Destacó que a esa reunión tiene programado asistir el representante personal del secretario de la OEA, Víctor Rico.

Añadió que se tiene previsto analizar los planteamientos de la Secretaría General de la OEA con miras a la aplicación de lo dispuesto en la Reunión de Consulta de Cancilleres de la Organización de 17 de marzo de 2008, y se dará seguimiento a los puntos considerados en las dos reuniones previas.

Los vicecancilleres se reunieron previamente en Panamá el 29 de abril y luego en Lima el 13 de mayo.

Ecuador rompió relaciones diplomáticas con Colombia el 3 de marzo, dos días después que militares de ese país atacaran sin autorización en suelo ecuatoriano un campamento clandestino de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, donde murió el jefe subversivo Raúl Reyes y otras 24 personas.

La semana pasada, altos jefes militares de ambos países acordaron en Panamá restablecer de forma temporal una cartilla de seguridad, en suspenso desde marzo, a fin de atender incidentes en la frontera común. El encuentro también fue auspiciado por la OEA.

Por eso, el Congreso de Colombia quiere castigar la discriminación con penas de entre dos y cinco años de prisión, y con multas de entre US$2.700 y US$6.600 aproximadamente.

La idea no es solo penalizar la discriminación racial, sino también cualquier otra basada en motivos de color, linaje u origen nacional, étnico o cultural.

El proyecto, que reforma el Código Penal, lleva dos años de espera.

Hace poco el intento de reforma pasó el primero de cuatro debates que necesita para ser ley y fue aprobado por unanimidad, según le explicó a BBC Mundo la representante de la Cámara, María Isabel Urrutia.

Ella la levantadora de pesas que en 2000 ganó la medalla de oro en los juegos olímpicos de Sidney es la autora de la iniciativa.

Urrutia confiesa que nunca se sintió discriminada como deportista, "porque todos me querían", pero dice que ahora sí lo ha sido como política.

"Por ponerme turbantes como los de la senadora Piedad Córdoba (otra afrodescendiente) he sido puteada", declara Urrutia, quien también forma parte de la bancada de oposición al gobierno.

La aprobación del proyecto de ley coincidió con un aniversario de la abolición de la esclavitud en Colombia, que se produjo el 21 de mayo de 1851 y se hizo efectiva a comienzos de 1852.

En su diálogo con BBC Mundo, Urrutia relató que ella se inspiró en algunas legislaciones contra la discriminación racial, como la que existe desde hace varios años en Brasil, la cual impone penas de prisión hasta de 15 años.

"Yo sé que las penas que queremos poner en Colombia son más bajas y son excarcelables, pero, de todas formas, queda el antecedente penal", añade.

El ataque de los presuntos rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se registró desde la localidad ecuatoriana de Pueblo Nuevo hacia la colombiana de Teteyé.

El general Mario Montoya, comandante del Ejército colombiano, en Bogotá, y el también general Octavio Ardila, de la IV División militar, desde el Putumayo, denunciaron la acción contra las tropas en esa zona fronteriza.

Los uniformados atacados fueron alcanzados por varios de los cilindros-bomba, repletos de metralla y tres de esos artefactos que no pudieron estallar, quedaron en poder de las tropas, señaló el general Ardila.

En esa región limítrofe con Ecuador actúan guerrilleros del frente 48 de las FARC.

El genera Montoya por su parte, dijo a periodistas que esa acción fue comunicada a la Cancillería, para que, a su vez, sea transmitida a las autoridades y a las Fuerzas Militares ecuatorianas.

"Esperamos que esta situación no se siga presentando. Es delicado para tropas colombianas y para las compañías que exploran petróleo" en esa región, dijo el general Montoya.

Un informante, desmovilizado de las FARC, por otra parte, reveló hoy a Noticias RCN de televisión, que esa guerrilla, "desde Ecuador", prepara y lanza ataques a tropas colombianas que se encuentren cerca de la línea divisoria entre los dos países.

El pasado 1 de marzo tropas colombianas realizaron una incursión militar contra un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano, ubicado a menos de dos kilómetros de la frontera, en donde murieron 26 personas, entre ellas "Raúl Reyes", alias de Luis Edgar Devia, portavoz internacional de esa organización rebelde.

Dos días después de la operación, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, rompió relaciones diplomáticas con Colombia.

