La Proposición 187, una de las más severas medidas antinmigrantes que ha existido en Estados Unidos, fue derrotada en los años 90 con una estratégica disputa legal presentada por una organización pro inmigrante.

El Fondo México-Americano para la Defensa Legal y Educativa (Maldef, por sus siglas en inglés) una organización creada en 1968 en Los Angeles, presentó una certera disputa en una corte derribando una medida que cimbró al estado de California en esa década.

La medida, impulsada por el gobernador republicano Pete Wilson, negaba servicios educativos y públicos a inmigrantes indocumentados y llegó a polarizar a votantes californianos que al final la aprobaron en las urnas con el 59 por ciento de los sufragios.

La historia de la estrategia presentada por Maldef en aquella ocasión ha hecho revivir una nueva estrategia que prepara esa organización junto con la Unión de Libertades Civiles de América (ACLU) y el Centro Legal Nacional de Inmigración (NILC).

Estas organizaciones preparan una demanda a manera de frente común que podrían presentar la próxima semana para evitar que la ley SB 1070 firmada por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, pueda entrar en vigor en los próximos 90 días.

De no darse pronto la reforma migratoria amplia como demanda las organizaciones, el asunto de la SB 1070 se mantendría en una discusión de estire y afloje entre los grupos oponentes como ocurrió con la 187 y que fue declarada anticonstitucional en 1999.

La Proposición 187 fue aprobada por votantes californianos el 8 de noviembre de 1994 y en esta las autoridades pedían establecer un sistema de notificación entre agencias para prevenir que indocumentados pudieran recibir beneficios o servicios públicos.

Un día después de haber sido aprobada por un cerrado margen Maldef y ACLU presentaron cinco demandas ante una corte federal de Estados Unidos en California para impedir que la medida fuera implementada en el estado.

Al solicitarla un juez dispuso una orden de restricción y con ello prohibió que la medida fuera implementada hasta que no se haya revisado el asunto en las cortes y de ahí se paso a la disputa por la constitucionalidad de la medida.

"Estamos preparando un reto legal de alto nivel y con toda la fuerza posible. Lo que buscamos evitar es que esta ley anticonstitucional y discriminatoria entre en vigencia", dijo el presidente de Maldef, Thom Saenz.

Los abogados indicaron que las demandas se basarán en varios principios legales establecidos y ya litigados y decididos con anterioridad por la Suprema Corte.

Éstos son la supremacía del gobierno federal en el establecimiento de políticas migratorias, el derecho a la protección igualitaria bajo la ley y la protección constitucional frente a detenciones o cateos injustos, según explicaron los abogados.

En tanto, éstos y otros expertos legales están preocupados por el alcance de esta ley que, en la práctica, no afectaría solamente a inmigrantes "bajo sospecha" de ser indocumentados.

Indicaron que también afectaría a quienes los transporten, estén cerca de ellos, les den trabajo, los monten en sus vehículos y cometan cualquiera de las otras fallas incluidas en el texto de la ley.

La nueva ley firmada por la gobernadora de Arizona criminaliza a un inmigrante indocumentado y permite a cualquier autoridad solicitar documentos migratorios bajo la sospecha de que una persona carezca de ellos, lo que podría dar motivo a abusos y violaciones individuales.

Desde su formación Maldef fue creada para proteger los derechos de los latinos en Estados Unidos y actualmente tiene oficinas regionales en Sacramento, San Antonio, Houston, Chicago, Atlanta y Washington D.C.

La organización, que se inicio dando asesoría legal, se ha destacado por su triunfo en demandas judiciales en derechos civiles, derechos de la mujer, asuntos educativos y en derechos del voto.

Formado por México-americanos, Maldef es producto del movimiento por los derechos civiles y por el movimiento chicano en Estados Unidos que se impulso en la década de los 60.

Curiosamente el abogado que había trabajado por doce años con esta organización y quien encabezó el movimiento legal en contra de la proposición 187 es el ahora presidente de Maldef, Thomas Saenz, quien nació y creció en el sur de California.

El alcalde de Los Angeles, Antonio Villaraigosa, quien fue líder de la Asamblea de California en aquel tiempo, fue quien encabezó la mediación y las negociaciones que terminaron dando el certificado de defunción a la Proposición 187.

'Esa medida de división y retrógrada como la SB 1070 también será derrotada en cortes’, pronosticó Villaraigosa 'porque en ese caso todos seríamos criminales porque este país está hecho por inmigrantes'