Organizadores de las distintas marchas esperan llamar la atención para que se contemple alguna iniciativa que ofrezca una vía de legalización para los más de 12 millones de inmigrantes indocumentados que residen en Estados Unidos.

El dirigente detalló que en la planificación de las marchas de 2008 se tomó como modelo las caminatas de 2007, "donde se registraron al menos 9 marchas y nadie sabe el número exacto de personas que salieron a las calles", y que en esta ocasión "habrá sólo dos marchas que convergerán en un solo punto".

"Estamos en negociaciones. Reduciremos el número de marchas. Y este año conmemoraremos el primer aniversario de la agresión de la policía de Los Angeles cometida en 2007 en el Parque McArthur en 2007, cuando cientos de personas fueron atacadas por agentes del orden al momento que marchaban pacíficamente pidiendo al Congreso que aprobara una reforma migratoria justa y comprensiva", dijo el dirigente.

Respecto a los objetivos de las marchas del 1 de mayo, que se llevarán a cabo en Arizona, Nuevo México, Nueva York, Nueva Jersey, Illinois, Washington, Virginia, Florida, California, Ohio, Georgia, Texas, Massachussets y Washington D.C., Gutiérrez mencionó:

1. Presionaremos al Congreso para que legisle una reforma comprensiva de inmigración, que incluya una vía de legalización para los millones de indocumentados que viven en Estados Unidos.
2. Exigiremos al gobierno que detenga las redadas.
3. Rechazaremos todas aquellas propuestas de ley que nacen de la iniciativa HR 4437, que aprobó la Cámara de Representantes el 16 de diciembre de 2005 y que quedó anulada cuando se detuvo la convocatoria del Comité de Conferencia el 3 de junio de 2006. La legislación, entre otras recomendaciones, criminalizaba la estadía indocumentada y aumentaba las redadas y deportaciones).

En el marco del Fórum de Primavera de la Conferencia Nacional de Legisladores (NCSL, por su siglas en ingles), esta organización bipartidista ha presentado hoy en la capital estadounidense un nuevo informe que subraya las crecientes medidas legislativas inmigratorias emprendidas por los diversos estados del país.

"Tal y como sucedió el año pasado, -señala el informe- el creciente número de medidas inmigratorias demuestran la buena disposición de los estados a responder los asuntos que conciernan a la población en un momento en el que el Congreso no se preocupa".

Los diferentes estados presentaron 1.562 medidas legislativas sobre inmigración, 240 de las cuales se convirtieron en ley en 2007.

Por su parte, el director ejecutivo de NCSL, William T.Pound, ha señalado en un comunicado que "reconocemos los desafíos que acechan a nuestra nación en materia de inmigración".

"Es esencial que atajemos las necesidades económicas y de seguridad de los estados y sus comunidades,-ha añadido- mientras reconocemos nuestra historia como una nación de inmigrantes".

La conferencia sirvió para que legisladores de los estados de Washington y Georgia abordaran cómo equilibrar las demandas laborales locales con la necesidad de incrementar las medidas legislativas.

En esta línea se ha pronunciado la representante demócrata por el estado de Washington, Sharon Tomiko Santos, al afirmar que "en cada rincón del país, los estados están debatiendo temas de inmigración".

"Afrontando el fracaso federal para promulgar una reforma migratoria, los legisladores estatales continúan buscando soluciones a los desafíos que plantea la inmigración en sus respectivos estados", remarcó.

El informe presentado por la NCSL provee una primera mirada a la legislación introducida este año y presenta una selección de los ejemplos de las leyes aprobadas en relación con temas migratorios y de refugiados.

Según ha explicado la organización, el proceso de obtención de datos se ha basado en una "exhaustiva" y "global" metodología que reproducía toda la legislación en la que los inmigrantes -autorizados, sin documentación, temporales, refugiados y extranjeros- resultaban afectados.

El cumplimiento de las leyes encabeza la lista de proyectos de ley introducidos, con un total de 198 en 35 estados diferentes, seguido de la obtención de documentación diversa, con 192 proyectos en también 35 estados.

