Estamos aquí y somos muchas mujeres blanquinegras, negras amarillas, rojas indias, rubias bembonas , morenas chinas. Todo un abanico multicolor, multilingüe, muchas historias y un solo deseo: construir un futuro mejor para nosotras y nuestros hijos, manifiestan en su página web las componentes de la Asociación Multicultural de Mujeres. Son medio centenar de inmigrantes que viven en Vigo. Mujeres que luchan y se organizan para crear también nuevos marcos de convivencia, además de una mejor integración social.

Todo ello les dificultaba para realizar los trámites burocráticos. Muchas veces tenían que deambular sin rumbo por distintas dependencias y precisaban de que alguien las asesorase.

Con motivo de la reciente celebración del Día Internacional de la Mujer estuvieron en algunos colegios de Vigo para resaltar el protagonismo de algunas mujeres en la historia de sus países. Patricia Garay eligió a Frida Kahlo de México, como ejemplo de lucha social y personal.

EL DIAGNÓSTICO - Elena Bastidas (Alzira): "En el caso de Alzira estamos alrededor del 10'5% de población inmigrante, aunque si comprobamos la evolución en mi municipio vemos que ha supuesto un incremento del 45% respecto a los cuatro años anteriores. La población inmigrante casi se ha quintuplicado. Creo que una vez más -en lo referido a ingresos en carácter general y respecto a los ayuntamientos- hay que decir que estamos totalmente desbordados. En la actualidad atravesamos un período de crisis económica, los ingresos por las transferencias del Estado son bastante deficientes y si nos limitamos a política inmigratoria, y realizamos la comparativa con cualquier autonomía, nos damos cuenta que el dinero que recibimos los municipios es infinitamente inferior respecto a otras localidades de otras comunidades autónomas. Lo más importante es que los ayuntamientos tenemos el principio de subsidiariedad, somos la administración más próxima. No es una cosa teórica, es la realidad ya que vienen a pedirnos ayuda, de comedor, de cualquier servicio público y tenemos que atenderlos. Desgraciadamente esto no viene acompasado, ni mucho menos, con los recursos económicos necesarios para hacer frente a ese aumento exponencial de la población inmigrante".

María José Catalá (Torrent): "Nosotros estamos en un 16% de población inmigrante. Somos un municipio que ha tenido algo de particular, una política de integración por parte de la sociedad muy activa. En Torrent está el Cercle Catòlic que desde hace muchos años ayuda al inmigrante. Cuando se incrementó la población también se ayudó a través de un Centro de Día y con otras iniciativas ha derivado en la buena integración y pese al gran porcentaje no se presentan problemas. En esta legislatura es cierto que hemos incrementado las acciones dirigidas a la integración, contamos a día de hoy con un presupuesto de 150.000 euros procedentes de las diferentes administraciones. 40.000 de la conselleria de Inmigración a través de la agencia AMIC, que lleva poco tiempo y que ha reforzado la labor que ya se practicaba en el Centre de Dia de l'Immigrant y el Cercle Catòlic. Nosotros aportamos unos 25.000 euros y ahora vamos a recibir una subvención del ministerio de 30.000 euros para un Casal Jove dirigido a la población inmigrante. Lo que quiero decir es que tenemos una estructura de atención fuerte para el colectivo y que está funcionando. En la Comunitat Valenciana es una realidad que pasamos de 413.000 a 732.000 inmigrantes y la respuesta de Torrent es la misma. La percepción es de integración".

