La canadiense Newmont es accionista principal en la minera Yanacocha, responsable del 41 por ciento de la producción de oro en Perú, que es a su vez el quinto productor mundial y el primero en Latinoamérica de ese metal.

Por su parte, Singapur es el "gran productor de servicios, desde donde Perú podría exportar a otros países", apuntó el diplomático en el marco del encuentro de funcionarios de APEC, que concluye el jueves en la ciudad sureña de Arequipa

Gutiérrez añadió que, después de estos TLC, Perú está interesado en suscribir convenios similares con Japón y Corea.

La ratificación de los acuerdos comerciales precederá a la reunión de ministros de Comercio de las 21 economías de APEC, que se celebrará en Arequipa el fin de semana.

Los ministros de Comercio serán recibidos por la ministra peruana del sector, Mercedes Aráoz, a partir del jueves, y al día siguiente, el viernes 30, tendrán un retiro al que asistirán también dos funcionarios de cada Economía Miembro de APEC.

La cita será de carácter cerrado y se discutirán todos los temas que están en sus respectivas agendas de trabajo, informó el vicecanciller peruano.

La reunión plenaria de los ministros será el domingo 1 de junio, día en que las autoridades harán una declaración sobre las Rondas de Negociación Comercial de la Organización Mundial de Comercio-OMC sobre la posibilidad de generar un área de libre comercio para las 21 Economías en su conjunto.

Asimismo, otro punto en debate será la Reforma de las actividades de APEC para establecer una unidad de apoyo de políticas, que brindará soporte en los análisis económicos que realicen los diferentes órganos a lo largo de su trabajo.

Por su parte, la presidenta del Grupo de Trabajo del Comité de Comercio e Inversiones y Jefa Negociadora del TLC con Singapur, Mary Elizabeth Chelliah, informó que su equipo trabajó en la ampliación del área de libre comercio en la esfera del Foro APEC y el análisis de las diferencias y similitudes entre los distintos sectores productivos.

"Después de reunirnos tenemos un mejor conocimiento sobre los puntos en común para los TLC, también hemos logrado un mejor entendimiento de cómo crear un área económica mejor integrada, pues pretendemos mejorar, acoplar, y lograr la fusión de los TLC al interior de las Economías Miembro de APEC", dijo.

La titular del Trigésimo Tercer Juzgado de Lima, Flor de María La Rosa, ordenó que la modelo pague a la agraviada 3.000 soles (unos 1.000 dólares) en concepto de reparación civil por haberle lanzado un vaso en la cara mientras mantenían una riña dentro de una discoteca en el municipio costero de Miraflores.

La jueza tomó la decisión de que la prisión sea efectiva, y no suspendida como se acostumbra en ese tipo de casos, porque, según explicó, Jibaja se mostró "renuente a cumplir con las reglas de conducta dictadas por el despacho desde que se le abrió instrucción".

Indicó que a pesar de las restricciones impuestas durante el proceso, la modelo salía del país y no concurría a firmar el cuaderno mensual en el tribunal.

Según informó el Poder Judicial, Jibaja fue citada seis veces para la lectura de la sentencia y no se presentó, por lo que fue declarada "reo contumaz" (en ausencia) y se ordenó su captura.

Tras leerse la sentencia, Jibaja fue llevada por la Policía Nacional a las celdas del Palacio de Justicia, donde permanecerá hasta que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) la traslade al Penal de Mujeres del distrito limeño de Chorrillos.

El 27 de marzo, agentes de la Policía de Turismo hallaron nueve textiles de estilo Costa Central, tras intervenir dos restaurantes en los distritos de Miraflores y Barranco. Los textiles datan de 1000 a 1.475 d.C. y habían sido alterados con diseños que modificaban su forma original.

Asimismo, el INC dijo que recuperó una túnica prehispánica o "unku", de estilo Costa Sur, que data del año 800 a 1300 d.C. y que había sido alterada con costuras en su parte central.

La directora del INC, Cecilia Bákula, hizo un llamado a la población para que contribuya en la campaña emprendida por las autoridades culturales y la policía para frenar el tráfico ilegal de los bienes culturales del país.

"Esta campaña que no puede terminar, terminará el día en que no tengamos una sola pieza perdida", dijo Bákula en rueda de prensa.