En tercera posición se encuentra el empleo -179 proyectos en 31 estados-, en cuarta las resoluciones -122 en 28 estados- y en quinto lugar una miscelánea de materias con 104 proyectos de ley en 31 estados.

Completan la lista las temáticas de educación, salud, el tráfico humano, los servicios legales, medidas multi-temáticas o beneficios públicos.

Cuando los miembros del comit, conformado por tres senadores y tres representantes para trabajar las diferencias de versiones aprobadas en ambas cámaras estaban a punto de votar ayer, algunos senadores abandonaron la reunión por disconformidad con el proceso.

Los representantes coinciden con los senadores en exigir a las empresas privadas revisar la situaci�n migratoria de sus trabajadores, pero discrepan en la inclusi�n de la forma I-9 como sistema de verificaci�n de elegibilidad de empleo.

Por su parte, el gobernador Mark Sanford envió un mensaje ayer a los legisladores de "urgencia" para que "dejaran de echarse la culpa" y de una vez por todas pusieran el proyecto a votación.

"Hemos creado una ley que contiene un sistema fuerte para cerciorarnos que se contrate a documentados y no podemos permitir que intereses externos manejen el proceso", afirmó Sanford en un comunicado de prensa.

El gobernador ha reiterado que la ley debe incluir el uso obligatorio del sistema federal de verificación electrónica E-Verify, que constata la validez de las licencias de conducir y seguros sociales del solicitante de empleo.

Los legisladores tienen hasta seis semanas para volver a la mesa de negociaciones y aprobar la ley para la firma del gobernador y complacer a una gran mayoría de residentes del estado que esperan algún tipo de medidas en contra de los indocumentados.

El senador Jim Ritchie, quien preside el comit conciliador, dijo que a pesar de la falta de compromiso por parte de algunos legisladores, continuará trabajando para que se apruebe la ley en esta sesión.

El año pasado, la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), cuyo director Emilio González abandonó el cargo la semana pasada, recibió 1.4 millones de solicitudes de ciudadanía por parte de inmigrantes legales residentes permanentes, el doble de 2006, entre ellas 460 mil sólo en el mes de julio.

La fuerte movilización de los inmigrantes residentes se produjo después de las marchas multitudinarias por la reforma migratoria amplia y justa de 2006 y el fracaso del debate en el Congreso, y antes de un severo y polémico incremento del precio de los trámites que pasó de 330 a 595 dólares, un aumento del 80 por ciento, sin considerar la toma de huellas digitales biométricas.

Según dijo González en reiteradas ocasiones, el alza debía dar más eficiencia a sus servicios.

Pero el resultado fue exactamente el contrario. A fines del pasado año, el director cubano-estadounidense se vio forzado a reconocer que sus servicios necesitaban 15 a 18 meses para tramitar las demandas, dos veces más tiempo que antes.

Durante la campaña presidencial de 2000, el entonces candidato George W. Bush se comprometió a que durante su mandato ningún trámite migratorio demoraría más de seis meses. Desde que asumió la presidencia en enero de 2001, las tarifas de la USCIS han sido aumentadas en al menos tres ocasiones. Historia de Inmigración en los Estados Unidos

Un estimado indica que pagan unos $9 mil millones anuales tan solo al servicio de Seguridad Social (pensiones jubilatorias), sin contar los seguros de salud para la vejez (Medicaid) y otros impuestos.

Los empleadores descuentan impuestos y aportes a todos sus empleados sin distinguir entre residentes legales e indocumentados.

Por más que el IRS no sancione de modo alguno a los indocumentados ni los denuncie al servicio de inmigración, muchas personas sin papeles no presentan una declaración de impuestos a fin de año, incluso cuando les corresponde un reembolso porque pagaron más impuestos de los que les correspondía.

Williams Ford, economista de la Middle Tennessee State University, dice que no se sabe cuántos casos de esos hay.

"La pregunta es cuánta gente paga más de la cuenta. Sin duda que hay cientos de miles de personas en esa situación", manifestó.