Araújo dijo a radio Caracol que la nota incluirá la queja colombiana, tanto por declaraciones recientes de Correa sobre su colega Alvaro Uribe, como por afirmaciones del jefe de estado ecuatoriano sobre un posible reconocimiento a las guerrillas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como una fuerza beligerante, pero solo en caso que cumplan las normas del derecho internacional humanitario y los otros requisitos para que un tercer estado otorgue esa condición a un grupo insurgente.

El canciller explicó que la nota "Incluye ambos aspectos. Efectivamente, un gobierno democrático (como el de Ecuador) no puede aparecer ahora interesado en conceder condición de beligerancia a un grupo terrorista...eso no lo podemos aceptar y por supuesto que será motivo de protesta por parte del gobierno colombiano".

En Quito, la cancillería ecuatoriana señaló el jueves en un comunicado que hubo "versiones distorsionadas" sobre el pronunciamiento de Correa.

La cancillería afirmó que las expresiones del gobernante "reiteran la política del Ecuador de rechazar la presencia de dicho grupo irregular en territorio ecuatoriano y censurar las prácticas atentatorias contra el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario así como conductas ilegales de apoyo al narcotráfico".

En tanto, el comandante del ejército, general Luis González, señaló que para la custodia de la frontera con Colombia "lo que se va a comprar para la fuerza aérea son los aviones Supertucano".

"Es el avión más económico, más versátil, que se adaptan más a nuestras necesidades", dijo el general, y ratificó que para un efectivo control aéreo es necesario la alerta temprana de los radares.

Añadió que el costo es de la compra de los aviones es de 270 millones de dólares.

"Aún tenemos que entrar a negociar" la compra, precisó, pero dio como un hecho la adquisición de los 24 Supertucano.

Araújo recordó que en la reunión de marzo pasado de los cancilleres de la OEA se acordó que Bogotá y Quito evitarían formular declaraciones negativas, en un intento de bajar las tensiones políticas surgidas entre los dos países a raíz del ataque militar el 1 de marzo a un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano, cercano a la frontera. Debido a ese operativo, Ecuador rompió el 3 de marzo relaciones diplomáticas con Colombia y desembocó en las reuniones de emergencia de la OEA.

El miércoles fueron divulgadas declaraciones de Correa, durante una entrevista con la estatal televisora Venezolana de Televisión, indicando que "el mejor negocio para el gobierno de Uribe es esta guerra" interna colombiana y que "el último que quiere la paz con las FARC se llama Alvaro Uribe Vélez".

Temprano, en radio RCN, Uribe declinó responder cuando fue consultado sobre las palabras de Correa, pero indicó que era un "atentado contra la democracia" una eventual concesión del estatus de beligerancia a grupos como las FARC.

"A mi me parece que un país (como Colombia) que está luchando contra todas estas acciones terroristas no pueda permitir que alguien en el mundo se le ocurra que a un grupo terrorista en Colombia hay que reconocerle" esa beligerancia, lo cual según normas internacionales implica que el grupo puede tener oficinas en otros países y recibir fondos o ayudas financieras legalmente de organizaciones y estados.

Indicó que el país sudamericano no sólo encara amenazas de terrorismo y narcotráfico a cargo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) sino también "un régimen hostil y antiestadounidense en Venezuela".

Dijo, aunque sin mencionarlo por su nombre, que el presidente Hugo Chávez "se ha entrevistado con líderes terroristas de las FARC y emplazado tropas en la frontera colombiana como formas de intimidación del gobierno y pueblo colombianos".

La maniobra de Bush no tiene precedentes para un tratado comercial y demuestra la preocupación del gobierno republicano de no contar con un ansiado acuerdo con los demócratas antes del receso legislativo para las elecciones de noviembre y el cambio presidencial en enero.

Bush dijo que había buscado un acuerdo de este tipo con el Congreso desde que el tratado fue firmado hace más de un año y medio. En ese intento, indicó, ha sostenido más de 400 reuniones de coordinación y llevado a Colombia a más de 50 legisladores, pero no pudo conseguir que el Capitolio lo incluyera en su agenda de debates.

Un acuerdo de ese tipo hubiese facilitado el debate legislativo regular, como ha ocurrido en esta década con Chile, Centroamérica y Perú, en la región.

El debate del tratado colombiano no se ha iniciado debido a objeciones de legisladores, demócratas en su mayoría, que alegan la falta de progresos del gobierno del presidente Alvaro Uribe en materia de seguridad pública, especialmente en la protección de sindicalistas.