Perú sufre el constante tráfico de piezas culturales, que son extraídas ilegalmente del país para ser comercializadas en el mercado negro internacional.

“En nombre de la privatización o de la empresa, no se puede hacer daño a la propia Nación”, exclamó la autoridad al criticar la verticalidad con que se impulsa la discusión de esta iniciativa.

“En el tema de la Ley de la Selva, que va afectar a la Amazonía, se vuelve a cometer el mismo error, de comenzar a legislar fuera de la realidad y fuera de los intereses de las propias regiones.

Es evidente, hace mucho tiempo le dijimos al Gobierno Central que queremos tener una relación horizontal y queremos ver qué es lo que más le beneficie a nuestras regiones y al país.

El tema de esta ley es un problema de visión económica y por lo tanto es un problema de fondo, por que yo creo que si no existe el diálogo, si no hay la corrección necesaria, va a ver muchas dificultades en el país”, advirtió.

El presidente del departamento de San Martín, César Villanueva, criticó por su parte, que el cuestionado proyecto de ley Nº 840/2006-PE, afecte directamente a los pobladores de su jurisdicción, además de Loreto, Ucayali, Madre de Dios y Amazonas, sin tomar en cuenta que se desconoce con exactitud formal, cuales son las áreas que pertenecen al Estado y cuales son por el usufructo, de propiedad de sus habitantes.

“Para nosotros, es una ley inaceptable y absurda porque la Amazonía no está en subasta. Tenemos características diferentes en el conjunto de la Amazonía. En lo que lo que corresponde a la Selva Alta, de San Martín y Amazonas también, son territorios que están ocupados sólo en un 50 por ciento y son de tipo precario, porque son posesionarios sin titulación, de gente que ya está asentada hace mucho tiempo en el espacio y que -muchas veces- como no aparecen en el catastro, se piensa que son territorios vacíos”, refirió.

Villanueva Arévalo explicó que el otro porcentaje de tierras que están libres, pertenecen a conservaciones forestales, es decir, representa según la Carta Magna, un patrimonio de la Nación que no puede ser vendido. Aclaró asimismo, que la posición de las autoridades amazónicas es objetiva y descartó cualquier insinuación de animadversión a la inversión privada, deslizada por el presidente de la República Alan García.

El especialista del Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP), José Álvarez Alonso, reprochó la intención del régimen aprista, de ignorar los derechos de quienes no tienen títulos de propiedad, para cumplir con su objetivo de entregar para siempre áreas deforestadas al sector privado.

Álvarez Alonso rebatió igualmente la tesis oficialista de que existen diez mil o cuarenta mil hectáreas deforestadas, pues la ausencia de un catastro, impide conocer con certeza la zona que se privatizaría.

“Es un proyecto de ley que ignora de una manera muy grosera la realidad de la selva, porque no existe ni en Loreto, ni en Ucayali, grandes extensiones de tierras eriazas - como señalan- que están deforestadas. En Loreto, no van a encontrar mil, diez mil o veinte mil hectáreas deforestadas sin ningún tipo de derecho, como ellos pretenden (hacer creer).

No pueden intentar entregar lo que es de Loreto, así de forma indiscriminada. Es un proyecto con riesgos y además se va a prestar posiblemente a incentivos perversos, en comunidades que harán que la gente deforeste para acceder a una propiedad”, comentó.

El representante del Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana, dijo igualmente que el verdadero interés en modificar las leyes forestales, radica en los bonos que se pagan por reforestación, mediante los convenios de Bali y Kyoto.

Rosa Guillén Velarde, coordinadora de la Alianza Social Continental Capítulo Perú, añade que la venta de parcelas haría que el Estado pierda la administración y regulación de nuestros recursos naturales, como ya ocurrió en la etapa privatizadora del gobierno de Alberto Fujimori.

Este proceso de privatización de nuestros recursos naturales es muy peligroso porque afecta la biodiversidad y nuestras posibilidades de vida y desarrollo, presentes y futuras.

Las concesiones ya tuvieron algunos problemas, pero esta privatización radical no solamente está afectando los derechos humanos, sino también además el Estado pierde el control y la responsabilidad de regular y administrar sus propios recursos.

De modo tal que nos veremos con un territorio mercantilizado que les da ganancias a las grandes transnacionales y no pensado en las posibilidades de desarrollo del país”, opinó.