Muchos indocumentados optan por no usar un número de Seguridad Social al hacer su declaración de impuestos y enviar un cheque antes de que venza el plazo para estos trámites, el 15 de abril, sino que apelan a otro número que ofrece el IRS para cobrar impuestos a los extranjeros que trabajan en el país.

"Es un error pensar que ningún indocumentado paga impuestos. Lo hacen", dijo Martha Pantoja, voluntaria avalada por el IRS que ayuda a los indocumentados a hacer sus declaraciones impositivas en la organización sin fines de lucro Nashville Wealth Building Coalition.

Pantoja hizo la declaración de Eric Jiménez, un mexicano que trabaja por su cuenta haciendo todo tipo de reparaciones en Nashville desde hace varios años. Jiménez dice que considera una obligación pagar impuestos por más que "no le pase nada si no lo hace", señaló Pantoja.

"Tengo la convicción de que para ser un buen ciudadano hay que pagar impuestos", declaró Jiménez. "Además, estoy consciente de que el dinero que pago en impuestos es destinado a las escuelas y a los servicios públicos".

El Papa, que llegó el martes a Estados Unidos y hoy comenzó los actos oficiales de su visita de seis días, se dirigió a unos 400 obispos tras una breve ceremonia en el Santuario nacional de la Inmaculada Concepción en Washington.

En Estados Unidos hay unos 45 millones de hispanos, y entre 24 y 29 millones se definen como católicos. Según dos estudios recientemente publicados, los latinos constituyen ya entre el 29 y el 43 por ciento de los católicos en el país, y su proporción crece de manera imparable.

El Papa recordó además que acoger a los inmigrantes es una tradición intrínseca de Estados Unidos, como está grabado en la Estatua de la Libertad en Nueva York: "Las masas que se agolparon anhelando respirar libertad".

"Estas fueron las personas que formaron Estados Unidos", sentenció.

La convocatoria para la recepción de los proyectos culminará el 21 de abril, aunque la Feria del Desarrollo se extiende hasta el 31 de julio.

La Feria del Desarrollo es un concurso de donaciones, patrocinado por el Banco Mundial en alianza con diversas entidades auspiciantes, que identifica y financia proyectos que sean innovadores y tengan grandes posibilidades de causar un impacto positivo en el desarrollo.

Se puede buscar información local en www.feriadeldesarrollo.ec

Este certamen se inició hace más de una década (1998) como una competencia mundial y año tras año ha incorporado múltiples ediciones de escala nacional y regional. En Ecuador se inició el año pasado con el tema la Juventud construye al Ecuador.

La Feria del Desarrollo busca apoyar las iniciativas innovadoras provenientes de la sociedad civil en una amplia gama de temas que varían cada año según las diversas prioridades del lugar donde se realiza.

Pueden participar organizaciones de la sociedad civil, en asociación con agrupaciones o asociaciones de ecuatorianos o bolivianos que sean migrantes emisores de remesas o familiares de migrantes receptores de remesas.

Actualmente existe una gran debate entre los dueños de negocios y los impulsores de medidas más severas en contra de la inmigración ilegal, sobre si los requisitos de verificación de estatus migratorio aplica a todos los empleados o solamente a las nuevas contrataciones.

Bajo la ley estatal, todos los empleadores deben utilizar el programa federal "E-verify" para comprobar que el solicitante es elegible para trabajar en EEUU.

La maniobra del Ejecutivo estadounidense supone el uso más importante de exenciones legales desde que la administración Bush comenzó a construir las vallas fronterizas.

Con anterioridad, el Departamento de Seguridad Nacional había hecho uso de esa posibilidad legal para dos partes de las vallas en Arizona y para un recorrido en San Diego.

“La actividad delictiva en la frontera no se paraliza por los debates eternos y litigios prolongados”, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, en un comunicado. “Esas exenciones legales permiten seguir importantes proyectos de seguridad”, anotó.

A fecha de 17 de marzo, EE.UU. había construido 500 km de vallas fronterizas, con lo que dejó 581 km de cercas para ser levantadas este año.

La operación fue resultado “de los trabajos de inteligencia, gabinete y campo” realizados por policías federales y de otras dependencias, indica la nota, que no especifica la fecha exacta en que se realizó.

