Líderes proinmigrantes criticaron al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, por su lentitud en frenar las deportaciones, que en casi cuatro años de gobierno alcanzan la cifra récord de un millón de personas expulsadas.

La directora de la Asociación de Abogados de Inmigración (AILA), Crystal Williams, dijo que “poco ha cambiado” desde del año pasado, cuando el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) anunció que se enfocaría en la deportación de extranjeros con antecedentes penales.

En esa oportunidad, el ICE sostuvo que daría alivio a las personas indocumentadas que han vivido en el país por muchos años, tienen hijos nacidos en Estados Unidos o llegaron desde niños al país.

El director del Fondo de Educación de America’s Voice, Frank Sharry, dijo que la situación es “muy errónea” cuando un estudiante que llegó de niño al país y no ha violado las leyes enfrenta la deportación, bajo un programa que se supone enfocado en los criminales.

Un año después del anuncio de las nuevas medidas del ICE, “nos entristece declarar que la instrumentación de ese cambio de políticas ha fracasado”, porque en muchos caso “ha empeorado las cosas”, señaló Sharry en teleconferencia con otros activistas.

La directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles (CHIRLA), Angélica Salas, advirtió: “nuestra paciencia se ha acabado”.

Manifestó que el gobierno de Obama debe asegurar que la implementación del proceso discrecional en los casos de deportación se realice con toda “la intención y el espíritu” de las políticas de alivio a los indocumentados.

El director del Centro por la Justicia Racial de los Trabajadores de Nueva Orleans, Saket Soni, manifestó que la discreción procesal pide al ICE proteger a los inmigrantes que defienden sus derechos civiles, pero que la entidad está presionando por su deportación.

De igual forma, la activista Gaby Pacheco lamentó que en el último año ha visto a familias divididas por la deportación de jóvenes indocumentados que reúnen los requisitos bajo el proyecto de ley Dream Act, que legalizaría su estatus si es aprobada en el Congreso.

“No podemos estar en guerra con nuestros propios valores y principios, y el uso correcto y efectivo de la discreción procesal puede ayudar a resolver” esto, dijo la directora de Inmigración del Consejo Nacional de La Raza, Clarissa Martínez de Castro.

Durante la teleconferencia, los participantes mencionaron las recomendaciones de un informe del Movimiento por una Reforma Migratoria Justa (FIRM) que se enfoca en el impacto de las deportaciones y ofrece recomendaciones para evitar la separación familiar.