Los inmigrantes que podrán votar serán "aquellos que tengan residencia estable (...) que lleven un periodo importante en nuestro país", agregó Blanco.

"Votarían en las municipales siguientes si así lo acuerda el Congreso, de acuerdo a la reciprocidad con sus países de origen", añadió.

Dijo que la cantidad de años que los inmigrantes deberán tener como residentes será de dos o tres, y cree que es una medida "que puede generar un consenso social amplio".

El Gobierno intentará que las elecciones en las que se implemente esta medida sean las del 2011, y se calcula que serían dos millones los inmigrantes que podrían votar mediante esta normativa.

El Partido Socialista celebra a partir del viernes en Madrid su 37 Congreso.

El citado proyecto defendido por Francia que el martes asumió la presidencia semestral de la Unión Europea (UE), aboga por un endurecimiento de la política europea en el ámbito migratorio y busca establecer reglas comunes a los 27.

Hortefeux no brindó precisiones sobre el tenor del compromiso alcanzado en estas reuniones en las que participaron el ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos y su homólogo de Trabajo, Celestino Corbacho.

Las discusiones entre Francia y España acerca del Pacto sobre Inmigración impulsado por París, tropezaban con las regularizaciones masivas, como la que hizo Madrid en 2005, criticada por su vecino galo y por otros países europeos y con el contrato de inmigración.

El texto "enriquecido por los aportes de otros Estados" debería ser presentado el lunes a los ministros europeos del Interior y de Justicia que se ruenirán en Cannes (sur de Francia), precisó Hortefeux.

Francia espera que la cumbre europea del 15 de octubre adopte este proyecto que contiene la concepción en materia de inmigración del presidente francés, el conservador Nicolas Sarkozy.

El texto privilegia la inmigración laboral y la lucha contra la inmigración clandestina en detrimento de la reunificación familiar.

El texto es apoyado por la Subsecretaría de Servicios Consulares de la Cancillería ecuatoriana, el Ministerio de Trabajo y Empleo, la Embajada de España y gobiernos locales, y trata la importancia de la gestión y administración de las migraciones para la gobernabilidad migratoria, en la que los intereses, derechos y deberes de los emigrantes e inmigrantes tengan garantías. La migración aumentó en Ecuador en 1990, a raíz de la crisis financiera.

Las cifras futuras no son alentadoras, España se convertirá el año próximo en el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con la mayor tasa de paro, el 10,7%, debido a una severo estancamiento en la creación de puestos de trabajo, lejos del 6% de media de los 30 países miembros, según las previsiones del informe anual de Perspectivas del Empleo, publicadas ayer por diario El País.

El paro en España, que partía de un punto bajo del 8,3% el pasado año -la cuarta más alta de toda la organización-, va a progresar en el 2008 al 9,7% (2,2 millones de personas) para subir un punto porcentual suplementario el próximo ejercicio (2,5 millones).

Respecto a las cifras actuales de desempleados, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega dijo que nadie quedará abandonado a su suerte.

El Ministerio de Trabajo invirtió el año pasado 116 millones de euros (183 millones de dólares), en el pago del subsidio por desempleo para inmigrantes, apenas un 8,4% del gasto total. Sin embargo, el temor a la coyuntura económica adversa llevó al gobierno a preparar un proyecto para frenar el desempleo entre los inmigrantes.

Conocido como el Plan de retorno voluntario, será presentado en septiembre y pretende incentivar el regreso de extranjeros desempleados a sus países de origen adelantándoles el pago del subsidio que les corresponda. Unas 30.000 personas se acogerían a esta medida.

La mayoría de estas personas perdieron su empleo en la construcción, un sector que fue el motor de la economía española en la última década y que, actualmente, está en crisis.

En España residen 4,5 millones de extranjeros de forma legal y muchos encontraron trabajo en la construcción.

Otro ecuatoriano, en cambio, optó por cambiarse de Barcelona, su lugar de residencia, con la finalidad de mejorar su situación económica. Este inmigrante, que prefiere omitir su nombre, explica que trabaja desde el 2002 como empleado de una compañía de mudanzas cuya sede se encuentra en esta urbe española. “A mí me gusta Barcelona, pero es una ciudad extremadamente cara. Hace un año, cuando la empresa abrió la sucursal en Zaragoza, pedí que me trasladaran a esa ciudad”.

