciones audaces. ¿Las demostrarán?