Pero Bush volvió a refutar esas denuncias, afirmando que Uribe no sólo era un gobernante "fuerte y decidido a tomar medidas que requieren coraje para la defender nuestros valores compartidos de democracia" sino que ha sido "un socio firme y capaz de combatir las drogas, crimen y terrorismo".

Cassie Smedile, del bloque republicano del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, informó que el tratado llegará el martes a ese comité, donde se iniciará la gestión legislativa.

No hubo una reacción inmediata del Congreso. Max Baucus, presidente del Comité de Finanzas del Senado, donde se iniciará el debate en esa cámara, había calificado una acción como la adoptada por Bush de "grave error" e incluso adelantó que el tratado no sería aprobado.

Bush adoptó la medida al amparo de la autoridad de promoción comercial o "fast track" que el Congreso le concedió en 2002. Esa autoridad expiró el 1 de julio de 2007, pero lo hecho cuando estaba vigente conserva validez.

Una vez recibido el proyecto para implementarlo, el Congreso tiene un máximo de 90 días legislativos para la votación.

El Comité de Medios y Arbitrios debe tomar una decisión en los primeros 45 días después de recibido el tratado. De allí, el proyecto pasaría al plenario.

La Cámara de Representantes deberá a su vez votar en los siguientes 15 días legislativos, haciendo un total de 60 días legislativos.

Si la cámara baja vota en cualquier momento entre el día 46 y 60, el Comité de Finanzas tendrá 15 días como máximo para proceder. El Senado, a su vez, procederá a votar por el proyecto en los siguientes 15 días legislativos.

El presidente firmó la carta de envío del tratado al Congreso en presencia de varios miembros de su gabinete, entre ellos los secretarios de Defensa Robert Gates; de Estado, Condoleezza Rice y la representante comercial estadounidense Susan Schwab.

La persona violenta elige un camino en el que sabe que es bueno (pegando golpes) para poder demostrar que es mejor que el resto. La sociedad ha fomentado la competitividad y ha creado el mito de la persona perfecta, incluso muchos se toman medicamentos para tener ese cuerpo 10, pero no hay nada que nos podamos tomar para ser mejores personas.

Sus críticos consideraron que podía ser demasiado generoso al ofrecer penas de 5 a 8 años por delitos graves, aplicables a aquellos delitos que los mismos desmovilizados confiesen o que el estado pueda probar posteriormente. También se ha criticado el que en un principio fuese relativamente limitado el período de tiempo para las investigaciones o procesos de delación que ayuden a generar el material probatorio.

Las Naciones Unidas, mediante su vocero Michael Frühling, han criticado el que la realización de una confesión total no fuera un requisito del proceso, sino que en principio se exija más bien una especie de versión libre sobre las actividades criminales de los desmovilizados, argumentando que eso constituiría un obstáculo para el pleno desmantelamiento del paramilitarismo y la reparación a las víctimas.

El gobierno colombiano y los defensores de la Ley de Justicia y Paz argumentaron que había que encontrar un balance entre los requerimientos de la justicia y los de la paz, lo que implica la aceptación de cierta impunidad implícita dentro de un proceso de negociación.

También se argumentó que fue la primera ley y el primer proceso de desmovilización que ofrecía penas a combatientes y dirigentes que no habían sido vencidos en combate, en contraste con los procesos de desmovilización previos con las guerrillas.

El entonces ministro del Interior y Justicia Sabas Pretelt declaró ante los medios que el exigir la confesión total podría haber constituido una violación a la Constitución vigente, mediante la autoincriminación.

El Fiscal General Mario Iguarán declaró que su despacho pretende continuar con todos los procesos que impliquen posibles actividades criminales no confesadas y que se actuará en consecuencia tanto en ese caso como contra los crímenes posteriores de los desmovilizados, en caso de ser necesario.

La Corte Constitucional revisó la constitucionalidad de la Ley de Justicia y Paz. En un fallo de abril de 2006, por 7 votos contra 2, no encontró vicios de forma en el hecho de que el trámite de la ley en el Congreso haya sido el de una ley no estatutaria.

El 18 de mayo de 2006, en un nuevo fallo referido ya al contenido mismo de la ley, la Corte condicionó varios apartes de la ley y declaró inexequibles otros, en el fallo la corte declaró que "quienes se acojan a la ley deberán cumplir a cabalidad las resoluciones de la ley, como la confesión total de los delitos, la reparación y la verdad, y no volver a delinquir", a diferencia del proyecto de ley que pasó el gobierno y aprobó el congreso donde la confesión plena no era un requisito y los delitos que se demostraran posteriores a la desmovilización no afectaban los beneficios jurídicos obtenidos por los desmovilizados.

