Los manifestantes solicitaron que estos casos fueran cerrados, ya que consideran que cumplen con los requisitos anunciados hace dos meses por la administración del presidente Barack Obama de "baja prioridad" por no representar un peligro para la seguridad del país.

Entre los 50 indocumentados que se encuentran en proceso de deportación, en conjunto, tienen 54 hijos ciudadanos estadounidenses.

Entre los afectados se encuentran varias familias que tienen varios miembros en proceso de deportación, muchos de ellos que calificarían para regularizar su estatus migratorio en caso de que fuera aprobado el Dream Act federal.

Entre los afectados se encuentra Betsaira García, de 23 años y quien tiene 20 años viviendo en Estados Unidos de manera ilegal, y quien dijo a Efe que están pidiendo a ICE que cumplan con las políticas establecidas por la administración y detengan las deportaciones de inmigrantes que como ella no son criminales.

"Queremos tener una nueva oportunidad, porque yo me siento como una residente más de Tucson, solamente que no tengo papeles", dijo García.

Otra de las afectadas es Sandra Moreno, quien fue arrestada por la Patrulla Fronteriza después de que fuera detenida por la policía por una infracción de tráfico minutos después de recoger a sus hijos en la escuela.

Margo Cowan, abogada de inmigración y activista, dijo que espera que este sea el principio de un movimiento a nivel nacional.

"El pueblo merece vivir en paz, sin tener que estar pensando en quien será el siguiente que enfrentará una deportación, los inmigrantes no merecen vivir en este temor", dijo Cowan a los presentes que se congregaron en una iglesia local antes de iniciar la marcha.

"Este es un día muy especial para nuestra comunidad, hoy estamos celebrando a la Virgen de Guadalupe, una virgen que ha cruzado miles de veces la frontera, tatuada en la piel de los inmigrantes, pintada en sus camisas o bordada en sus collares", dijo a Efe Leo Guardado, director de justicia social de la parroquia católica Most Holy Trinity.

"Las deportaciones están separando a las familias y las familias son la parte central de las comunidades", sostuvo.

Guardado considera que existe una gran urgencia entre la comunidad inmigrante porque se apruebe cuanto antes una reforma migratoria, aunque reconoce que actualmente no existe las condiciones necesarias en Washington D.C.

Manifestó que la comunidad inmigrante en Arizona continúa sufriendo las consecuencias de la aprobación de la ley estatal SB1070 y la implementación de programas federales como Comunidades Seguras.

Bajo este último, muchos indocumentados son entregados a Inmigración después de haber cometido una simple infracción de tráfico debido a la cooperación que existe con las agencias del orden a nivel local.

"Hay muchas familias sufriendo, muchas que han sido separadas porque sus miembros fueron detenidos cuando manejaban para ir a su trabajo", finalizó Guardado.