“Las diferencias son notables. En Barcelona, una barra de pan cuesta casi un euro ($ 1,59), mientras que en Zaragoza la compro en 0,50 euros ($ 0,80). El costo de la vida es más barato en Zaragoza”, agrega.

Precisamente la alta movilidad de los extranjeros es lo que destaca el informe anual del Servicio Público de Empleo Estatal, en el cual se puntualiza que el pasado año, el 21,1% de todos los contratos hechos en España fueron firmados por trabajadores extranjeros. En concreto, son 3,9 millones de contratos, de los que una cuarta parte se formalizó con marroquíes, y en términos absolutos los mayores incrementos se registraron entre los ecuatorianos y rumanos.

El informe detalla que las ocupaciones económicas con un mayor número de contratos a trabajadores extranjeros son “otras actividades empresariales”, “construcción”, “hostelería” y “agricultura”. Entre las cuatro acumulan el 75% de la contratación.

Las ocupaciones en las que se registran más contratos a extranjeros son personal de limpieza, peones, albañiles, y camareros. No obstante, en las que se produce más movilidad son entre los trabajadores agrícolas, del hormigón y ferralla (cerrajería).

Según ese informe, la tasa de movilidad de los trabajadores extranjeros en España es superior a la de los españoles. Los flujos más importantes de trabajadores extranjeros se producen en las provincias mediterráneas y en el centro, concretamente destacan los existentes entre Murcia, Alicante y Almería, en ambos sentidos. Otro eje de desplazamientos está entre Barcelona con Tarragona, Girona y Valencia, siendo Barcelona el punto de destino principal.

Entre los extranjeros que trabajan en España, la tasa de movilidad interprovincial es del 17,3% frente al 11% de los españoles, señala el informe.

Las zonas en las que se concentra el mayor número de residentes extranjeros son Madrid, Barcelona, el litoral mediterráneo y los dos archipiélagos.

En cuanto al análisis de la población extranjera que se encuentra en Madrid y Barcelona, ha de señalarse que el peso de la población de origen europeo es inferior a la de otras zonas del territorio español, por lo que existe un mayor peso de los nacionales procedentes de terceros países, principalmente marroquíes e iberoamericanos. La mayor concentración de capital y actividad económica, sin duda, contribuye a que el colectivo de extranjeros en ambas ciudades sea el más importante.

En Andalucía el número de residentes extranjeros es de 109.129, es decir un 13,62 por ciento del total, sin que este porcentaje haya sufrido variaciones importantes durante los últimos años. La distribución a lo largo del territorio andaluz pone de manifiesto grandes contrastes entre el interior y la zona costera.

En el litoral andaluz, Málaga es la provincia que aglutina un mayor número de residentes extranjeros, con el 48,66 por ciento del total de extranjeros. En esta provincia destaca la presencia de un colectivo importante de ciudadanos británicos.

Distinto de Málaga es el caso de la siguiente provincia andaluza con mayor número de residentes extranjeros, que es Almería, en la que destaca la primacía del colectivo de ciudadanos marroquíes sobre las restantes nacionalidades. La importancia de la actividad agrícola en esta provincia es un polo de atracción para trabajadores inmigrantes.

En la zona del levante, haciendo excepción de Barcelona, hay una mayor presencia de extranjeros en Alicante, Girona, Valencia, Tarragona y Murcia.

Podríamos afirmar que esta zona es la que presenta, tras Madrid y Barcelona, una mayor tasa de extranjeros en cuanto al total de la población existente. Como un polo importante sobresale Alicante, con 51.895 residentes extranjeros.

Los extranjeros que se encuentran en la zona mediterráneo-levantina son básicamente nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, seguidos de los marroquíes. La actividad del sector servicios y agrícola en esta zona sirve de justificación a la presencia de estos extranjeros.

En los archipiélagos canario y balear se encuentra el 13,39 por ciento del total de residentes extranjeros, con una mayor presencia en Canarias (68.347 residentes) que en Baleares (38.959 residentes).