El riesgo de una inadecuada regulación es más que latente, pues a la fecha no se ha definido las competencias del Ministerio del Medio Ambiente anunciado por el primer mandatario, entidad que absorbería funciones del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) y el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM).

Así lo entiende también Alberto Barandiarán Gómez, presidente de la asociación civil sin fines de lucro Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

“El tema de las concesiones para reforestación es un aspecto ya regulado por la Ley Forestal y que ha definido como autoridad competente al INRENA.

La idea es que dentro de este proceso de unificar e independizar entrecomillas la autoridad ambiental, evidentemente este sea uno de los temas que se trabaje desde esta nueva autoridad.

El jefe de Estado comentó sobre la solución a la crisis colombo-ecuatoriana en el marco de una reunión del Grupo de Río en Santo Domingo, al término de una cena la noche del viernes con partidarios de la opositora Unidad Nacional.

García dijo que la cita en Santo Domingo "ha sido muy importante porque ha permitido que cada país diga su punto de vista. (Por lo tanto), no queda otro camino que continuar avanzando juntos los países de América Latina".

"Estoy muy contento que vayamos camino a una feliz solución y que se deje atrás un lamentable incidente", comentó el gobernante.

Representantes del opositor Partido Nacionalista Peruano criticaron la ausencia de García en la cumbre presidencial por considerarla "un grave error político" y que demostraría una sumisión a Estados Unidos.

Sin embargo, García indicó a los periodistas que mantuvo comunicación con Uribe durante la crisis para manifestarle su posición, de condena a la violación del territorio ecuatoriano, así como recibió a Correa en Lima para conocer los motivos de su queja.

En tanto, el canciller peruano, José Antonio García Belaúnde, resaltó hoy el papel jugado por su país durante la crisis en la búsqueda de una solución diplomática.

En declaraciones a Radio Nacional, señaló que las conversaciones mantenidas por García con Correa y Uribe coadyuvaron a "ese espacio de entendimiento".

Asimismo, el canciller peruano opinó que la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) "es un grupo decadente" que debido a los reveses sufridos en los últimos meses, busca negociar con el Gobierno colombiano para encontrar una salida pacífica al conflicto interno.

El sábado pasado, fuerzas militares colombianas ingresaron a territorio ecuatoriano para atacar un campamento de las FARC y en el operativo dieron muerte al "número dos" de esa guerrilla, "Raúl Reyes".

El ministro peruano de Relaciones Exteriores, José Antonio García Belaunde, dijo a una radioemisora local que el espíritu que prevalece en el Grupo de Río es sobre la conveniencia de que se respete la soberanía territorial de los países.

Consideró conveniente establecer un bloque de países garantes o vigilantes de la paz en esas naciones.

Indicó que la posición del gobierno peruano coincide con la resolución emitida el pasado miércoles por la OEA, sobre todo en lo que respecta a las normas establecidas por el derecho internacional en materia de relación entre los Estados.

Señaló que ningún país puede intervenir militar y políticamente en asuntos internos de otra nación.

En su opinión, "la ruptura de relaciones entre Ecuador, Colombia y Venezuela o el cierre de las fronteras implicarán perjuicios económicos para estas naciones, lo cual se traducirá en algunos puntos de inflación más".

Señaló que la comunidad internacional tiene claro que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) es una organización terrorista.

García Belaunde dijo que "existen compromisos internacionales, a nivel regional y de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en materia de colaboración en la lucha contra estos grupos subversivos".

Militares colombianos incursionaron el pasado sábado un campamento de las FARC ubicado en Ecuador a mil 800 metros de la frontera, y dieron muerte a 23 personas, entre ellas el segundo jefe de esa organización insurgente, Raul Reyes.

Ecuador rechazó lo que calificó como una "agresión" y, en protesta, rompió relaciones diplomáticas con Colombia, expulsó al embajador de ese país, Carlos Holguín, y ordenó militarizar la frontera.

El gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez se solidarizó con Ecuador y ordenó el desplazamiento de unidades militares a la frontera con Colombia, retiró a su embajador en Bogotá y expulsó a los diplomáticos colombianos en Caracas.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística peruano (INEI), esta subida de casi un punto porcentual, que prácticamente duplica las estimaciones del Ejecutivo, se debió a las fuertes lluvias y desplazamientos de tierra en gran parte del territorio que afectaron al transporte y las zonas agrícolas.