Human Rights Watch considera que el fallo de la Corte fue un gran correctivo, solucionando varios de los graves problemas y vacíos iniciales que existían en el proyecto de ley.

No obstante lo anterior, esta excepción solo se podrá configurar en el escenario que los bienes de la empresa no sean suficientes para satisfacer la obligación radicada en cabeza de la sociedad.

Ecuador, que rompió relaciones con Colombia el pasado 3 de marzo, dos días después de un ataque de tropas de ese país contra un campamento de las FARC en su territorio, dijo que la demanda en La Haya no tiene relación con la crisis diplomática desencadenada por esa operación.

La medida se adoptó "al no quedar otro recurso, y después de siete años de esfuerzos diplomáticos infructuosos y frustrantes" para solicitar a Colombia el cese de las aspersiones, argumentó.

Sin embargo, las fumigaciones aéreas cerca de la frontera con Ecuador, que las autoridades colombianas aseguran son inocuas para la salud, están suspendidas desde comienzos de 2007.

La querella se conoció dos días después de que el presidente ecuatoriano, Rafael Correa anunciara una contraofensiva frente a lo que calificó de "abusos" e "insolencias" del país vecino.

Con la demanda, Quito busca una declaración de la Corte Internacional de Justicia de que "Colombia ha violado la soberanía y la integridad territorial de Ecuador", así como una orden de que "se abstenga en el futuro de realizar aspersiones a una distancia de 10 kilómetros desde la frontera", según la canciller.

Igualmente, busca que "pague reparaciones a Ecuador por el daño causado por las aspersiones ilegales".

Colombia rechazó la demanda en un comunicado de la Cancillería en el que aseguró que "siempre adelantó las aspersiones aéreas con base en los protocolos internacionales que tienen en cuenta la altura de los vuelos, la velocidad y dirección de los vientos, y el efecto deriva, entre otros aspectos, respetando plenamente la soberanía ecuatoriana sobre su territorio".

Ecuador, en cambio guarda silencio sobre la denuncia colombiana de que un helicóptero de ese país, violó su espacio aéreo y huyó después de ser interceptado por dos aeronaves.

El helicóptero estaba ocupado por cuatro militares, señaló un comunicado de la Casa de Nariño (sede del Ejecutivo), según el cual el responsable de la operación de interdicción decidió cancelar "cualquier procedimiento" contra el aparato invasor.

El incidente comenzó hacia las 11.10 hora local del domingo (16.10 GMT), con el avistamiento en el espacio aéreo colombiano del helicóptero del Ejército ecuatoriano, del tipo Gazella y matrícula 316, señaló el comunicado, leído por el portavoz del Ejecutivo, César Mauricio Velásquez.

Dos tripulantes y dos pasajeros, "todos con uniforme militar de las Fuerzas Armadas ecuatorianas", ocupaban la aeronave que, según la nota, fue interceptada por "dos helicópteros Black Hawk del Ejército colombiano" que la obligaron a aterrizar.

Una vez en tierra, los militares colombianos "invitaron" a los ocupantes a "dirigirse al aeropuerto de la ciudad de Tumaco, que se encuentra a menos de 15 minutos de vuelo del lugar de aterrizaje", en el departamento de Nariño, limítrofe con Ecuador.

Sin embargo, una vez en el aire, el helicóptero ecuatoriano, escoltado por los dos colombianos, "descendió sorpresivamente y emprendió vuelo rasante, con rumbo sur, incumpliendo las instrucciones dadas por las autoridades colombianas", añadió el texto.

Este episodio se registra un mes después del bombardeo a un campamento de las FARC en suelo ecuatoriano, en el que murieron el segundo al mando y portavoz internacional de esa guerrilla, alias "Raúl Reyes" y 25 personas más.

Entre los muertos figura el ecuatoriano Franklin Aisalla, que según el mando militar colombiano era un "miembro activo de las FARC", que daba "asistencia logística" a la guerrilla, mientras Quito argumenta que era un humilde cerrajero.

Ecuador calificó la operación colombiana de "asesinato" y aseguró que el campamento de las FARC en su territorio era provisional, pero el ministro de Defensa, Wellington Sandoval, admitió que los militares de su país sabían que Reyes "pasaba frecuentemente al Ecuador", según una entrevista publicada hoy por el diario El Comercio.