En estas dos zonas se concentra la mayor parte de extranjeros por cada 1.000 habitantes, siendo del 41,93 por mil habitantes en Canarias y del 48,91 por mil habitantes en Baleares, mientras que la media nacional es del 20,11 por mil habitantes.

En Canarias y Baleares predominan las personas procedentes de países de la Unión Europea, siendo más evidente en Baleares.

En Canarias hay que señalar como otros colectivos, tradicionalmente vinculados a esta Comunidad autónoma, como el indio, o las personas procedentes de Venezuela.

No obstante, la menor importancia cuantitativa del fenómeno migratorio no debe llevar a restar protagonismo a esta realidad, ya que su trascendencia es evidente en el momento actual y todavía lo será aún mayor en el futuro, dadas las distintas vertientes desde la que debe ser analizado.

Desde 1981, año en que el número de extranjeros residentes en España era de 198.042, hemos pasado en 1999 a 801.329, lo que estudiando las cifras de cada uno de los años que conforman este período nos lleva a la conclusión de que el crecimiento ha sido constante, con mínimas oscilaciones, salvo alguna, como la derivada del proceso de regularización de 1991, que incrementó en un número importante el total de residentes extranjeros en nuestro país.

De forma más concreta y tomando como referencia los dos últimos años podemos observar que el incremento en el número de residentes extranjeros ha sido de 81.682, lo que supone un 11,35 por ciento respecto del total de 1998.

El número de residentes extranjeros, nacionales de terceros países, se ha incrementado durante el año 2000 como consecuencia del proceso de regularización. El número total de solicitudes presentadas en este proceso ha ascendido a 246.089, de las que se han resuelto favorablemente 137.454.

Del número total de residentes extranjeros en el AÑO 1999, 382.955 se encuentran en el denominado régimen general, que es el aplicable a los nacionales de terceros países. Este colectivo viene creciendo durante los últimos años, de forma que durante 1999 su incremento ha sido del 13,06 por ciento.

El total de residentes extranjeros en régimen comunitario (nacionales del Espacio Económico Europeo, sus familiares y los de españoles), que asciende a 418.374 ha crecido durante el último año un 9,83 por ciento respecto del anterior. Sin embargo, este aumento supone la confirmación de la tendencia a un mayor crecimiento del régimen general para los próximos años respecto del régimen comunitario.

Por lo que se refiere al número de extranjeros en situación irregular, del análisis de las cifras de expulsiones y devoluciones se observa que durante 1999 se dictaron 20.103 resoluciones de expulsión de extranjeros y fueron devueltos 16.928.

Las zonas de las que proceden mayoritariamente estos extranjeros en situación irregular son, en primer lugar, el norte de África (Marruecos y Argelia), a continuación de países iberoamericanos (Colombia, Ecuador, y República Dominicana), de países del Este de Europa (Rumania, Ucrania y Polonia), y finalmente de algunos países asiáticos (China), lo que coincide con las zonas de las que proceden los grupos más importantes de nacionales de terceros países que residen en territorio español.

Y lo peor de todo es que me preguntaban por el "dinero". Luz Marina no puede viajar a su país porque, al estar irregularmente en España, si sale, no podrá entrar. La mensualidad de 400 euros a sus hijos, de los que se separó cuando tenían diez y cuatro años, forma parte de los más de 7.500 millones transferidos por los inmigrantes en España a sus familias el pasado año.

La mayoría de las mujeres separadas de sus esposos e hijos por la inmigración sufre las dolorosas consecuencias de una lejanía y un reagrupamiento que tarda en llegar, o fracasa porque los miembros de la familia ya no se aceptan, ni se reconocen. Apenas hay estadísticas sobre un fenómeno que se sufre calladamente, sin registro demoscópico.

Las mujeres latinoamericanas abrieron el camino en España en condiciones penosas: cuidan hijos ajenos y sufren el distanciamiento de los propios. Durante el arduo proceso hacia la regularización, numerosas mujeres perdieron al marido, que las olvidó o se emparejó de nuevo en Quito, Cali o Santo Domingo.