Empar Navarro (Aldaia): "Estoy más como presidenta de la Mancomunitat de l'Horta. Pero la mayoría de los programas que se llevan a cabo a nivel comarcal también se aplican o son equiparables a Aldaia. La Mancomunitat de l'Horta Sud tiene aproximadamente 445.000 habitantes y la población extranjera es de unas 30.600 personas. La media no llega al 10%. Fundamentalmente de países del este, mayormente de Rumanía, del norte de África y de Sudamérica. El año 2000 la Mancomunitat creó el Centre Comarcal de Serveis Interculturals y que es donde nosotros diseñamos los programas de atención a los inmigrantes, como la sensibilización en materia cultural y la promoción de la convivencia a través del conocimiento y reconocimiento de las personas para fomentar la vida en común de gente de diferentes procedencias. Ese objetivo se trasladaba a una serie de programas. La información y asesoramiento era una parte importante, así todos los pueblos podían remitir al centro a las personas que precisaran de orientación o de formación en general. Después había una parte que se ciñe a la situación jurídica, como la regularización en un primer momento y después en el programa de reagrupación familiar. Después también estaba todo el tema de reinserción laboral, la enseñanza del idioma, la mediación entre los programas de convivencia y las escuelas, las asociaciones y un observatorio y un centro de documentación. Todas estas cosas estaban dentro del Plan Comarcal del 2006 al 2010. Ahora estamos en la fase de la reagrupación y participación. Cuando se ha señalado como elemento importante el incremento de inmigrantes, este se ha producido porque se ha regularizado. Es un elemento muy importante antes no sabíamos los que habían porque no estaban legalizados. Existe ahora una normativa y unas leyes que han mejorado la situación administrativa de la gente. Los flujos migratorios han existido siempre, pero ahora se sabe con certeza la cantidad de personas extranjeras que han venido".

Josep Martí (Suera): "Yo soy de un pueblo pequeño y por esa situación creo que también es interesante. Suera está en el límite de la Plana Baixa, primeras estribaciones de la Serra d'Espadà. Con el boom de la construcción hemos tenido una presencia importante. Ahora estamos en un 8% y sobre todo de rumanos. Estos años la verdad es que en los pueblos pequeños todo puede ir muy bien o muy mal. Lo cierto es que ha existido una integración muy buena. Y han habido iniciativas muy interesantes de la sociedad civil. En Suera tenemos un pequeño centro cultural que realiza actividades y desde el primer momento se llevaron a cabo actividades para enlazar culturas, como las jornadas gastronómicas. Han sido unos años de un buen entente. Muchos de ellos ahora viven en Onda y en esta integración el ayuntamiento ha ido haciendo cosas, en la Agencia AMIC, empadronamiento, servicios sociales... La visión es positiva, también es cierto que es cuestión de porcentajes. Hasta que tanto por ciento la sociedad lo admite. Haciendo gala de un optimismo antropológico la visión es buena en estos años".

Ximo Tur (Calp): "El caso de Calp es muy particular lo que hay son inmigraciones. Hay un colectivo muy grande de personas que han venido por una elección más o menos enmarcada en un retiro dorado. El 64% de los empadronados con fecha de 2010 es de fuera del estado español de un total de 30.400 habitantes. Yo no soy tan optimista como el resto de alcaldes cuando afirman que las personas están integradas. Yo percibo en Calp que los inmigrantes forman unos guetos, incluso los inmigrantes voluntarios (los del exilio dorado), con poca comunicación entre unos y otros y sólo tienen un nexo común: para cualquier actividad quieren tener la presencia de su alcalde. De esa manera, asisto a fiestas de rumanos, de colombianos, de alemanes o de senegaleses. Cada colectivo tiene sus problemas y sus aportaciones al municipio. Los 'inmigrantes' europeos han aportado recursos económicos. En el otro extremo están los que vienen por necesidad, como es el caso de los ciudadanos de Senegal que con su formación apenas pueden esparcir sus mantas para vender ropa y otros enseres. Nosotros hemos hecho todo lo posible para ayudarles y para minimizar los efectos negativos de la venta ambulante.

El informe Racismo y Xenofobia 2009, que publica el Ministerio de Trabajo e Inmigración (ojo: la encuesta que le sirve de base se hizo en el del otoño de 2008, o sea, que la situación probablemente haya empeorado), refleja que el 77% de los españoles creen que el número de inmigrantes es excesivo o elevado, tres de cada cuatro piensan que las leyes de inmigración son demasiado tolerantes o más bien tolerantes y seis de cada diez considera que los españoles autóctonos deberían tener preferencia sobre los extranjeros a la hora de acceder a un trabajo.