Las hortalizas y verduras frescas subieron en febrero un promedio del 11,6 por ciento, encabezadas por la lechuga (+70,7 por ciento), la betarraga (+42,4), coliflor (+36,5) y los guisantes (+35,7 por ciento).

Asimismo, también fueron importantes los aumentos registrados en las grasas y aceites comestibles (4,6 por ciento), así como en la carne (3,7 por ciento).

El inicio del año escolar también impulsó el alza de algunos rubros, como los servicios culturales (+0,33 por ciento), vestido y calzado (+0,25).

Expertos consultados por el diario Perú.21 indicaron que esta subida implica que en 2008 los precios van a aumentar más de lo que el país estaba acostumbrado, aunque rechazaron que se trate de un "rebrote inflacionario".

El economista Hugo Santamaría, gerente de estudios económicos de Apoyo Consultoría, pronosticó que pese a que el alza tan marcada de los precios es un hecho coyuntural causado por las lluvias, la inflación superará el rango previsto por el Banco Central de la República para 2008, que oscila entre el 2,5 y el 3,5 por ciento.

En 2007, la inflación en Perú fue del 3,93 por ciento, mientras que en 2006 fue del 1,14 por ciento, en 2005 del 1,49 por ciento y del 3,48 por ciento en 2004.

Kosovo declaró su independencia de territorio serbio el 17 de febrero.

El diplomático desestimó que la declaración de Perú pueda afectar la relación con Serbia, país que considera a Kosovo como el corazón de su patria ancestral y la cuna de su fe ortodoxa serbia, y rechaza la independencia kosovar al considerarla ilegal.

Gutiérrez señaló que en la comunicación enviada al presidente de Kosovo, el gobierno peruano exhortaba a Serbia a proseguir "el proceso ya iniciado" con respeto a las normas de las Naciones Unidas.

La ley 29164 faculta la entrega de concesiones a hoteles y restaurantes de lujo en áreas aledañas a zonas arqueológicas, permitiendo, a su vez, que la inversión privada participe en la recuperación de estos inmuebles.

Estas personas indicaron que con dicha ley se beneficiará el turismo, la conservación del patrimonio, la generación de empleos en zonas turísticas y el aumento de los ingresos entre los pobladores de estas zonas.

Esta encuesta fue realizada a 1.009 personas a nivel nacional entre el 12 y 15 de febrero, con un margen de error de 3,1%.

Un 20% de los encuestados dijo que debe derogarse esta ley "porque podría afectar el patrimonio cultural".

Al respecto, el director de Apoyo, Alfredo Torres, opinó que "muchos cusqueños se sienten ofendidos por no haber sido consultados apropiadamente para la elaboración de esta ley, que perciben impuesta desde Lima, y desconfían profundamente de que las autoridades que otorgan las concesiones y los empresarios que hagan las inversiones sepan proteger el patrimonio".

Durante la semana, el presidente regional del Cusco, Hugo Gonzales, dijo que los cusqueños saldrían nuevamente a protestar, tal como lo hicieron el 7 de febrero, si no se derogaba la ley 29164, así como la ley 29167, que dispone que las autorizaciones de licencias de construcción se otorguen incluso para centros históricos.

Ahora la ley 29164 indica que "es requisito previo indispensable que los Gobiernos Regionales aprueben... la relación de los bienes inmuebles en los que se podrán desarrollar los proyectos de concesión de servicios turísticos". Y la segunda ley, la 29167, establece que "para las licencias de Edificación, Ampliación, o Remodelación de Establecimientos de Hospedaje, no será aplicable a los inmuebles declarados como Patrimonio Cultural de la Nación".

Ambas leyes aprobadas por el Congreso deben ser promulgadas por el presidente Alan García para que entren en vigencia.

La ley que relajaría las restricciones al desarrollo privado cerca de sitios históricos y arqueológicos, favoreciendo la construcción de hoteles y restaurantes fue aprobada por primera vez a fines del año pasado, y varios legisladores ejercieron presión en busca de que se le rechazara. La semana pasada no logró aprobar una votación, pero sobrevivió a la del miércoles.

Melquiades Adolfo Estrada, miembro del concejo de gobierno regional de Cuzco, le dijo a The Associated Press que las protestas "van a ser pacíficas".