Al parecer, el hallazgo de los inmigrantes indocumentados se produjo gracias a una investigación a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) que condujo a la vivienda.

La ciudad de Puebla, a unos 120 kilómetros al sureste de la capital mexicana, es uno de los puntos de paso de los miles de centroamericanos que cada año entran a México por la frontera sur del país, limítrofe con Guatemala y Belice, en su camino hacia Estados Unidos.

De acuerdo a un informe de la campaña, llamada Clean, por sus siglas en inglés, muchos de estos trabajadores perciben menos del salario mínimo de California, $ 8 por hora, laboran entre 40 y 50 horas por semana durante el verano, y algunos solo trabajan por propinas. Esto pese a que cada negocio de este tipo en el sur de California tiene un ingreso promedio anual bruto de casi $ 1 millón, agrega el informe.

Pero la situación de los trabajadores, la mayoría de ellos latinos, inmigrantes documentados e indocumentados, es el lado oscuro de esta industria, sostuvieron los sindicalistas.

Esta industria trabaja literalmente en la sombra de la economía, dijo María Elena Durazo, secretaria ejecutiva de la Central Sindical del Condado de Los Ángeles, que agrupa más de 300 sindicatos. Durante mucho tiempo, los dueños de lavados de autos han trabajado en la oscuridad, violando leyes laborales y de salud y seguridad.

Por ello, los trabajadores están luchando por formar, sin interferencia, un sindicato para mejorar el estándar en la industria, dijo Dave Campbell, secretario tesorero del Gremio Unido de Trabajadores Acereros. La Asociación de Lavados de Auto en el Oeste, agrupación especializada en este negocio, no dio su versión al respecto.

En el condado de Los Ángeles existen cerca de 430 negocios de lavados de autos, más que en ninguna otra área metropolitana de Estados Unidos.

Muchos trabajadores como José Torres, mexicano de 29 años, aseguran que los hacen laborar sin guantes ni mascarillas de protección al usar químicos tóxicos, como ácidos o jabones fuertes.

Utilizando un soplete, los también llamados coyoteros perforaron en el muro una puerta rectangular lo suficientemente grande para que pasara una camioneta, y luego la cerraron con un candado para usarla a su antojo, según un reporte de la policía fronteriza.

Los aspirantes a la Casa Blanca, el republicano John McCain y los demócratas Barack Obama e Hillary Clinton, han prometido reforzar la seguridad de la frontera. Pero las dificultades para lograrlo quedaron descubiertas la semana pasada, cuando Ralph Basham, comisionado de aduanas y protección de fronteras, dijo que el gobierno no logrará cumplir su meta de tener un “control operacional” en la frontera antes del 2011.

Se cree que las medidas actualmente en marcha para levantar 1.070 km nuevos de muro en la frontera redujeron el año pasado los arrestos desde 1,1 millones a 870 mil. No obstante, los traficantes tratan –en algunos casos con éxito– de abrir otras brechas ante cualquier obstáculo en su camino.

Postes macizos de acero han sido enterrados en varias zonas para impedir el flujo de vehículos hacia el norte, pero los ‘sin papeles’ superan las barreras utilizando escaleras hechas a la medida en talleres mexicanos clandestinos, según la policía. Otros usan destornilladores para escalar el nuevo muro de 4,3 m de alto, cuya malla impide meter por completo un puño, pero que tiene pequeños espacios libres.

En los cruces en California los inspectores encontraron recientemente a menores ocultos dentro de piñatas selladas con papel maché, y el mes pasado hallaron a dos mujeres dentro de un compartimento del motor de una camioneta pick up por Calexico, California.

Justamente San Toribio se ha convertido en el santo de los inmigrantes indocumentados, como un testimonio de la fe de los que buscan una vida mejor.

"Es común encontrarnos imágenes de la Virgen de Guadalupe y de otros santos en las rutas utilizadas por los inmigrantes a través del desierto", dijo el reverendo retirado John Fife, fundador de la organización No more deaths (No más Muertes), cuyos voluntarios recorren cada verano el desierto para dar agua y comida a los indocumentados que encuentran a su paso.