De otro lado, la Cancillería ecuatoriana dijo que recibió información parcial de Colombia de los documentos encontrados en los computadores de Reyes y que, según Bogotá, muestran supuestos vínculos del Gobierno de ese país con las FARC.

A medidas que las sociedades cambian, las formas de violencia se modifican y surgen nuevas formas. Algunas formas de violencia, como la trata, trascienden las fronteras nacionales.

Muchos historiadores nos han enseñado que ésta rama es la más representativa del pueblo y por ello quizá la de mayor importancia.

Es aquí donde se encuentran representadas, por elección del pueblo, las ideas de la mayoría y de las minorías de la población.

Con la representación de todos los ciudadanos, en el Congreso de la República se discuten los temas de mayor importancia para el país y se toman las decisiones que se creen más adecuadas.Es por esta participación que se dice que en el Congreso se encuentra el pilar de la democracia colombiana.

El Congreso está compuesto por una figura de mucha importancia que es el congresista.A este se le denomina senador o representante, según pertenezcan al Senado o a la Cámara de Representantes y es elegido por el pueblo para un período de cuatro años, que se inicia el 20 de julio siguiente a la elección; y si la población lo quiere puede reelegirlo.

Los congresistas por ley, y más aún por el cargo que desempeñan, deben actuar de conformidad con la justicia y buscando siempre el bien común.Ellos son responsables políticamente, ante la sociedad y sus electores, de cumplir con las obligaciones que les corresponden según su cargo.

En la actualidad el Congreso cuenta con un total de 268 congresistas: 102 senadores y 166 representantes.

La paz garantiza a quienes "tenemos familia de lado y lado, no nos vemos afectados por las peleas de dos o tres gobernantes", agregó.

En la muchedumbre algunos portaban banderas tricolores de Colombia, Venezuela y Ecuador, pero también de Brasil y Argentina.

El concejal colombiano Juan Carlos Guevara, de un municipio cercano a Cúcuta, dijo que el concierto es lo mejor para una zona plagada de pobreza y criminalidad y otros problemas.

"El concierto nos trajo muchas cosas buenas... primero nos acabaron el problema de contaminación del río, segundo nos están forjando la unión con nuestros hermanos venezolanos y tercero nos estamos dando a conocer al mundo", dijo.

Juan Esteban Aristizábal, más conocido como Juanes, ideó el concierto en medio de la crisis diplomática surgida por la incursión de militares colombianos el 1 de marzo a Ecuador para matar a un jefe de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Aunque la crisis diplomática se solventó el 7 de marzo entre los presidentes de Colombia, Alvaro Uribe, de Ecuador Rafael Correa y de Venezuela, Hugo Chávez en una cumbre de mandatarios regionales, Juanes continuó con el concierto en el puente "Simón Bolívar", que une las poblaciones colombiana de Cúcuta, a unos 400 kilómetros al noreste de Bogotá, y San Antonio de Venezuela.

El puente de concreto, de unos 300 metros de largo y ocho de ancho, fue decorado con claveles blancos en los bordes y pancarta en la que se lee en "Paz Sin Fronteras".

En la tarima armada sobre la estructura se anunció que actúan Juanes, su compatriota Carlos Vives, los españoles Miguel Bosé y Alejandro Sanz, el venezolano Ricardo Montaner, el dominicano Juan Luis Guerra y el ecuatoriano Juan Fernando Velazco, quienes cantarán dos o tres canciones cada uno.

A los extremos y debajo del puente, en el lecho semi seco del río Táchira, se acomodarán unas 50.000 personas, calcularon los organizadores.

Desde la madrugada se veían a moradores de la región cruzando las vallas de seguridad que circundan la zona en donde eran sometidos a un registro por policías.

La Presidencia no descartó la llegada de Uribe al espectáculo.

Juanes dijo que el concierto es simbólico y simplemente un escenario en que "podamos pararnos con la guitarra y cantar".

* Función legislativa: Se dice que ésta es la primera función del Congreso y por medio de ella elabora las leyes, las interpreta, las reforma o en algunos casos las deroga.

* Función de control político: Por medio de esta función el Congreso puede llamar e interrogar a los ministros y demás autoridades a fin de conocer sus actuaciones dentro del cargo y las acusaciones que se les formulen.

* Función judicial: El Congreso también puede ejercer una función jurisdiccional en forma excepcional para juzgar, desde el punto de vista político, a los altos funcionarios del Estado.