El resto de la investigación revela el conjunto de tópicos y recelos que los países desarrollados albergan contra la inmigración: hay que expulsar a los inmigrantes legales que cometan cualquier delito o a los que se queden en paro demasiado tiempo, hay que dar prioridad a los españoles en el acceso a la atención sanitaria y la elección de colegio para sus hijos y los inmigrantes deterioran los servicios públicos y las condiciones laborales generales. La mayor parte de estos tópicos son irreales y no resisten la confrontación con los hechos (¿cómo van a perjudicar el trabajo de los nacionales si muchas veces realizan el trabajo que los nacionales rechazan?), pero alimentan el imaginario colectivo del temor ante el diferente.

Sólo los espíritus cándidos pensaban que este malestar y este cambio de mentalidad, que ya se habían producido en las naciones más prósperas de nuestro entorno, no iban a llegar aquí. Más vale que seamos conscientes de que, crisis aparte, España necesitará de un fuerte contingente de inmigrantes y que será cada vez más una sociedad pluricultural y multiétnica. Tendrá que convivir con la diversidad e, incluso, con sus propios fantasmas. Hay que afrontarlo antes de que el malestar se convierta en odio y enfrentamiento.

Por lo demás, todo continúa como los años anteriores, en resumen, mal.Demasiado trabajo para pocos magistrados. Los juzgados siguen soportando un volumen de asuntos superior a lo recomendado por el Consejo General del Poder Judicial. Los de lo Social, Mercantil y Contencioso-Administrativo arrastran el doble de casos. Una cifra que obliga a los jueces a un esfuerzo extra.

El sistema judicial corre el riesgo de atrofiarse. Viguer subrayó la excesiva litigiosidad que se registra en España con 196 asuntos por cada 1.000 habitantes. Cifras que quedan lejos de los 75 de Alemania o los 50 del Reino Unido. El responsable de los magistrados puso un ejemplo muy gráfico: "No es normal que se pierdan horas y horas en resolver una discusión en una comunidad de vecinos". Los tribunales deberían centrarse en asuntos más importantes. Y los jueces de Valencia ya se han puesto a trabajar. Los magistrados han elaborado una serie de propuestas, unas 75 ideas, que han llevado al Consejo General del Poder Judicial. Y de ahí irán al Ministerio de Justicia. El objetivo es reducir el número de asuntos que llegan a los juzgados. Una de las fórmulas sería establecer procedimientos de mediación. Y otra reducir la posibilidad de recursos en algunos asuntos porque el sistema sufre un "hipergarantismo"

Por otra parte, el Euríbor, tipo de referencia para las hipotecas, marcó ayer un mínimo histórico diario, al situarse en el 1,22%.

Con esta situación, la deuda de las familias cayó el pasado noviembre el 0,3% y se situó en 908.272 millones de euros, un nivel similar al de junio de 2009.

Por lo que respecta a las empresas, su deuda se elevaba en el mismo mes a 1,3 billones de euros (1.313.952 millones), el 0,2% menos que un año antes.

En total, la deuda conjunta de familias y empresas alcanzaba los 2,2 billones de euros, más del doble del Producto Interior Bruto español.

Los datos dados a conocer ayer indican que la mayor parte de la deuda de los hogares españoles se concentra en créditos hipotecarios destinados a la adquisición de vivienda, ya que, de los más de 908.000 millones de euros citados, 677.227 millones se dedican a ese fin. Esta cifra representa un 0,1% menos que en noviembre de 2008, lo que significa su primer descenso interanual desde que en diciembre de 1995 arrancó su serie histórica.
Menos créditos al consumo

Por otro lado, los créditos al consumo cayeron un 1,1% en el anteúltimo mes del año, frente al aumento del 4,4% registrado en el mismo periodo de 2008 y el incremento del 2,8% registrado en enero de 2009. Así, el saldo total se situó en 228.374 millones de euros al cierre de noviembre.

El endeudamiento de las familias comenzó a frenar su crecimiento a comienzos de 2008, debido a la virtual paralización del mercado inmobiliario, pese a lo que cerró aquel año con un aumento del 4,4%. Ya en 2009 el descenso fue sostenido y pasó de un aumento del 3,7% en enero -en tasa interanual- a un recorte del 0,1% en septiembre.