"Los inmigrantes indocumentados tienen que enfrentar lo desconocido, y la ansiedad, porque cada inmigrante que cruza el desierto de Arizona sabe sobre las muertes, y saben del sufrimiento, por eso traen consigo la imagen de la Virgen de Guadalupe, la madre y protectora de aquellos que sufren y de los desamparados", agregó Fife.

San Toribio Romo, mejor conocido como el "Santo de los Mojados", es otra imagen a la que se encomiendan los inmigrantes para cruzar la frontera y al que piden no ser víctimas de los asaltantes, ser "agarrados" por la migra o, en el peor de los casos, morir a consecuencia de las altas temperaturas del desierto de Arizona.

Cuenta la historia que durante el periodo conocido como "la guerra cristiana" de 1926 a 1929, el gobierno mexicano arremetió en contra de la Iglesia Católica por su oposición a las leyes anticlericales de la nueva Constitución.

Muchas iglesias fueron cerradas y se prohibieron las misas, varios sacerdotes fueron perseguidos, torturados y asesinados, entre ellos el joven sacerdote Toribio Romo González.

En el año 2000, Toribio Romo fue canonizado por el Papa Juan Pablo II.

"Hemos escuchados relatos de inmigrantes que aseguran haber visto al Santo Toribio en sus momentos mas difíciles", dijo Fife quien trae consigo una imagen de este santo.

"La fe de las personas forma parte de sus vidas, cuando enfrentan lo desconocido y lo adverso. Lo vemos en el inmigrante que antes de subirse a la camioneta que le llevará a la frontera se santigua y se dice a sí mismo que sea lo que Dios quiera", agregó.

Es común que del cuello de los inmigrantes cuelgue un rosario o una cadena con la imagen de Cristo o de la Virgen de Guadalupe.

"Entre los inmigrantes hay un gran respeto por la muerte", dijo Javier Duran, profesor de español y portugués en la Universidad de Arizona.

El académico afirmó que se han escrito múltiples libros que documentan esa relación entre el inmigrante indocumentado y los peligros que enfrenta al cruzar la frontera.

Durán destacó que muchos inmigrantes, particularmente los centroamericanos, desconocen la magnitud del desierto, algo que incrementa los peligros de muerte.

En el centro de la ciudad de Tucson se encuentra un lugar conocido como "El Tiradito" que se ha convertido en una capilla improvisada al aire libre donde los indocumentados que han logrado "cruzar" la frontera acuden a prender una veladora (vela) para dar las gracias.

También se acercan a este lugar familiares de aquellos que intentarán el "cruce" para pedir la protección de los santos para su ser querido.

Veladoras, fotografías, flores de tela y mensajes escritos en papeles muestran la importancia de la fe para los inmigrantes indocumentados.

"Cuidado virgencita y tráelo con cuidado", señala uno de los mensajes dejados de forma anónima en "El Tiradito".

El centro vacacional Stowe Mountain, de Vermont, por ejemplo, depende habitualmente de unas dos docenas de trabajadores extranjeros de temporada como instructores de esquí. Pero no es así este año. Stowe tuvo que apelar a un ''reclutamiento intensivo'' para su escuela de esquí, dijo la directora de recursos humanos Julie Frailey.

Los centros de esquí están entre los primeros entre varios negocios de temporada en la nación que sienten los efectos de un cambio en la ley federal que reduce el número de visas para trabajadores extranjeros en ocupaciones temporarias o de temporada.

Hoteles, restaurantes, procesadores de mariscos y compañías de jardinería están preocupadas de no poder llenar los puestos para los que, según dicen, no encuentran estadounidenses dispuestos a ocupar.

''La ocasión no podía ser peor'', se quejó Parker Riehle, de la Asociación de Esquí de Vermont, y señaló que diciembre fue un mes muy activo con mucha nieve.

Antes de entrar en receso el año pasado, el Congreso no renovó una ley que permitía a los trabajadores extranjeros que habían venido a Estados Unidos en los tres últimos años regresar para una nueva temporada sin contar para el límite anual de esa categoría.