* Función electoral: Aunque te pueda sonar extraño, el Congreso también tiene una función electoral, ya que le corresponde elegir al Contralor General de la República, Procurador General de la Nación, Magistrados de la Corte Constitucional y de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al Defensor del Pueblo, así como al Vicepresidente de la República cuando hay falta absoluta de este.

* Función administrativa: Esta función la ejerce el Congreso al interior cuando establece la organización y funcionamiento del Congreso Pleno, el Senado y la Cámara de Representantes.

* Función de control público: Esta función le da la oportunidad al Congreso de llamar a cualquier persona para que rinda declaraciones sobre asuntos o hechos que investiguen las comisiones.

* Función de protocolo: Esta función se da cuando se reciben jefes de estado o de gobierno de otras naciones.

La democracia es una forma de gobierno en la que los ciudadanos escogen a los gobernantes o dirigentes que los representarán en la conducción del país. Esta escogencia se hace a través del voto y los elegidos por mayoría deben actuar según lo indique nuestra Constitución Política de 1991 y las leyes, procurando siempre lo mejor para el país.

La Constitución Política es nuestra máxima ley.Como ella misma lo dice es la norma de normas.En otras palabras, es un conjunto de reglas que establece la forma en que debemos comportarnos todos los que vivimos en Colombia para que exista bienestar y podamos vivir en paz.

stas normas establecen los derechos y garantías que tenemos los colombianos para poder construir un país mejor.Como ejemplos de esos derechos están algunos muy importantes para los niños: el derecho a la vida, la salud, la educación, la cultura, el cuidado, el amor, entre muchos otros más.

Ahora bien, tenemos que decir que de la misma forma como la Constitución brinda estos derechos, también establece ciertos deberes y obligaciones que debemos cumplir.Algunas de esas obligaciones son por ejemplo: respetar los derechos ajenos, participar en la vida política del país, proteger los recursos naturales y culturales, colaborar con la justicia y por supuesto ayudar con el mantenimiento de la paz.

La Constitución Política además de los derechos y deberes establece la organización del Estado, cuántas y cuáles son las ramas del poder público y qué tareas hace cada una de ellas para poder cumplir con sus fines

¿Qué es el Estado y cómo se conforma?

El Estado es la forma en la que se organiza la sociedad para poder funcionar mejor.Es la unión de nuestra población, las instituciones públicas que nos organizan y nuestra cultura.

La Constitución establece dentro de los fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad, garantizar los derechos y deberes de los ciudadanos, facilitar la participación del pueblo en los asuntos de la Nación, defender la independencia y la integridad territorialy asegurar la convivencia pacífica así como un orden justo, entre otros.

Para que el Estado pueda alcanzar estos fines y logre cumplir con las funciones que le corresponden se han creado tres ramas del poder público: la legislativa, la ejecutiva y la judicial.Estas ramas están integradas por diversos órganos con funciones diferentes, pero que siempre deben coordinarse y colaborarse para poder trabajar mejor y lograr dichos fines.

Comencemos por explicar la rama legislativa, conocida también como Congreso de la República, el cual está integrado por el Senado y la Cámara de Representantes.Al Congreso le corresponde una tarea muy importante,es el encargado de reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer el control político sobre el Gobierno Nacional.Como pueden ver es en el Congreso donde se toman muchas de las decisiones más importantes acerca de la forma como se debe regir el país.La figura más importante, dentro del Senado y la Cámara de Representantes, es el congresista; adelante les vamos a contar más sobre el.

La segunda rama que vamos a estudiar es la rama ejecutiva a la cual se le conoce como Gobierno Nacional.Esta es la encargada de reglamentar, ejecutar y hacer cumplir las leyes, además de velar por los intereses del Estado, tanto en el campo nacional como en el internacional. La rama ejecutiva está conformada por el Presidente de la República, los ministros y los directores de departamentos administrativos.También son parte de ésta las gobernaciones y las alcaldías así como las superintendencias, los establecimientos públicos y las empresas comerciales e industriales del Estado.

La rama judicial es, al igual que las anteriores, una rama de mucha importancia porque tiene como función principal resolver los problemas y conflictos que surjan entre las personas, especialmente en la familia, en el trabajo, en el comercio y en otros lugares o actividades.Además, también soluciona los problemas que se presenten entre las diversas instituciones del Estado y entre el Estado y los particulares.La rama judicial está conformada por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y los jueces.Todos ellos están encargados entonces de resolver los diferentes conflictos basándose en la Constitución Política y en las leyes colombianas, buscando siempre soluciones pacíficas y justas.