La semana pasada, los residentes de la antigua capital inca de Cuzco, ubicada en los Andes del sur de Perú, quemaron neumáticos y bloquearon carreteras y el paso del transporte público para protestar contra la ley, que dicen amenaza la herencia cultural del país. Esa protesta provocó que PeruRail, el único tren que llega a Machu Picchu, suspendiera el servicio.

Horas antes el miércoles, el sindicalista Efraín Yepes advirtió que las nuevas protestas podrían tornarse violentas y amenazar con apoderarse de Machu Picchu y del aeropuerto municipal de Cuzco.

Melquiades dijo que el gobierno regional no está de acuerdo con la posición de Yepes.

El destacado arqueólogo Walter Alva consideró que se debe modificar la legislación.

"Se debe modificar esa ley y orientarla a una ley que dé incentivos a inversionistas para desarollar la infrastructura turística, pero sin la idea de conceder a cambio de esa inversión espacio dentro nuestros monumentos o patrimonio cultural", señaló.

"Esperamos que eso (la demanda peruana) no afecte las relaciones de hermanos que debe haber entre dos países latinoamericanos, como Perú y Chile", agregó el presidente Correa desde Quito.

El mandatario enfatizó que la demanda peruana "no nos afecta en absoluto porque claramente se ha determinado entre Ecuador y Perú que no existe ningún problema limítrofe, ni sobre tierra ni en límites marítimos".

"No tenemos ningún problema limítrofe con Perú", remató Correa.

El gobierno de Alan García presentó el 16 de enero ante la Corte de La Haya una demanda para establecer una frontera marítima que busca que se le reconozcan 66.000 km2 del total de 95.000 km2 de una zona en litigio con Chile en el Pacífico.

Chile sostiene que la frontera marítima quedó delimitada por acuerdos suscritos en 1952 y 1954, pero Perú asegura que esos documentos son sólo regulatorios de la actividad pesquera y no pueden ser considerados tratados limítrofes.

El acuerdo de 1952, conocido como Declaración de Santiago, es tripartito y fue suscrito también por Ecuador.

La cancillería informó en un comunicado que los ministros sostendrán la cita para revisar el estado de la agenda bilateral y de la situación de los acuerdos tomados con motivo de la reunión de gabinete binacionales realizada en junio en Tumbes.

Allí se firmaron acuerdos para impulsar la relación binacional y donde también se confirmó que los dos países no tienen pendiente temas limítrofes, tras la firma de un tratado de paz en 1998, y ambos estados se comprometieron a dar seguimiento a estos compromisos.

Esa fue la primera reunión en la historia binacional que sostuvieron los ministros en pleno de los dos países.

La cancillería peruana señaló que a la reunión concurrirán la canciller María Isabel Salvador y el ministro de Defensa, general en retiro Wellington Sandoval, de Ecuador, y que serán recibidos por el canciller José García Belaunde, y el ministro de Defensa Antero Florez-Aráoz, por Perú.

Ambos países ya sostuvieron una reunión similar en Lima en julio.

En Lima, frutas como la papaya, piña y mango han comenzado a escasear en los puestos de venta en el Mercado Mayorista de Frutas, al igual que algunas verduras. Las arvejas, alcachofas y espárragos también escasean en el Mercado Mayorista de La Parada.

Esto ha ocasionado que las reservas o lo poco que ingresa al mercado de la capital, incrementen su precio, tal como ocurre con la papaya que antes podía encontrarse en los mercados por el precio de S/.1.20 y ahora se expende a S/.3.00 y S/. 3.50 el kilo. Así también el kilo de piña subió de S/.1.00 a S/.2.00. El durazno de S/.2.00 a S/.3.80 el kilo, mientras que el kilo de uvas de Ica subió de S/.2.50 a S/.4.00.

La arveja, por la que antes las amas de casa pagaban S/.2.80 ahora deben pagar S/.3.80 por cada kilo. Las habas, un alimento nutricional para los niños, subieron de S/.1.20 a S/.1.60, mientras que las alcachofas y los espárragos desaparecieron del mercado.

Las amas de casa comienzan también a mostrar su preocupación por las constantes variaciones y alza en el precio del pollo. Precisamente ayer, en el Centro Popular de Acopio de Aves Acho - Rímac, el pollo registró un nuevo incremento de S/.4.40 a S/.4.80 el kilo.

