A un año de anunciarse cambios a la política sobre deportaciones del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) para centrarlas en verdaderos criminales, en "lo peor de lo peor", una coalición que agrupa desde abogados de inmigración hasta activistas declaró esta semana que la implementación de la llamada discrecionalidad administrativa ha sido un total fracaso.

Se veía venir. Lo que se supone fuera un alivio a la ola de deportaciones, más de un millón, que por los pasados tres años han resultado desproporcionalmente en la remoción de padres y madres de familias y jóvenes que en ningún modo constituyen una amenaza a la seguridad de este país, sólo ha sido una gota de agua en el desierto.

La teoría en el papel no se ha hecho realidad en la implementación.

A cada momento hay reportes sobre personas al borde de la deportación que se supone cumplen los requisitos estipulados por el llamado memo de John Morton, director de ICE, para no ser una prioridad de remoción, entre esos, lazos establecidos en la comunidad o un historial criminal limpio.

Algunos, como decenas de jóvenes indocumentados que se beneficiarían del DREAM Act o padres y madres de familia, finalmente obtienen el alivio sólo tras intensas campañas de presión. Pero no todos corren la misma suerte. Y el resultado sigue siendo la epidémica separación familiar.

Un total de 46,000 padres y madres de niños ciudadanos fueron deportados en los primeros seis meses del 2011, según un reporte del Applied Research Center (ARC).