La Coalición de Inmigrantes de Florida (FCI) teme que una ley similar o más severa que la aprobada en Arizona hunda en una severa recesión económica al estado que depende en gran medida de inversiones, mano de obra y consumo hispano.

Subhash Kateel, coordinador de la campaña "Somos Florida" de la FCI, dijo que esos tres aspectos han evitado que el estado entre en una "recesión plena".

"Si alguna parte de ese delicado equilibrio es alterado, la totalidad del estado entraría en una situación de riesgo", advirtió el cofundador de "Familias por la Libertad", un grupo dedicado a defender a inmigrantes en proceso de deportación.

Al rechazo de implementar una ley de Inmigración, se han sumado algunos congresistas que consideran que ello enviaría un "mensaje peligroso" a los socios comerciales de Florida y al turismo, una de las principales fuentes de ingresos del estado.

Una decena de proyectos de inmigración se han presentado en la Asamblea Legislativa, pero al parecer sólo dos tienen posibilidades de llegar al pleno del Congreso: el HB 7089 y el SB 2040.

El primero es una iniciativa del representante republicano William Snyder, y le daría autoridad a la policía para que indague el estatus migratorio de las personas detenidas si tiene una sospecha razonable que está indocumentado en el país.

Además exige a las empresas privadas usar el programa federal de verificación del estatus legal de sus trabajadores E-Verify.

Ese proyecto de ley recibió un primer voto en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes.

En el Comité Judicial del Senado está el proyecto "Extranjeros no autorizados", patrocinado por la senadora republicana Anitere Flores, de origen cubano, y hoy se someterá a análisis.

Flores suavizó la versión original al exceptuar a los empleadores del uso del E-Verify si los nuevos trabajadores presentan algún documento vigente como el pasaporte y la licencia de conducir.

Pero mantuvo que todos los alguaciles del estado suscriban convenios con el Departamento de Seguridad Nacional para implementar el programa 287g para detener a extranjeros con antecedentes penales y que todas las agencias policiales participen en el programa de Comunidades Seguras para verificar el estatus inmigratorio de los detenidos.

De aprobarse esos proyectos, la FIC alertó que "aumentaría la "discriminación racial".

Kateel manifestó "mucha preocupación" por el SB 2040 porque las personas consideran que solo afectaría a "empresarios inescrupulosos y a delincuentes peligrosos".

"En realidad tiene el mismo impacto que tuvo en Arizona y crearía el mismo tipo de situaciones, si no peores en Florida, porque, entre otros aspectos, la policía obtendría en cada condado los mismos poderes que los agentes de inmigración para pedir a la gente que suministre sus papeles en cualquier momento", explicó.

Esteban Bovo, expresidente del Caucus Hispano de la Asamblea Legislativa, aseguró a Efe que los proyectos "no son nada parecidos a la ley de Arizona", pero consideró que Florida "no necesita una ley (de Inmigración)".

"Si se logra pasar, no será nada similar a la de Arizona. Sin embargo, dejará un mal sabor en la boca y envía un mal mensaje de un estado que se nutre del comercio internacional", expresó.

Bovo, que recientemente renunció a su curul, dijo que podría afectar a los turistas y a la agroindustria.

"No creo que sea bueno para Florida, por eso lo más importante es que los legisladores sigan trabajando para que el proyecto final de cualquier ley que se presente, sea una versión lo más débil posible y no afecte mucho a los residentes de Florida", sugirió Bovo.

El excongresista atribuyó la presentación de los proyectos a que "tal vez" en los distritos electorales los votantes querían que se luchara por ese asunto.

"Estos proyectos son más políticos que otra cosa. Nada de esto se hubiera puesto sobre el tapete y se hubiera discutido si el gobierno federal hubiera hecho su trabajo de proteger las fronteras. Sin duda alguna, el trabajo de Inmigración es federal", comentó.

Con respecto al impacto económico, Subhash Kateel, dijo que si más hispanos abandonan Florida eso significaría que un mayor número de casas entraría en ejecuciones hipotecarias, habría menos turistas en las playas y menos consumidores en los centros comerciales.

Si todos los indocumentados fueran deportados de Florida, el estado perdería 43.000 millones de dólares por concepto de actividad económica, además de 262.436 trabajos, de acuerdo con un informe del Perryman Group.

El turismo, que generó 60.900 millones de dólares a la economía estatal en 2009, es otra de las áreas que sería impactada por una "ley antiinmigrante", según Kateel.

Cinco de los diez principales países cuyos ciudadanos visitan el estado son de Latinoamérica y 1,7 millones de turistas que viajaron a Florida en 2009 eran de Brasil, Venezuela, México, Colombia y Argentina, según cifras oficiales de Visit Florida.

Kateel destacó que Florida tiene también una "alta dependencia de inversionistas de Brasil, Venezuela y México".
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