Abogados de Inmigracion Carolina del Sur - Carolina del Sur promulga la Ley S20 y se suma a los estados antiinmigrantes de Estados Unidos.
Ahora la policía puede revisar a persona "sin papeles" de inmigración
La gobernadora del estado de Carolina del Sur, Nikki Haley, firmó el lunes la ley antiinmigrante SB20, una medida similar a la SB1070 de Arizona -que criminaliza a los indocumentados-, en medio de amenazas de demandas por considerarla inconstitucional y muy costosa.
Esta legislación envía "el mensaje de que Carolina del Sur es un estado que sigue las leyes y que da la bienvenida a la inmigración legal pero no a los ilegales. (Los indocumentados) Se pueden ir a otra parte", afirmó Haley en el Capitolio estatal, durante la promulgación de la medida, que entrará en vigor en enero de 2012.
Tras dos semanas de suspensión del debate, la Cámara de Representantes de la Asamblea Legislativa de Carolina del Sur aprobó el martes anterior, por 69 votos a favor y 43 en contra, una ley que exige a la policía local (estatal y municipal) revisar el estado de inmigración de sospechosos y ordena que todos los negocios revisen sus contrataciones a través del polémico programa federal E-Verify.
Luego de varios días de debate, la Cámara finalmente aceptó los cambios realizados por el Senado y envió la ley a la gobernadora Haley, cuyo vocero confirmó que ella la promulgaría en los próximos días.
Carolina del Sur es el más reciente de una serie de estados que han implementado tales requerimientos. El primero fue Arizona. Luego siguieron Texas, Utah, Georgia y Alabama, entre una larga lista de estados y condados que han aprobado leyes para combatir la inmigración indocumentada.
"Si Washington se niega a apoyar con efectividad a nuestros agentes del orden aplicando las leyes de inmigración, queda a los estados levantarse y hacer lo correcto", dijo el legislador Bobby Harrell (republicano), presidente de la Cámara. "Eso es exactamente lo que hizo hoy Carolina del Sur al asegurarse que nuestros agentes tengan las herramientas de ejecución que necesitan durante este tiempo de indecisión federal".
Cambios a ley aprobada en 2008 - La nueva ley migratoria de Carolina del Sur hizo cambios a otra ley similar aprobada en 2008 que, entre otras disposiciones, sanciona severamente a empresas que contraten a sabiendas a inmigrantes indocumentados.
Los secretarios de Justicia y de Trabajo de Carolina del Sur habían pedido a principios de junio a la legislatura que ajustara la propuesta de ley a un reciente fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia, que dictaminó que los empleadores que contratan a indocumentados serán sancionados con el retiro de sus licencias de operación en vez de castigos económicos.
Esta recomendación modificó una ley migratoria aprobada por el estado en 2008. Ese año el estado aprobó una norma que sanciona con penas económicas a empresas que contraten trabajadores no autorizados y permite que la División Estatal de Cumplimiento de la Ley (SLED) negocie sociedades con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) para detener a indocumentados.
En 29 de 46 condados del estado sus cárceles locales aplican el programa federal Comunidades Seguras, y en cuatro se firmaron contratos para poner en vigor el polémico Programa 287(g). Ambos programas se encuentran bajo investigación por no cumplir su objetivo de identificar a inmigrantes criminales sin papeles.
Temen daños irreversibles - Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes habían advertido que si la ley era aprobada, causará un impacto negativo en el estado.
Carolina del Sur fue el primer estado en prohibir el ingreso de estudiantes indocumentados a los colegios comunitarios y universidades estatales, en no aceptar las ciudades santuarios y obligar a las empresas a utilizar el sistema E-Verify.
Pero varias disposiciones de la ley de 2008 no han podido ser implementadas por la falta de recursos económicos.
Jorge Leone, de la organización Acercamiento Hispano de Carolina del Sur, en Columbia, dijo que en los últimos meses “Hubo una intensa campaña antiinmigrante y a favor de que el Congreso aprobara esta iniciativa de ley que golpeará a la población inmigrante en nuestro estado”.
