Abogados de Inmigracion

El documento plantea una serie de acciones para lograr que los ecuatorianos vuelvan y no abandonen el país en busca de mejores oportunidades.

“Exoneración total de aranceles e impuestos en sus enseres y equipos que quieran traer desde sus lugares de residencia, una vez en el país apoyarlos con microcréditos y bonos de la vivienda para que puedan reinsertarse y reinstalarse en su propia patria”, son los ofrecimientos que anunció el presidente Rafael Correa en el Teatro Bolívar, el martes pasado, en la presentación del Plan.

Sin embargo, organizaciones vinculadas con los migrantes, pese a valorar las buenas intenciones del Gobierno, observan algunos aspectos negativos.

El director del Servicio Jesuita para las Migraciones, Guillermo Robayo, advierte dificultades en la ejecución del plan, debido a la falta de canales de comunicación entre entidades del Estado como la Cancillería y la Senami. “El Plan Ecuador se presentó hace nueve meses y hasta ahora no funciona. Por eso es importante un frente operativo adecuado y la decisión política del Ejecutivo”.

Patricio Carrillo, de la organización Llactacaru, solicita a la Senami abrirse a recibir propuestas de todas las entidades y de los familiares de los ecuatorianos en el exterior. “No puede quedarse en el escritorio de una institución pública, sino que debe discutirse como una reforma política y de Estado”.

Otro tema que genera dudas en su implementación es el Plan de Retorno Voluntario, uno de los temas más difundidos por el régimen. “Para que los ecuatorianos regresen tiene que haber las condiciones adecuadas”, cuenta Carrillo.

Robayo expresa su desacuerdo con ese plan. “Me parece que se deben impulsar otras acciones como la reformulación de la protección consular para los ecuatorianos residentes en el exterior y dignificar el proceso migratorio para no tener personas perdidas en el mar o deportadas de las otras naciones”.

El Banco del Migrante es el punto que más consenso tiene. Robayo y Carrillo están de acuerdo con su implementación como una entidad crediticia de primer piso. “Hay que evitar que se convierta en otra Corporación Financiera Nacional o Banco del Estado que son motines políticos y burocratizados”, dice Robayo. Mientras Carrillo sostiene que se debe aplicar el proyecto junto con el Banco del Afiliado para dar crédito barato, con un año de gracia y facilidades de pago a los migrantes que desean instalar un negocio o microempresa.