Muchas veces el dinero de las remesas se agota en dispendios, proyectos irresponsables o estafas. "No sabe la cantidad de mujeres que salen llorando del locutorio y tengo que consolar. O es el marido, o los hijos, o la madre o el dinero, pero siempre problemas", resume el encargado de un locutorio en el distrito madrileño de Ciudad Lineal. Muchas pierden el trabajo y acaban en la prostitución, una actividad que ocultan a sus familias. El 80% de las 300.000 mujeres que se prostituyen en España, según estimaciones, son extranjeras en situación irregular, y por tanto más expuestas a los abusos.

España cuenta con 1.700.000 mujeres inmigrantes, con una media de 34 años de edad, el 80% de ellas empleadas en el servicio doméstico, el comercio y la hostelería, según datos oficiales. El 54,2% de la inmigración latinoamericana es ahora femenina, pero hace seis años representaba casi las dos terceras partes, de acuerdo con un estudio del Fondo de Naciones Unidas para la Población.

"Son mujeres a las que se exige y que se exigen adaptarse a los tiempos, a los ritmos, a las demandas y a las necesidades de los otros", señala Gema de Cabo, jefa de proyectos del Centro de Estudios Económicos Tomillo (CEET). "Sus intereses, sus necesidades, sus sentimientos, como mujer o como persona quedan en segundo término", añade.

Muchas no encuentran sentido a su presencia en España, se arrepienten de haber venido, viven solas y tristes, y creen que su trabajo no les permitirá alcanzar sus sueños. "Son mujeres que se sienten cada día más lejos de los suyos, atrapadas y sin futuro: ni en su país, ni en España", resalta De Cabo.

La vulnerabilidad emocional y la sensación de desamparo son tan intensas, que Sandra, una inmigrante ecuatoriana, se dejó embarazar por un pelanas para tener un hijo y mitigar su soledad. A los tres meses, lo pensó mejor y abortó. "Quiero volver a Ecuador para ganarme el cariño de mi hija, aunque quizás no lo consiga", se lamenta. Quiere volver, pero no sabe cuándo, ni a qué.

La presidenta de la Asociación Hispano-Ecuatoriana Rumiñahui, Dora Aguirre, conoce bien el drama, causado por las fuertes presiones psicológicas y emocionales a las que están sometidas las mujeres de la inmigración. "Nuestras vidas, sociales, familiares, de pareja, están rotas, y nuestros códigos de asimilación de la nueva realidad que vivimos están sometidos a una constante evolución", subraya. "Y en estos casos, las circunstancias laborales en que nos encontramos inmersas son criminales. Hay casos de internas que se han suicidado, y mujeres que sufren profundas depresiones, ansiedad, bulimia y anorexia".

Hijos que ya no quieren vivir con sus padres, parejas rotas, y mujeres que han cambiado su personalidad en España: se han hecho más libres. El desarrollo de esa individualidad, sin embargo, entra en colisión con el secular machismo del esposo. En muchos casos, el desencuentro acaba en violencia. Un total de 99 mujeres, 28 de ellas extranjeras, fueron asesinadas el pasado año en España, según un informe sobre muertes violentas en el ámbito doméstico y de género. La mitad de las mujeres que denuncian maltrato son extranjeras en algunas comunidades, entre ellas La Rioja.

La entrada en colisión responde a que la mujer inmigrante es autónoma, tiene un empleo e ingresos propios y ya no depende de su pareja, mayoritariamente machista. En muchos casos mantiene a toda la familia. "El hombre no lo acepta bien y ahí se produce un deterioro de las relaciones y frecuentemente el maltrato", agrega Aguirre.

El formato es éste: el esposo llega a Madrid, Barcelona o Málaga después de años de separación y se topa con una esposa menos sumisa, menos dispuesta a aguantar los gritos, la bebida y las infidelidades. En ocasiones, la esposa mantiene relaciones con otro compatriota o con un español. Pero hasta el reencuentro, bueno o malo, los maridos e hijos esperan el dinero de España como agua de mayo.

"Yo quiero lo mejor para ellos, pero no dejan de pedir. El otro día tuve una gran bronca con mi hija adolescente porque no quiero mandarle dinero para un ordenador y un móvil. Hay otras necesidades más urgentes", señala la paraguaya Elvira, empleada en el servicio doméstico. Es otro de los daños colaterales: cuentan con más dinero que sus amigos, cuyos padres en Asunción pueden ganar 300 o 400 euros al mes. El 40% de los habitantes de la región vive en la pobreza.