La campaña para renovar la exención para los trabajadores quedó cautiva en la lucha más amplia en torno de la reforma a la inmigración. Legisladores importantes se resistieron a la renovación a menos que formase parte de un amplio plan de reforma inmigratoria.

El número de visas H-2B para trabajadores de temporada y temporales, en actividades no agrícolas, tiene un límite anual de 66,000. A medida que el programa se fue haciendo más popular, el Congreso en los últimos años había aprobado extensiones que exceptuaban de ese límite a los trabajadores que retornaban al año siguiente.

La más reciente extensión expiró el 30 de septiembre. Eso cerró el número de visas H-2B en 33,000 para el primer semestre del año fiscal 2008, menos de la mitad de las visas emitidas para el mismo período un año antes. Se expidieron 71,000 visas H-2B para el primer semestre del año fiscal 2007, incluyendo unas 38,000 para trabajadores que retornaban.

Diez de las 19 zonas de esquí de Vermont dependen de trabajadores extranjeros de temporada. En los inviernos recientes, los centros de esquí han empleado unos 700 trabajadores con visa H-2B, dijo Riehle. Representan un 8% de los 9,000 empleados en centros de esquí en el estado.

''Para completar el personal de temporada, realmente se han convertido en una necesidad'', agregó.

Nick Bohnenkamp, de Ski Country USA, una asociación de la industria, dijo que los 26 centros de esquí y deslizadores de nieve usan habitualmente unas 3,000 visas H-2B por año. La mayoría de los centros recibió la mayor parte de las visas que deseaba este año, dijo, pero algunas zonas de esquí han tenido que lidiar con escasez de personal.

''Han sentido el impacto'', afirmó. ''También diría que han sido capaces de salir adelante con los trabajadores que tienen''.

Las actividades de temporada aparte de los centros de esquí también necesitan llenar sus puestos de trabajo para el verano.

''Nos llaman asustados'', dijo Wendy Northcross, de la Cámara de Comercio de Cape Cod. ''Aquí no tenemos meganegocios. Tenemos mayormente negocios pequeños que ganan mucho dinero durante el verano y luego viven con eso el resto del año''.

De 5,000 a 6,000 trabajadores vienen cada verano a Cape Cod con visas H-2B, y muchos de ellos son trabajadores que regresan, agregó Northcross. Al igual que muchos empleadores, Northcross se muestra escéptica de que el Congreso solucione el problema.

''La probabilidad de tener una reforma migratoria significativa en un año de elección presidencial es prácticamente nula'', conjeturó.

Los empleadores no pueden solicitar visas hasta 120 días antes de que el empleado empiece a trabajar. Los negocios habitualmente se encargan de gran parte del papeleo y pagan las cuotas en nombre de los trabajadores. Los empleadores tienen que suministrar pruebas al gobierno de que no pueden contratar estadounidenses para esos empleos.

William Zammer, presidente de Cape Cod Restaurants Inc., que emplea a unos 400 trabajadores en Cape Cod durante la temporada veraniega, dijo que depende de 103 trabajadores de Jamaica cada verano para llenar puestos de camareros, cocineros y mucamas. Algunos de ellos ganan 800 dólares o más por semana, dijo.

''Es el asunto más importante que tengo entre manos'', dijo Zammer. ''Tengo que encontrar a 103 personas''.

Fred Haskett, socio gerente de una empresa de jardinería en la zona de St. Louis, esperaba usar unas dos docenas de trabajadores con visas H-2B. Ahora piensa reducir su actividad.

Una disposición para expandir el programa H-2B y decretar permanente la excepción a los trabajadores que retornan era parte del proyecto de reforma inmigratoria que fracasó en el Congreso el año pasado. La senadora demócrata Barbara Milkuski también promovió infructuosamente una extensión de esa exención. Todavía sigue presionando en ese sentido.

Pese a apoyar el programa de visas H-2B, el Grupo Hispano en el Congreso objetó la extensión porque deseaba que la cuestión fuese incluida en un proyecto migratorio más amplio. El grupo se preocupó de que un enfoque detallista pudiese diluir el apoyo a una reforma migratoria amplia.