En cuanto a las empresas, las deudas que mantenían con bancos y cajas en enero de 2009 eran el 6,8% mayores que las de un año antes, pero fue sobre todo a partir de junio del pasado año cuando comenzó el descenso, que provocó la primera tasa negativa en el mes de octubre.

Según han informado fuentes cercanas al caso, a lo largo de la madrugada y durante toda la jornada de hoy se han producido alrededor de una decena de registros en domicilios particulares y gestorías de varias localidades catalanas.

En concreto, la operación se ha llevado a cabo en las poblaciones barcelonesas de Mollet del Vallès, Badalona, Santa Coloma de Gramenet y en Vilanova i la Geltrú, así como en las localidades tarraconenses de Segur de Calafell y Cunit.

El juez inició la investigación hace medio año y, con esta operación, ha tratado de desarticular a una red establecida en Cataluña que, al parecer, se dedicaba a falsificar documentos de identidad y pasaportes a fin de que ciudadanos de origen brasileño obtuvieran el Número de Identificación de Extranjero para lograr la tarjeta de residente comunitario y poder residir y trabajar legalmente en España.

Según las mismas fuentes, los miembros de la banda se dedicaban, principalmente, a la falsificación de pasaportes de ciudadanos brasileños, que pagaban importantes cantidades de dinero para conseguir falsa documentación como ciudadanos portugueses, obteniendo de este modo todas las ventajas para residir y trabajar en la Unión Europea.

En los registros a los pisos y a las gestorías, la Policía y los Mossos se han incautado documentos y aparatos electrónicos, como ordenadores e impresoras con las que al parecer se llevaban a cabo las falsificaciones.

Los registros se han llevado a cabo con mucha discreción, si bien en un caso, en Segur de Calafell, los agentes han tenido que abrir por la fuerza una puerta para registrar el domicilio.

En Santa Coloma de Gramenet, ciudad que aún se encuentra bajo el impacto de la detención y encarcelamiento de su ex alcalde Bartomeu Muñoz -imputado en una trama de corrupción urbanística-, los Mossos d'Esquadra han detenido al menos a dos personas, según ha comprobado Efe en el lugar de los hechos, en las calles Irlanda y Vista Alegre.

Los detenidos están acusados de falsificación de documentos y también podrían acabar siendo imputados por otros delitos relacionados, como por ejemplo favorecimiento de la inmigración ilegal y asociación ilícita, como ya ocurrió en una redada parecida, llevada a cabo en julio de 2007.

En aquella ocasión, la Policía Nacional detuvo a 44 personas, todas ellas de origen brasileño, en Girona y Salt (Girona) y Santa Coloma de Gramenet y Barcelona, por falsificar y vender también documentos de identidad portugueses a compatriotas suyos para facilitar su residencia legal en España y en la Unión Europea

La más polémica de las nuevas disposiciones es la que aumenta hasta 60 días, en lugar de los 40 actuales, el lapso durante el cual pueden retenerse en los Centros de Internamiento a los inmigrantes "sin papeles". Después, llega la temida orden de expulsión que puede conceder un plazo entre 7 y 30 días para que se abandone voluntariamente España. Se impondrán plazos de prohibición de entrada de un máximo de 5 años.

Amnistía Internacional y diversas organizaciones de inmigrantes han reclamado el cierre de estos Centros de Internamiento y también que se regularice la situación de los trabajadores inmigrantes, y sus familias, que no tienen los papales legales necesarios.

También se restringen las condiciones para la reagrupación familiar y se endurecen otras disposiciones correspondientes a los pedidos de asilo. Además, se crea un nuevo registro de entradas y salidas de los extranjeros en España "para mejorar el control preventivo de la estancia irregular".

Aumentan su rigor los requisitos para la reagrupación familiar y quedan limitados a los hijos menores de 18 años o mayores con discapacidad y a los padres del reagrupante y su esposa "cuando están a su cargo, sean mayores de 65 años y existan razones que justifiquen la necesidad de autorizar su residencia en España".