Rosa Peris, directora del Instituto de la Mujer, constata que aumenta el número de mujeres protagonistas de proyectos migratorios autónomos para mejorar sus condiciones de vida "y aliviar las formas de control social tradicionales, y que no quieren reproducir los modelos de vida de las mujeres de su entorno, que quieren estudiar y ejercer una profesión". Son mujeres pioneras que pagan cara su emancipación.

La escritora argentina Cristina Civale, autora de varios trabajos sobre exclusión, violencia e inmigración cita las violaciones de los derechos humanos causados a muchas empleadas domésticas, con trabajos que exceden sus funciones: "Se enfrentan a la paradoja de estar junto a unos niños extraños ganando dinero para sus propios hijos, que en el 70% de los casos vive todavía en los países de origen, y a los que no pueden ver muchas veces por años".

Noelia, de 40 años, doméstica sin contrato, sabe lo que es sufrir. "Mientras comía la señora, yo tenía que estar de pie, junto a ella, por si acaso necesitaba algo. Y no me dejaba ducharme todos los días. Y cuando no podía dormir, tenía que sentarme en su cama tomándole la mano".

Noelia comentó a los hijos de la señora, de unos 70 años, el trato que recibía, pero no le hicieron mucho caso. "No te preocupes. A veces es un poco rara, pero no es mala". Un día Noelia, se hartó, cobró la mensualidad, y después se metió en la bañera y disfrutó del baño y del agua caliente durante una hora. "La vieja pegaba en la puerta para que saliera, pero no le hice caso. Fue una pequeña venganza", recuerda.

No tardó en buscar otro trabajo. Una vez que consiguió legalizar su situación, se trajo de Ecuador a su marido y a sus dos hijos, y con los cuatro sueldos compraron un piso. "Mi marido es un poco machista, pero lo quiero y le aguanto. Ya no bebe tanto como antes. Espero que poco a poco vaya cambiando". Algunas parejas consiguen la deseada conciliación, pero otras sucumben en el intento.

En España, el Congreso de los Diputados estudia una proposición de Ley del Senado denominada “Medidas para la lucha contra la inmigración”, en la cual se pueden ver apartados en los que se proponen normas como:

- Impedir inscripción en el padrón municipal de extranjeros sin permiso de residencia. Esta medida quitaría el derecho a asistencia sanitaria, aunque sí se podría hacer uso del servicio de urgencia.

- Suprimir el permiso de residencia por arraigo laboral. La propuesta indica que con el arraigo se comete una doble infracción: contratación clandestina y situación irregular del extranjero.

Otros de los puntos a destacar de la propuesta de ley es suprimir el visado para búsqueda de empleo y ampliar de uno a tres años la obtención de la nacionalidad española en caso de matrimonio. También se hace referencia a incrementar el plazo de internamiento hasta 70 días.

- Por su parte, el Parlamento Europeo también ha hecho una propuesta que de ser aprobada podría prorrogar hasta 18 meses el internamiento de extranjeros en situación irregular, mientras se llevan a cabo la expulsión.

Por todas estas posibles normas contra la inmigración clandestina, en Madrid varias asociaciones se han unido para manifestarse en contra de que estas leyes se aprueben. Asociaciones como SOS Racismo Madrid, CEAR, AC-COIN, Centro Uruguayo de Madrid, Apdhe, Ferine, Cedehu, USO, y Acsur-Las Segovias, coincidiendo con el Día del Migrante, el 18 de diciembre, entregaron un escrito en el Congreso de Diputados dirigido al Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para que se validara el convenio de la ONU que protege a los trabajadores extranjeros.

“La situación de los inmigrantes es cada vez peor” afirmaba Esteban Cancelado, vicepresidente de Ferine (Federación estatal de asociaciones de inmigrantes y refugiados en España).

Los 27 jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea también han impulsado unas medidas para una política global de inmigración.

El gobierno español está muy a favor de estas nuevas proposiciones, entre las que están facilitar la entrada de los inmigrantes altamente cualificados a través de la llamada Tarjeta Azul, que mejoraría notablemente las condiciones de los trabajadores extranjeros en la Unión Europea, o imponer sanciones a los empresarios que contraten inmigrantes ilegales. Los mandatarios europeos han coincidido en que estas medidas deben estar en marcha, a más tardar, a finales del 2008.

