Atlanta, 14 jun - El gobernador de Georgia, Nathan Deal, recomendó hoy que las personas en libertad condicional trabajen en los campos agrícolas para cubrir a los cerca de 11.000 inmigrantes que no recogerán las cosechas este año por temor a la dura ley de inmigración recién aprobada en el estado.

Una encuesta llevada a cabo por el Departamento de Agricultura de Georgia encontró que existen cerca de 11.000 puestos de trabajo vacantes en la principal industria del estado, que genera ingresos por más de 68.000 millones de dólares al año.

"La industria de la agricultura es el principal motor económico en Georgia y es mi sincera esperanza encontrar soluciones viables y acordes con la ley al actual problema que nuestros granjeros enfrentan", declaró hoy en un comunicado el gobernador republicano tras dar a conocer los resultados de la encuesta que encontró que que 46% de los granjeros consultados tiene escasez de trabajadores.

El sondeo, que incluye entrevistas a cerca de 230 productores en 76 condados del estado señala un vacío de 11.080 trabajadores agrícolas para realizar labores que van desde un período de un día, un mes o hasta un año.

De acuerdo con las autoridades, existen unas 100.000 personas en libertad condicional en el estado, de las cuales unas 8.000 residen en el suroeste del estado y un 25% están desempleadas.

El gobernador señaló como una alternativa para solventar la escasez de trabajadores dar trabajo en las granjas a las cerca de 2.000 personas que han sido convictos de algún delito que viven en las zonas afectadas.

"Creo que esta sería una gran solución parcial a nuestro estatus actual mientras nos continuamos acercando a resultados sostenibles con las opciones legales disponibles", indicó Deal.

El comisionado de Agricultura de Georgia, Gary Black, en conjunto con el comisionado de Trabajo, Mark Butler, llevaron a cabo la encuesta a solicitud del gobernador tras recibir quejas de los agricultores sobre la falta de trabajadores calificados para recolectar las cosechas.

Para Charles Hall, director ejecutivo de la Asociación de Productores de Frutas y Vegetales de Georgia (GFVGA, por su sigla en inglés), la propuesta del gobernador podría convertirse en una opción a contemplar de cara a la cosecha del próximo año.

"Apreciamos cualquier oportunidad que nos dé la opción de tener más trabajadores y si bien puede ser un poco tarde para las cosechas de este año tal vez nos permita lograr algunos progresos para el próximo año", dijo a Efe el representante, tras indicar que hasta ahora solo dos de sus afiliados han mostrado interés en contratar personas en libertad condicional.

De acuerdo con Hall, si bien la propuesta de Deal "podría ser una opción" para los granjeros, ésta llega un poco tarde ya que el período de recoger las cosechas ha terminado para la mayoría de los productos que se cosechan en el estado o éstos han sido abandonados por falta de trabajadores.

Según estimados de organizaciones civiles, la industria agrícola de Georgia emplea entre un 50 y 70% de jornaleros indocumentados, muchos de los cuales han optado por abandonar el estado antes de la entrada en vigor este 1 de julio de la ley antiinmigrante HB87.

La nueva ley permitirá a las autoridades locales indagar el estatus migratorio de una persona que crean está indocumentada y penalizará a quienes alberguen o transporten a indocumentados.

La medida además exige a las empresas con más de 10 trabajadores revisar el estatus migratorio de quienes contraten a través del sistema de verificación federal de datos E-Verify.