Además, los inmigrantes que tengan a su cargo menores en edad escolar deberán acreditar su escolarización en los trámites de renovación de los permisos de trabajo y residencia. De hecho, para solicitar cualquier reagrupación, el extranjero deberá llevar cinco años en España y no uno, como ahora.

En cambio, otorga un permiso de trabajo a los hijos reagrupados entre 16 y 18 años, que hasta ahora no tenían. La nueva ley aborda el problema de la violencia de género permitiendo a las extranjeras maltratadas contar con "una autorización de residencia por circunstancias excepcionales".

El conservador Partido Popular en la oposición anunció que anulará la reforma de llegar nuevamente al poder, al considerar que ésta no servirá para frenar las "avalanchas" de inmigrantes irregulares.

Para la derecha, la nueva legislación es "una mera reforma cosmética", que desaprovechó la ocasión de cambiar el actual modelo migratorio al que hacen responsable de que España se haya convertido en el "coladero" de ilegales de la Unión Europea (UE).

Las organizaciones de inmigrantes vienen desarrollando una intensa lucha contra la ley aprobada ayer especialmente con una marcha de más de 700 kilómetros entre Barcelona y Madrid.

"La nueva legislación es discriminatoria, criminaliza a los indocumentados y considera a los extranjeros como un mero instrumento de trabajo", señaló un vocero.

En España residen 4,5 millones de inmigrantes, el 12 por ciento de la población. Si la tasa de desempleo alcanza el 17,9% en todo el país, la más alta de la Unión Europea, entre los extranjeros se encuentra en el 27,5%, según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística.

Que los inmigrantes no puedan traer a sus padres si éstos son menores de 65 años, restricciones en el empadronamiento, el aumento del plazo de retención de los "sin papeles” en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), o la apertura de un expediente sancionador a las inmigrantes irregulares que denuncien malos tratos, son algunos de los puntos más criticados por asociaciones de inmigrantes como Cáritas, CEAR, la Red Acoge o SOS Racismo.

"Toda Ley de Extranjería es discriminatoria por esencia puesto que crea categorías de ciudadanos entre personas que comparten una misma sociedad en función de su origen y nacionalidad" recoge un comunicado de SOS Racismo.

Las críticas de las asociaciones llegan pese a que la Secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, asegurase que uno de los grandes objetivos del nuevo texto es, precisamente, “la integración social", aunque matizaba que con la nueva ley se pretenden "perfeccionar la regulación de los flujos migratorios, reformar los mecanismos de vigilancia y control para luchar contra la inmigración irregular”.

Acceso a los servicios sociales

Según las asociaciones, las sanciones para quienes faciliten el empadronamiento de personas extranjeras en situación irregular supondrá "que un sector significativo de la población inmigrante podrá ver en peligro el acceso a los recursos de la sanidad pública en un momento de especial preocupación".

“En lugar de abundar en el trabajo de integración que venimos haciendo como sociedad y en el que España ha demostrado un gran ejemplo lo que hace es romper”, explica Alfredo Abad, “Si una persona no está empadronada puede no tener acceso a la sanidad a la educación, puede ser un gran agravio".

Las asociaciones llaman la atención especialmente sobre que que los inmigrantes no puedan reagrupar a sus ascendientes si no son mayores de 65 años, "lo que perjudicará gravemente el proceso de integración social". Por su parte, Esperanza Esteva, portavoz de Inmigración del grupo socialista, matizaba a lainformacion.com que “se considera que un hombre o mujer menor de esa edad está en condiciones de trabajar y puede venir a España en busca de un empleo. Pero si se acredita un caso humanitario, como que se trate de una persona viuda, que esté sola en su país de origen o que tenga problemas de salud, también podría ser reagrupada”.

Asimismo, las ONG denuncian la obligación de iniciar un expediente sancionado a las inmigrantes en situación administrativa irregular en España que denuncien ser víctimas de violencia de género "lo que objetivamente desincentivará estas denuncias".