La dirección del PP, que inició la legislatura denunciando que las reformas amenazaban la estructura del Estado, cambió su posición en 2006 cuando Javier Arenas pactó con el presidente de la Junta de Andalucía, el socialista Manuel Chaves, la reforma del Estatuto por "temor a quedarse aislado", según Chaves. Antes, Francisco Camps, presidente de la Comunidad Valenciana y del PP de esa región, pactó con el PSOE la reforma del Estatuto valenciano. Miguel Sanz, presidente de Navarra y líder de UPN, la marca del PP en esa comunidad, respeta las reformas abordadas por otras comunidades y pide que se respete la foralidad navarra.

Jordi Sevilla, ministro de Administraciones Públicas desde abril de 2004 a julio de 2007, sostiene que "el Estado de las autonomías ha entrado en su mayoría de edad", pues "en la reforma de los estatutos de esta legislatura la iniciativa ha partido de sus Parlamentos". Sevilla, como el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Fernando Puig de la Bellacasa, cree que su principal deficiencia es la falta de iniciativas comunes, de puntos de encuentro entre autonomías y con el Estado. Sevilla reivindica el papel del Gobierno central en esta legislatura como garante de la igualdad en sanidad y asuntos sociales, y ve necesario reforzar la supervisión de los pactos con las autonomías.

- ¿Eran necesarias las últimas reformas? El presidente de la Generalitat, José Montilla, no lo duda porque, tras 30 años de vigencia del Estatuto, en la campaña de las elecciones catalanas de 2003 todos los partidos, menos el PP, llevaron en su programa la reforma del Estatuto.

Chaves admite que tomó la iniciativa de reformar el Estatuto andaluz cuando consideró irreversible que nacionalistas vascos y partidos catalanes iban a reformar sus estatutos. "Hubiera sido un error estratégico quedarse fuera y que el PP atacara un proceso irreversible". El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda (PSOE), admite que las reformas no eran "un clamor" en la calle, pero "tampoco lo son las reformas de leyes necesarias que son responsabilidad de los gobernantes".

- ¿Para qué han servido? Montilla destaca la federalización del modelo autonómico, el fortalecimiento competencial del autogobierno, la mejora de la financiación, la superación del déficit inversor y el reconocimiento de la realidad nacional de Cataluña. Pero admite que no ha logrado todas sus metas al quedar fuera ERC y PP. Cree que el PP acabará asumiendo el Estatuto, pero para ello tendrá que cambiar. Chaves añade el catálogo de derechos de las autonomías. Y Barreda cree que la reforma era acuciante en Castilla-La Mancha porque "los legisladores no esperaban una evolución tan intensa del autogobierno".

- ¿Va a ser más difícil gobernar España? Montilla admite que la gobernación "será más compleja, como esta sociedad global, que toma muchas decisiones en Bruselas. No podemos utilizar esquemas de hace 30 años ¿Quién iba a decir que el Ejército español, en misiones exteriores, iba a ser dirigido por extranjeros y que la peseta iba a ser sustituida por el euro, y que desaparecerían las fronteras?". Montilla agrega que "ni España se rompe ni es menos gobernable. Lo que se ha roto es la idea de España del PP. Pero la España autonómica es irreversible porque produce más estabilidad, crecimiento y bienestar".

Barreda dice que con "las reformas habrá que dialogar más, lo que no gusta al PP, que añora el ordeno y mando del centralismo". Chaves asegura que "la derecha nunca ha creído en las autonomías y se ha visto forzada a entrar con retraso".

- Errores del proceso. Chaves detecta un fallo en el Estatuto catalán: "No se tenía que haber comprometido un porcentaje fijo de inversión del Estado, aunque fuera temporal. Es fuente de problemas". También cree que el debate del Estatuto en Cataluña dañó el proceso de reformas. "ERC quiso dar un salto excesivo porque se abrieron unas expectativas que ya se sabía que no podían cumplirse", opina.