“Pensamos que la iniciativa se trata de una ley discriminatoria que no mide el efecto nocivo en la unidad familiar de muchos inmigrantes que están acá con sus hijos ciudadanos estadounidenses. Y el efecto que causará en la economía local será devastador”, agregó.
El dirigente dijo que según estudios realizados, si la medida entra en vigor “miles de inmigrantes dejarán de ocupar las posiciones que los trabajadores estadounidenses no quieren desempeñar y se irán a otros estados en busca de oportunidades”.
“En carolina del sur hay 255 mil inmigrantes legales y entre 50 mil y 70 mil indocumentados. Muchos de ellos llevan años viviendo aquí, pero últimamente han estado expuestos al ataque de un movimiento en contra de los inmigrantes muy agresivo”, dijo Leone.
En cuanto al futuro inmediato de esta población, el activista dijo que “se están preparando demandas que serán presentadas si la ley es promulgada, pero eso no apacigua el miedo en nuestra comunidad. Muchos de los que están aquí vinieron huyendo de la violencia en México para salvar sus vidas de la amenaza de los cárteles de la droga y ahora se enfrentan a la alternativa de regresar y volver a poner en riesgo sus vidas. Y también las vidas de sus hijos nacidos en Estados Unidos”.
Detalles de la ley - La ley migratoria de Carolina del Sur especifica que los agentes de policía deben contactar a las autoridades migratorias para conocer la situación legal de los individuos detenidos por cualquier crimen o bajo investigación, incluyendo infracciones menores de tránsito.
Indica que las "sospechas razonables" de la ilegalidad de la persona no pueden basarse en la raza, nacionalidad o color de piel. Y que si las autoridades migratorias no responden, el estado debe procesar al individuo por los cargos estatales.
A diferencia de la ley aprobada en Arizona el año pasado, la propuesta de Carolina del Sur señala que la gente no puede ser arrestada por sospecha de ser indocumentada.
La medida también convertiría en delito fabricar tarjetas de identidad con fotografía para los inmigrantes indocumentados y crea una nueva unidad policial dentro del Departamento de Seguridad Pública con el objeto de aplicar la ley de inmigración.
Más restricciones - El proyecto de carolina del Sur permite que los ciudadanos demanden a los condados y municipalidades que no estén haciendo cumplir la ley con el fin de erradicar las "ciudades santuario".
Añade penalidades de hasta $50 mil a los negocios que en repetidas ocasiones no hayan cumplido con la revisión de los documentos migratorios de sus nuevos empleados y continúen contratando a indocumentados.
Convertiría en un crimen que los adultos -extranjeros, residentes y ciudadanos americanos- que no lleven consigo sus documentos de identificación o migratorios como licencia de conducir y tarjeta de residencia.
También crea una nueva unidad policial para hacer cumplir las leyes migratorias a un costo de $1.3 millón.
De acuerdo con la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, Carolina del Sur es uno de más de 30 estados que han debatido este año leyes migratorias severas y que hasta el 31 de marzo, 14 de 52 leyes no han sido aprobadas y 36 están pendientes.
Últimos datos del Censo - La Oficina del Censo federal dio a conocer esta semana la información que recabó en Carolina del Sur en el censo de 2010, la cual muestra que más de 235,000 personas se identificaron como hispanas en ese año, un incremento del 148% en comparación con el 2000.
Los datos también muestran que tres de los cuatro condados del estado que están registrando el crecimiento más rápido se ubican cerca de la costa. Los condados de Beaufort, Dorchester, Horry y York crecieron más del 30%.
Doce de los 46 condados del estado registraron un descenso en su población, especialmente en las regiones textiles rurales al sur de la carretera interestatal 85 y también en los condados rurales al sur y el este de Columbia, lejos de la costa.
La Oficina del Censo dice que la población total de Carolina del Sur aumentó más del 15% en la última década a 4.625.364 personas.
Los republicanos, que controlan tanto la cámara como el Senado, han calificado el proyecto como una ley de máxima prioridad en este año.