Las propuestas SB40 y HB87 brindarían a las autoridades locales potestad de detener a quienes sospeche se encuentren indocumentados, exigiría el uso del programa federal de identificación E-Verify a las empresas y castigaría a quienes alberguen o transporten a indocumentados.

Asimismo, la HB59 tendría el objetivo de prohibir a jóvenes indocumentados el ingreso a universidades públicas del estado, mientras que la HB296 exigiría contar a los indocumentados que atiendan en los hospitales y asistan a las escuelas públicas.

Una de las últimas medidas, la SB104, penalizaría a los jornaleros que ofrecen sus servicios en la vía pública, así como a quienes los contraten o a las autoridades que no hagan cumplir la ley.

Por último, la iniciativa HB72 conocida también como “English Only” buscaba establecer el inglés como idioma único para obtener la licencia de conducir en Georgia, aunque perdió su propósito inicial tras ser enmendada.

Además de generar un ambiente de incertidumbre entre los más de 480.000 indocumentados que se estima residen en el estado, estas propuestas están generando un fuerte rechazo entre representantes de las principales industrias que sirven de motor a la economía del estado y que ven en ellas una amenaza a sus intereses.

La Asociación de Agricultores de Georgia (GFB), que representa a cerca de 400,000 granjeros, ha sido una de las que ha dejado clara su oposición a que la Legislatura estatal apruebe leyes migratorias que puedan afectar este sector que genera ganancias de 68,000 millones de dólares al año.

El presidente de la organización, Zippy Duvall, advirtió recientemente que “habrían serias consecuencias económicas en amplios sectores de la agricultura” si se afecta a la mano de obra de esta industria, que se estima entre un 50 a 70% es indocumentada.

Por su parte, la Cámara de Comercio de Georgia ha indicado que muchas industrias en el estado podrían marcharse a otras zonas si se da una escasez de trabajadores calificados y han expresado su oposición a “esfuerzos” del gobierno estatal o federal que representen una carga administrativa adicional para implementar leyes migratorias.

Para el representante de GALEO, la agricultura es sólo uno de los sectores que pueden experimentar consecuencias económicas serias de aprobarse las propuestas en la Legislatura.

El turismo de Georgia, sus relaciones comerciales con países como México y la posición del estado como destino de inversión extranjera en el sureste de Estados Unidos se podrían también ver afectados con la adopción de medidas antiinmigrantes.

“Si se aprueban estas leyes, es probable que se dé un boicot nacional contra Georgia y hay que preguntarse si podemos permitirnos en esta época de crisis económica recibir un impacto hacia nuestra segunda industria también”, señaló González acerca de la industria del turismo, que genera en Georgia cerca de 34,000 millones de dólares y emplea a cerca de 250,000 personas en el estado.

De acuerdo con cifras de la Cámara de Comercio de Arizona, el boicot iniciado contra ese estado a raíz de la aprobación de la ley SB1070 ha generado hasta ahora pérdidas de cerca de 150 millones de dólares.

Asimismo, el activista indicó que las consecuencias a largo plazo de leyes que generen un ambiente hostil hacia los inmigrantes podrían ser aún peores.

“Georgia envía muchos productos a México. ¿Qué pasa si México está tan molesto con estas leyes que deja de recibir productos de Georgia? ¿Qué significaría eso para los negocios aquí?”, se preguntó el representante de GALEO.

México es el tercer destino de exportaciones desde Georgia, que ascendieron a 1,940 millones de dólares en el 2010, un aumento del 43% con respecto al año anterior, de acuerdo con cifras del Departamento de Desarrollo Económico de Georgia.

Asimismo, expertos advierten sobre la carga adicional a los presupuestos de los estados que implementan este tipo de leyes.

“Estas leyes similares a la 1070 de Arizona pueden significar una enorme carga financiera en los estados, y ya muchos estados están luchando con asuntos presupuestarios”, señaló a Efe Wendy Sefsaf, vocera de American Immigration Council, con sede en Washington.

Sefsaf señaló además como contraproducente el hecho de que se expanda el uso del programa E-Verify como principal respuesta a la inmigración ilegal.

“El problema con el programa E-Verify es que las personas creen que es una ‘bala de plata’ que va a resolver el sistema migratorio y no lo es. Para nuestros problemas migratorios necesitamos soluciones integrales”, afirmó. Según cifras de la organización, en 2008, los pequeños negocios debieron gastar cerca de 127 dólares para verificar el estatus migratorio de cada trabajador.