- Cambios pendientes. Montilla destaca el despliegue del Estatuto, el reforzamiento de la cooperación entre autonomías y con el Estado y la mejora de la financiación. Buena parte del superávit del Estado es deudor de las autonomías, según Montilla. Barreda apuesta por institucionalizar la Conferencia de Presidentes y a Chaves le parece clave que las comunidades la utilicen para homogeneizar los salarios de los funcionarios.

- A los 25 años. El Estado de las autonomías nace por impulso de las comunidades vasca y catalana para reconocer su identidad. Hoy, todos los presidentes vinculan su éxito al crecimiento de España. "La España de hoy, octava potencia industrial, no se entiende sin las autonomías pues la sana competencia entre ellas ha sido motor de la economía", dice Chaves. "Una España centralista no hubiera tenido el crecimiento y bienestar de la España autonómica, las autonomías han dinamizado el desarrollo empresarial y la integración de inmigrantes", dice Montilla. Barreda valora que "ha desarrollado el potencial de las autonomías y ha roto dependencias".

Así lo explicó la directora de la ONG española Atelier y promotora de la iniciativa, Consuelo Vidal, quien aseguró que la Mesa ha decidido centrar su trabajo en las mujeres de Colombia por tener este país "una de las más graves crisis humanitarias del mundo".

En la cita con la prensa las ONG presentaron un Manifiesto en el que denuncian la "guerra pertinaz" que genera desigualdad, pobreza y exclusión "de amplios sectores sociales" colombianos y pide al Gobierno de España que su cooperación con Colombia sea supeditada al cumplimiento de las recomendaciones de la ONU.

La Mesa pide también al Gobierno que apoye la lucha de la sociedad civil "contra la impunidad" y que promueva una conferencia internacional en favor de los derechos humanos de las mujeres en Colombia que establezca mecanismos para que sean respetados sus derechos "a la verdad, la justicia y la reparación integral".

Las promotoras de la Mesa (www.dgco.org), entre ellas también la Asociación Nacional de Mujeres Indígenas y Campesinas (ANMUSIC) y la organización Sisma Mujer -ambas de Colombia- presentaron también una serie de actividades que pretenden llevar a cabo para denunciar la situación de las mujeres en el país suramericano.

Entre las acciones de la Mesa figura la divulgación del reportaje "'Las Invisibles'", Mujeres, Desplazamiento y Política Pública en Colombia", en el que diversos testimonios explican la situación que ha producido el conflicto armado en Colombia.

La Mesa también presenta el Manifiesto para su suscripción en Internet -ya lo han firmado más de 50.000 personas-, y una exposición con 40 imágenes cedidas por cinco fotógrafos de España, Italia y Colombia.

Consuelo Vidal explicó que la Mesa es un proyecto que empezó con cuatro ONG y hoy aúna a 17 con la pretensión común de divulgar entre la opinión pública el problema colombiano.

“Lo ha dicho un dirigente del PP en un periódico extranjero”, recordó Zapatero en referencia al secretario de comunicación del PP, Gabriel Elorriaga, que declaró el viernes al diario británico Financial Times que su estrategia es desanimar al votante indeciso.

El líder del PP, Mariano Rajoy, ha alertado durante su campaña del peligro de una “avalancha” de inmigrantes en España y ha propuesto “orden y control” con la firma de un contrato de integración, un visado por puntos y la prohibición por ley de regularizaciones masivas.

El avión transportará material de "saneamiento y medicamentos" facilitado por varios ministerios, gobiernos regionales y organizaciones no gubernamentales, indicó el ministerio en un comunicado.

El primer avión enviado por las autoridades españolas llegó a Ecuador el sábado desde el centro logístico humanitario que España instaló recientemente en Panamá.

Este primer aparato transportó 8,5 toneladas de ayuda de emergencia consistente en una planta potabilizadora de agua, 1.248 mantas y 270 lonas impermeables.

Las fuertes lluvias que caen en Ecuador desde mediados de enero han dejado 16 muertos y afectan a un 25% de la población, unos 3,5 millones de personas.

El abogado de la AVT Juan Carlos Rodríguez Segura recusó al magistrado por "interés directo" y "enemistad manifiesta" después de que éste le dedujera testimonio por un presunto delito de injurias derivado de las expresiones que empleó en un escrito en el que recurrió la fianza de 4.000 euros que impuso el magistrado a la asociación para personarse en las causas que tramita su juzgado.