Esto se vio reflejado en los mercados limeños, donde las amas de casas se toparon con la sorpresa que el kilo de pollo que antes costaba S/.5.00 el kilo, ahora deben pagar S/.6.00, como ocurrió en el Mercado Central del Lima.

Cabe señalar que de continuar esta tendencia en los próximos días y semanas, es claro que la inflación de febrero podría ser mayor a la registrada en enero pasado cuando alcanzó 0.22%. Pero lo más peligroso es que la escasez de estos productos vaya en aumento.

"Nuestro interés es masificar el uso del gas para no depender de los productos líquidos como la gasolina y el petróleo, queremos bajar los costos de producción y no hemos pensado en exportar más gas", señaló el ministro.

Valdivia aclaró que el único contrato que existe para exportar gas de Camisea es el que Perú mantiene con el consorcio formado por Hunt Oil y Repsol para exportar 4.2 trillones de pies cúbicos (TCF) en 20 años.

"Repsol ha firmado un contrato con México para venderle la totalidad del gas, firmado en el gobierno anterior, por lo tanto no existe ninguna posibilidad de exportar gas a Chile", sostuvo Valdivia.

Este anuncio tranquilizó a diversos sectores de la prensa, quienes desde el año pasado denunciaron la posibilidad de que Perú vendiera el preciado gas a Chile, país con el que mantiene cierta tensión bilateral debido al contencioso por el trazado de su frontera marítima.

Los proyectos para exportar gas de Camisea, uno de los yacimientos más importantes del continente, fueron duramente criticados por el Colegio de Ingenieros de Perú, que sostenían que el combustible debería aprovecharse para desarrollar las industrias nacionales.

A principios de año, la empresa Repsol anunció el descubrimiento en la región peruana de Cuzco, muy cerca de Camisea, de yacimiento de gas con un volumen de 56.000 millones de metros cúbicos.

El Foro agrupa a delegados de los partidos políticos del país, de organizaciones sociales, sindicalistas, la Iglesia católica y otras agrupaciones religiosas y organismos culturales, que representan a la sociedad civil, y que pidió conocer la táctica del estado en la demanda.

Perú considera que la delimitación marítima con Chile es un tema pendiente, mientras el estado chileno ha reiterado que la frontera fue zanjada en la década de 1950 con dos acuerdos, que el gobierno peruano asegura no fueron limítrofes sino de pesca, por lo que decidió llevar el tema a la Corte.

"Esta causa no tiene una actitud de enemistad con Chile, sino que es la forma de resolver civilizadamente una controversia", dijo a la prensa Jorge del Castillo, el presidente del Consejo de Ministros, tras encabezar la sesión del Foro, y pidió a los asistentes manejar "con mesura y ponderación" la información recibida.

La prensa pudo ingresar tan solo al inicio de la reunión llevada a cabo en el edificio de la presidencia del Consejo de Ministros, en un lujoso barrio del sur de la ciudad. García Belaunde y Wagner habían adelantado que el reporte iba a ser general.

Wagner, quien ha sido canciller, ministro de Defensa, y secretario general de la Comunidad Andina de Naciones, lidera al grupo de once delegados que representarán al Perú ante La Haya.

Tres de ellos son asesores extranjeros: el estadounidense Rodman Bundy, el inglés Alan Vaughan, y el francés Alain Pellet.

El canciller chileno Alejandro Foxley anunció en Santiago de Chile que la Cancillería ha creado un consejo de seis ex ministros de Relaciones Exteriores para el proceso en La Haya. Los ex cancilleres son Soledad Alvear, Enrique Silva Cimma, Gabriel Valdés, Juan Gabriel Valdés, Hernán Felipe Errázuriz y Miguel Alex Schweitzer.

Los dos últimos fueron cancilleres de la pasada dictadura militar y participaron activamente en la defensa del general Augusto Pinochet en procesos por violaciones a los derechos humanos.

Foxley agregó que todavía no se revelará los nombres de los representantes de Chile ante La Haya, aunque reiteró: "Vamos a instalar un equipo jurídico de primer nivel, absolutamente transversal, con quienes han sido durante toda su vida los mejores expertos internacionales del país".

Precisó que el subsecretario de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, desempeñará un papel clave en el equipo chileno.