Miles de personas manifestaron en Los Angeles para protestar por las políticas migratorias de la Casa Blanca y solicitar una vía para la ciudadanía para unos 12 millones de indocumentados que se estima residen en el país.

Muchos de los participantes en el acto bailaron al ritmo de rancheras mexicanas y portaron banderas estadounidenses, así como pancartas con mensajes que pedían “Amnistía Ahora”.

Los activistas pro-inmigrantes dicen que muchos de los indocumentados del área se sienten traicionados por el presidente de EE.UU., George W. Bush, a quien durante mucho tiempo habían considerado un aliado.

Un borrador de reforma migratoria de la Casa Blanca que se filtró a la prensa la semana pasada solicita el establecimiento de un nuevo visado “Z”, que permitiría a los trabajadores indocumentados solicitar permisos de trabajo por tres años. Esos visados se podrían renovar de forma indefinida, pero costarían $3,500 cada vez que se venzan.

Para obtener un permiso y convertirse en residentes legales, los indocumentados tendrían que regresar a sus países de origen, solicitar la entrada legal a EE.UU. en una embajada o consulado estadounidense y pagar una multa de 10.000 dólares.

La propuesta es criticada por grupos pro-inmigrantes, el Partido Demócrata, la Iglesia Católica y sindicatos, que argumentan que los costos de los permisos de trabajo y la solicitud de una “tarjeta verde” para obtener la residencia permanente superarían los 20,000 dólares, un importe prohibitivo para trabajadores con sueldos bajos.

El plan es mucho más conservador que el aprobado el año pasado por el Senado y que contaba con el visto bueno de Bush.

Esa iniciativa habría permitido que muchos de los 12 millones de indocumentados permaneciesen en EE.UU., donde podrían trabajar y solicitar la residencia tras aprender inglés, pagar pequeñas multas y poner al día su pago de impuestos.

Muchos conservadores en el Senado se opusieron a la medida que no logró la luz verde de una Cámara de Representantes dominada entonces por los republicanos y que aprobó a finales del 2005 un duro proyecto de ley de reforma migratoria que provocó manifestaciones masivas en el país.