Brewer dijo que la iniciativa “protege a todos los ciudadanos de Arizona”, y añadió que Arizona debía tomar medidas porque el gobierno federal ha fallado. “En Arizona hemos sido más que pacientes, a la espera de que Washington actúe”, dijo Brewer después de promulgar la ley. “Pero varias décadas de inactividad y de políticas erróneas han generado una situación peligrosa...”.

La amplia legislación convertirá en un delito estatal el encontrarse ilegalmente en el país. También obligará a los agentes policiales a interrogar a cualquier persona sobre su situación migratoria, tan sólo ante la sospecha de que ese individuo se encuentra ilegalmente en el país.

Los defensores de los derechos humanos dicen que la ley conduciría a la individuación racial y disuadiría a los hispanos de denunciar delitos. Cientos de hispanos protestaron frente al Capitolio estatal.

El patrocinador del proyecto, el senador republicano Russell Pearce, aseguró que liberaría a los policías de las trabas políticas y ayudaría a desalojar del estado a los indocumentados. Otras disposiciones de la medida permitirían demandas contra agencias gubernamentales que obstaculicen la aplicación de las leyes migratorias, y haría ilegal contratar indocumentados como jornaleros o transportarlos a sabiendas.

Brewer dijo que no toleraría que las autoridades incurrieran en prácticas de caracterización racial, pero no explicó cómo