La otra cuestión que valoran negativamente estas organizaciones es la ampliación en el plazo de inmigrantes irregulares en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de 40 a 60 días. Aunque reconocen que gracias a a su trabajo con los grupos parlamentarios la nueva Ley incluye "alguna mejora relevante" como la posibilidad de que las ONG puedan visitar los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE)".

Una política migratoria solidaria

"Celebramos el proceso de trabajo que ha habido por parte de los grupos parlamentarios pero creemos que realmente la oportunidad de hacer una mejora y realizar una política europea migratoria más coherente con los principios de protección y solidaridad se ha perdido", explica Alfredo Abad.

Desde CEAR, Cáritas y Red Acoge han anunciado el jueves que proseguirán su interlocución con los grupos políticos con representación en el Senado para intentar garantizar que la reforma de la Ley de Extranjería atienda finalmente a los derechos de los inmigrantes.

A mayo pasado, la cartera de créditos vencidos llegó a $320.1 millones, y es el sector de consumo en el que se registra el mayor saldo de mora, seguido por el de vivienda y comercio, según la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA).

Pero las entidades no están de brazos cruzados ante dicha realidad, sino que de forma continua presentan a sus clientes opciones para saldar deudas. Cada banco plantea soluciones acordes con las características propias de su cartera; Scotiabank previó anticipadamente las soluciones para enfrentar esta situación económica.

Los principales planes son la consolidación de deudas o ampliación de plazos, de manera que quede una cuota más baja, y el refinanciamiento de la deuda existente para buscar un plan de pago que se adecue a la realidad económica del cliente.

“Sobre estos tres pilares fundamentales giran los siete programas de asistencia crediticia que tenemos”, indicó Dada. Uno de estos es Hablemos, en el que se ha incluido un programa especial de reducción temporal de cuotas según la capacidad del cliente.

La experiencia en Scotiabank pasa por atender no solo a personas con problemas de pago, sino también a aquellas que lo ven como un asesor financiero.

Por su parte, Citi atiende a sus clientes también con refinanciamiento y consolidación de deudas. “Son arreglos que siempre ha habido en el banco. Hay programas y herramientas para ofrecer a la gente que necesita y se hace siempre y cuando se vea la necesidad”, manifestó José Alberto Gómez de banca de consumo de Citibank.

Como cada cliente tiene sus peculiaridades, este banco ha diseñado diversas opciones, ya que hay casos de desempleo, menores ingresos o solicitud de arreglos temporales. “Nos interesa que la gente esté al día, a nadie le conviene tener mora en su cartera”, agregó Gómez al respecto.

Para el caso de la consolidación de deuda, el destino del crédito es personal, cuyo plazo normal puede ser hasta de cinco años. Debido al segmento de población al cual Citi se enfoca en su atención, los niveles de demanda de estas líneas financieras no presentan variantes significativas al alza.

“Es muy natural que la persona que tiene cultura de pago, que no quiere tener un mal récord en el sistema y quiere seguir pagando, se acerque. La mayor parte del refinanciamiento que atendemos es de quienes buscan una solución temporal”, dijo Gómez.

El portafolio de productos de Citi también incluye programas de ahorro y créditos. A la fecha posee más de 485,000 clientes activos en el segmento de depósitos y unas 400,000 personas con préstamos.

Las empresas españolas en concurso están perdiendo la oportunidad de contar con nuevos inversores que les inyecten capital y les ayuden a superar el bache. En países como Reino Unido o Estados Unidos, existe un importante mercado de fondos de inversión especializados en empresas en crisis y son frecuentes las operaciones de refinanciación en empresas concursadas o la adquisición de su deuda.

La reforma de la Ley Concursal, cuya discusión acaba de comenzar con la constitución de una comisión de expertos que deberá presentar sus primeras conclusiones antes del verano del año 2010, podría servir para abrir esta oportunidad a las empresas.

Problemas
“En la práctica, una gran parte de los concursos termina en liquidación porque las empresas necesitan financiación para su funcionamiento y una vez que se ha declarado el concurso, nadie la concede”, explica Luis Martín, economista y socio de Roca Junyent. “Con la ley actual, difícilmente encaja una refinanciación posterior a la declaración del concurso, por las escasas garantías jurídicas, ya que el inversor no tienen garantizado su retorno”, puntualiza Javier Díaz-Gálvez, también socio de Roca Junyent.