La Fiscalía argumenta también que los 4.000 euros que Garzón les impuso como fianza para personarse como acusación popular concuerdan con la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La ley contempla la imposición de este tipo de fianzas para limitar la acción popular a fin de evitar acusaciones temerarias y ralentizar el proceso, sostiene la Fiscalía.

Daniel Martínez, de 45 años, es agricultor a tiempo parcial. En Dolores (Alicante), cultiva alcachofas y brócoli. En los últimos años, debido a la sequía, el agua no llega con alegría. El decreto de sequía, aprobado por el Gobierno, reduce a casi la mitad su dotación de agua: antes disponía de 5.000 metros cúbicos de agua al año para cada hectárea y ahora no llega a los 3.000.

La situación hubiera sido catastrófica si no llega a ser por las 160 perforaciones de pozos que ha hecho la Confederación del Segura a lo largo del cauce. "Aquí, en la parte baja del río [casi en la desembocadura], el agua es de baja calidad y tiene exceso de sal", admite este agricultor. "Así no podemos planificar qué vamos a plantar la próxima temporada, y nuestros hijos se buscan la vida en otra cosa", admite resignado.

En igual situación están los regantes del Segura, que tienen unos 3.500 metros cúbicos por hectárea y año, cuando lo normal son 5.500. Para paliar la situación, los regantes quieren comprar agua a unos regantes de Madrid y enviarla a través del trasvase Tajo-Segura, pero la Comunidad de Madrid, del PP, y la de Castilla-La Mancha, del PSOE, se oponen.

A pesar de ello, el abastecimiento humano de Murcia y Alicante aún no nota los efectos de la sequía. El comisario de aguas de la Confederación del Segura, Manuel Aldeguer, admite que éste es el año "más seco de los 78 años de los que se tienen datos". El abastecimiento se garantiza mediante pozos que aportan (123,8 hectómetros anuales para riego, cada hectómetro es un volumen como el estadio Santiago Bernabéu). Además, la mancomunidad que abastece a más de 70 municipios ha comprado 70,60 hectómetros a regantes de Madrid y de las desaladoras de San Pedro del Pinatar (Murcia) y la de Alicante I se obtienen 74 hectómetros cúbicos anuales del mar.

De los 226 hectómetros anuales que utiliza la Mancomunidad de Canales del Taibilla, que se encarga de abastecer de agua potable a 79 municipios de Murcia y sur de Alicante, 60 procedían de desaladoras. "Sin las desaladoras y los pozos hubiéramos rozado el desastre", admite Aldeguer, ya que el río Segura se hubiera secado en varios tramos.

El 27% del agua que consumen los 2,5 millones de personas que abastece el Taibilla proceden de las tres desaladoras. "Nos han permitido acabar con el déficit de recursos que arrastramos desde 2000", admite Isidoro Carrillo, presidente de la Mancomunidad, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente. Éste afirma que por primera vez, pese a la sequía, "los recursos asignados superaran ligeramente la demanda".

Pero garantizar el agua con desaladoras tiene su coste. El precio del agua ha aumentado un 40% en cuatro años. El metro cúbico se pagaba en 2003 a 31 céntimos de euro y ahora llega a 43,26 céntimos. El resto de aportaciones de la Mancomunidad proceden en un 17% del río Taibilla y en un 56%, del trasvase Tajo-Segura. Jaime Palop, director general de Agua, concluye que "se está gestionando bien y no hay restricciones". Con desaladoras el ministerio pretende "blindar" el litoral mediterráneo para evitar que dependa de la lluvia o de los trasvases, según Palop.

Lejos del mar, la sequía angustia. La Comisión de la Sequía del Ebro se reunió el lunes y adoptó medidas de ahorro. Sus reservas están al 46%, y el año pasado eran del 58%. "Nuestra última esperanza es la primavera; si no llueve abundantemente en tres meses, será terrible", vaticinan. Ante este panorama, el Ministerio de Medio Ambiente perfora pozos, fomenta los trasvases y firma acuerdos de cesión entre regantes.

En Cataluña se preparan para recibir este verano agua en buques desde la desaladora de Carboneras y ha limitado el uso del agua que no sea para consumo humano.