Abogados de Inmigracion

Washington tiene numerosas experiencias de inmigrantes mal asesorados.

En el 2003, 150 personas fueron deportadas tras recibir asesoría legal de una mujer que se presentó como abogada y no lo era. En el 2009, la procuraduría estatal ordenó la investigación de 11 casos de personas que se sospechaba daban asesoría legal a inmigrantes sin estar habilitadas. El año pasado, tres supuestos expertos en leyes de inmigración aceptaron pagar miles de dólares en daños a personas a las que asesoraron mal.

Washington se sumó así a la lista de estados que consideran proyectos de ley cuya finalidad es evitar que la gente caiga víctima de personas inescrupulosas, que ofrecen asesoría sin estar preparadas ni habilitadas para ello.

El procurador general del estado Rob McKenna dice que la ineptitud de algunos asesores y la falta de supervisión estatal es una combinación letal que deriva en muchas deportaciones que pudieron ser evitadas.

McKenna está trabajando con varios legisladores para eliminar falencias de las leyes que permiten las actividades de notarios que ofrecen servicios similares a los que rinden en Latinoamérica, ignorando el hecho de que en Estados Unidos hay otras regulaciones muy distintas.

"Mucha gente hace presentaciones ante el servicio de inmigración que deberían ser aceptadas", declaró el subprocurador general Pedro Bernal. "Pero si no sigues los pasos indicados o suministras la información apropiada, puedes ser deportado".

Los detractores de los proyectos de ley dicen que la medida limita la disponibilidad de asesoría legal barata para los extranjeros que quieren obtener la ciudadanía.

Las leyes actuales permiten que "asistentes en temas de inmigración" traduzcan documentos de personas que quieren obtener la ciudadanía.

Pero McKenna sostiene que personas inescrupulosas se aprovechan de las confusiones que genera el término "notario". En español un notario es un funcionario público que cumple algunas funciones parecidas a las de los abogados, mientras que en Estados Unidos, los "notarios públicos" son gente que simplemente verifica la validez de una firma en un documento. Con frecuencia, gente que no está calificada ofrece asesoría inapropiada y sus clientes terminan deportados.

Así, a veces las personas contratan a un "notario", habilitado únicamente para verificar firmas, pensando que es capaz de ofrecer servicios legales como los notarios de sus países.

"Ejercen como abogados sin tener una licencia. Eso es un delito", declaró Bernal. "La comunidad los necesita, pero no están calificados para ofrecer ese tipo de asesoría", insistió.

Las iniciativas bajo estudio eliminarían el término "asistente en cuestiones de inmigración" y requerirían que toda persona que ofrezca asesoría en ese campo sea un abogado con licencia del estado de Washington, o satisfaga los requisitos nacionales para el ejercicio de la abogacía. Por ejemplo, que se trate de un estudiante de derecho supervisado por un abogado.

La ley fijaría multas para los infractores.

La representante demócrata Phyllis Gutiérrez Kenney auspició el proyecto en la cámara baja en la esperanza de evitar que la gente pague por servicios inadecuados.

"(Los notarios) No son abogados", expresó. "Cuando un asistente de inmigración elige el formulario equivocado, arruina las posibilidades de su cliente de hacer un trámite".

El asistente de inmigración Raymundo Olivas afirma que el estado debería educar al público en lugar de prohibir el funcionamiento de los asistentes.

Olivas, fundador de MultiServicios en Seattle, dijo que el gobierno debería asegurarse "de que el cliente puede acudir a alguien que no cobra demasiado en lugar de verse obligado a recurrir a un abogado", que es mucho más caro.

Su firma ofrece asesoría básica en temas de inmigración y recomienda abogados para los trámites delicados.

Olivas admite que es injusto que los notarios se aprovechen de la gente, pero agrega que las tarifas que cobran los abogados son igualmente injustas.

"Es como si hubiera solo médicos, y no enfermeras", expresó. "Hay muchos individuos competentes, que no abusan del sistema sino que trabajan con el sistema".

Jorge Barón, director ejecutivo del Northwest Immigrant Rights Project, que colabora con la procuraduría en la redacción de las nuevas leyes, dice que los costos de una representación legal son altos pero inevitables, pues las leyes de inmigración "son complejas y requieren mucha capacitación y mucho tiempo".