Ambos detallan que el problema es que no está definido el tratamiento de la deuda postconcursal y que este nuevo acreedor se enfrenta al riesgo de que la empresa se liquide. A diferencia de la antigua norma, donde era posible enlazar sucesivas suspensiones de pagos, ahora si la empresa incumple el convenio de acreedores, va directamente a liquidación. “La solución pasaría por una nueva clasificación del crédito como al comienzo del concurso o por el establecimiento de algún tipo de prioridad o privilegios en la deuda que se contraiga en la fase postconvenio y preliquidación”, indican. Una dificultad añadida es la obligación impuesta a la banca de provisionar la financiación de empresas en concurso.

A lo anterior, se une la eliminación de los derechos de voto en la junta de acreedores “a los que hubieran adquirido su crédito por actos entre vivos después de la declaración del concurso”, tal y como se señala en el artículo 122 de la Ley Concursal.

Por esta vía, en la Ley Concursal 22/2003, de 9 de julio, se trató de evitar una práctica habitual en las viejas suspensiones de pagos, que permitía al propio suspendido comprar créditos y, después, con la mayoría de los derechos de voto dominar el convenio de acreedores a su favor. Sin embargo, en la práctica, esta situación complica ahora la llegada de nuevos inversores a una concursada a través de la adquisición de deuda una vez declarado el concurso, “porque el acreedor ni siquiera puede votar en el convenio”, según advierte Antonio Carreño, socio del departamento de Derecho Concursal y Reestructuración de Empresas de Cuatrecasas.

Para algunos expertos, ésta es la razón por la que fondos ingleses especializados en empresas en crisis no hayan aterrizado en los grandes concursos, como Martinsa Fadesa o Habitat, con fórmulas como la capitalización de deuda. Una de las pocas excepciones ha sido Avánzit, donde Thesan Capital ha inyectado 30 millones de euros y ha capitalizado la deuda concursal en acciones.

Rama de actividad
En esta tesitura, los movimientos corporativos en las empresas concursadas están relacionados con la compra de unidades productivas. Estas operaciones pueden formalizarse en el arranque del concurso (cuando está en la fase común) o en el momento de liquidación. La dificultad es que la ley protege el patrimonio de la empresa hasta la fase de liquidación.

La solución ha venido por una vía excepcional al amparo del artículo 43 de la norma que permite, con la autorización del juez, la enajenación de los bienes y derechos que componen la masa activa. Los expertos consultados coinciden en que estas operaciones se favorecerían si se legislaran algunas cuestiones que ya se están aplicando en la práctica, como la no responsabilidad al comprador de los créditos del Fogasa, de las deudas con la Tesorería de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.

A tener en cuenta
1. Los juristas esperan que la reforma subsane las dificultades surgidas con la práctica y así, consideran que debería aislarse el área económica, que es la que determina la viabilidad de la empresa, de la financiera que se ve afectada por numerosos incidentes procesales.

2. Otra posible mejora es flexibilizar la compraventa de ramas de actividad, una opción que permite ‘salvar’ las operaciones que son viables. Ahora, estas transacciones son complejas, porque requieren la autorización expresa del juez.

3. La Administración Pública también debería cambiar su postura frente a las concursadas, ya que ahora no pueden contratarla. “Hoy es mejor cerrar la empresa y volver a constituirla, tal y como sucedía antes”, apuntan algunos expertos.

4. Otros aspectos susceptibles de mejora son la regulación del convenio anticipado (dotarlo de más flexibilidad), dar una nueva oportunidad a la concursada y si incumple el convenio, que no termine en liquidación, y la dotación de más medios a los juzgados mercantiles.

Desde que estalló la crisis económica, y las constructoras españolas se fueron hundiendo una tras otra, y empezaron a paralizarse obras por todo el país, cientos de miles de trabajadores inmigrantes han perdido sus empleos, la mayoría en la construcción, el sector más golpeado por la crisis, y han pasado a engrosar las filas de los que trabajan sin contrato.

