Grupos proinmigrantes en Estados Unidos criticaron hoy la cifra récord de deportaciones anunciada la víspera por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), al considerar que éstas se basaron en el perfil racial.
Indicaron que documentos del ICE que obtuvieron a principios de año bajo la ley de Libertad de Información muestran que el 79 por ciento de los deportados bajo el programa de Comunidades Seguras no son criminales o fueron arrestados por delitos menores.
La secretaria de Seguridad Interior, Janet Reno, anunció la víspera que durante el año fiscal 2010 fueron deportados un total de 392 mil indocumentados, de los cuales 195 mil tenían antecedentes criminales.
Los activistas consideraron que el programa Comunidades Seguras, enfocado en inmigrantes con antecedentes criminales en las cárceles, es una "cortina de humo" para los arrestos policiales basados en el perfil racial de la persona, incluso si fueron detenidos por error y nunca serán condenados.
Entre las organizaciones que han protestado por el informe del Departamento de Seguridad Interna están la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), el Centro para Derechos Constitucionales (CCR) y la Clínica Kathryn O. Greenberg de Justicia de Inmigración de la Escuela de Leyes Benjamin N. Cardozo.
Indicaron que datos preliminares confirman que jurisdicciones como el condado de Maricopa, en Arizona -donde el alguacil es Joe Arpaio-, hay elevados índices de deportaciones de personas sin antecedentes criminales, bajo el programa de Comunidades Seguras.
Sunita Patel, abogada del CCR, dijo que departamentos de policía, líderes locales y miembros de la comunidad han "trabajado duro" para salirse del programa Comunidades Seguras, que consideró como una "iniciativa peligrosa" que dificulta a la función de la policía de ofrecer seguridad.
"El ICE ha hecho una labor extraordinaria de relaciones públicas al presentar sus propios números cuestionables al público, y no tenemos opción que litigar para obtener respuestas", puntualizó Patel.
El director de Asuntos Legales del NDLON, Chris Newman, sostuvo que en Arizona se ha demostrado que es una "mala idea" usar a la policía local como "fuerzas multiplicadoras para ampliar las disfuncionales leyes de inmigración".
Los activistas criticaron la expansión del programa de Comunidades Seguras en más de 600 jurisdicciones, así como el programa 287g que permite la cooperación de la policía con el ICE y la ley antiinmigrante SB1070 de Arizona que criminaliza la inmigración indocumentada.
El programa Comunidades Seguras registra en bases de datos de inmigración las huellas digitales de todos los arrestados para su deportación, incluso si el delito es menor, los cargos son desestimados o existió una detención errónea, indicaron.
La abogada de la organización Asian Law Caucus, Angela Chan, citó un reciente editorial del diario The New York Times que indicó que el gobierno de Barack Obama no puede dejar que su enfoque en la aplicación de la ley perjudique el trabajo de la policía ni imponga más temor a los inmigrantes.
De acuerdo con el Departamento de Seguridad Interna, este año el programa Comunidades Seguras ha permitido el arresto de más de 59 mil criminales extranjeros condenados, incluidos más de 21 mil declarados culpables de crímenes violentos como asesinato, violación y abuso sexual de menores.
Un total de 45 mil 545 indocumentados fueron deportados por delitos menores, como violaciones de tráfico, según informó el diario La Opinión.
John Morton, director del ICE, aclaró la víspera que el programa Comunidades Seguras prohíbe que la policía local aplique la ley de inmigración y que la respuesta en general a su instrumentación ha sido "abrumadoramente positiva’.