No obstante, en términos interanuales las ventas de viviendas de segunda mano se mantienen un 2,9% por debajo de los niveles registrados en el segundo trimestre de 2008.

El repunte de las ventas de vivienda usada fue posible en gran medida por el desplome de los precios, puesto que el precio mediano (diferente al precio medio) retrocedió un 15,6% respecto al año pasado, hasta los 174.100 dólares (122.319 euros).

El informe señala que a medio plazo, los intensos flujos migratorios que ha recibido la economía española pueden llegar a contribuir de forma positiva a la evolución de la productividad del trabajo en España. No obstante, recuerda que la llegada de inmigrantes se ha producido en un contexto económico favorable y alerta sobre "la elevada incertidumbre" ante el futuro, ya que el deterioro económico actual afecta especialmente a este colectivo.

Según el Banco de España, a pesar de que la diferencia salarial es mayor en el momento de la entrada en el mercado laboral de los inmigrantes y que el diferencial se reduce durante su estancia en España, su sueldo no llega a equipararse totalmente al de los españoles. Así, explica que el salario para los inmigrantes que entraron en España entre 1996 y 2000 sin experiencia previa era en torno al 35 por ciento inferior al de los españoles de similares características en el momento de entrar en el mercado laboral.

Esa diferencia se reduce de forma "relativamente rápida" en los primeros años de estancia en España y, en concreto, la brecha salarial se reduce el 15 por ciento en los primeros diez años, cifra en la que el salario se estabiliza. Por ello, aunque a corto plazo la asimilación salarial es relativamente rápida, en la segunda generación de inmigrantes "no parece" que llegue a eliminarse por completo, según el organismo supervisor.

Al respecto, el Banco de España señala que el carácter reciente de la inmigración no permite disponer de datos suficientes para analizar la evolución de los salarios y el comportamiento de los inmigrantes con carreras laborales largas. Sin embargo, observa que hay diferencias en el proceso de asimilación salarial entre los distintos colectivos de inmigrantes, según el idioma de origen o el nivel educativo inicial.

El informe concluye que el mayor crecimiento salarial de los inmigrantes se produce dentro de la empresa inicial del trabajador, y no como consecuencia de la mayor movilidad de este colectivo entre regiones o empresas. La mayor propensión de los extranjeros a cambios de empleo que impliquen desplazamientos de región o sector de actividad, también contribuye a disminuir la diferencia, pero en menor medida. Añade que otro factor que influye a la hora de reducir la brecha salarial es la adquisición de conocimiento y habilidades específicas del país.

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El último Boletín Económico del Banco de España indica que, durante sus cinco primeros años de residencia en España, la diferencia salarial con los trabajadores nacionales "se reduce con intensidad" para, a partir del quinto año, ralentizarse hasta llegar a frenarse "sin que los inmigrantes acaben alcanzando un nivel salarial similar al de los trabajadores españoles".

Asimismo, se observan diferencias apreciables en este proceso de asimilación entre distintos colectivos de inmigrantes, que pueden estar, en principio, relacionadas con factores como el idioma de origen o el nivel educativo inicial de los diferentes colectivos.

Por otro lado, el mayor crecimiento salarial de los trabajadores inmigrantes se produce, principalmente, dentro de la empresa inicial del trabajador y no como consecuencia de la mayor movilidad de los trabajadores extranjeros entre regiones o empresas.

Sin embargo, el actual contexto de crisis "está afectando especialmente al colectivo de trabajadores inmigrantes, lo que puede tener consecuencias directas sobre el proceso de acumulación de experiencia laboral" y, por tanto, sobre su "asimilación" al mercado laboral español.

El Banco de España advierte, además, de que se observa una tasa de escolarización en educación secundaria menor del colectivo de inmigrantes con respecto a los nativos, que podría traducirse también en un peor comportamiento salarial relativo futuro.

Finalmente, la entidad que gobierna Miguel Ángel Fernández Ordóñez considera que "los intensos flujos inmigratorios recibidos por la economía española pudieran llegar a contribuir de forma positiva a la evolución de la productividad del trabajo en los próximos años en España".

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