temen algunos activistas de inmigración.

Hasta esta semana, sólo el 20 por ciento de los hondureños y nicaragüenses elegibles se ha reinscrito en el TPS, o estado de protección temporal, un programa humanitario que protege a las personas de la deportación cuando el gobierno estadounidense decide que sus países han sido gravemente afectados por guerra, desastre natural o por otras crisis. Los nacionales de Honduras y Nicaragua son elegibles para el TPS desde que sus países fueron golpeados por el huracán Mitch.

Otros países, como Colombia y Guatemala, han buscado sin éxito el TPS para sus nacionales en los Estados Unidos.

Si la tasa de reinscripción es baja para las personas que sí tienen acceso a este beneficio, eso puede tener consecuencias políticas cuando la administración Bush decida si va a volver a extender el TPS a los países centroamericanos, según varias personas entrevistadas ayer.

Dado lo codiciado del estatus de TPS "es una lástima que desperdicien eso" las personas que sí tienen derecho al beneficio, dijo María Clara Delgado, asesora de inmigración del Franciscan Immigration Center, en la iglesia San Francisco de Asís de Manhattan.

Delgado dijo que en los cinco años que ha estado trabajando en el centro, esta es la ocasión en que se ha visto la más baja tasa de reinscripción para el TPS. "Si he llenado diez solicitudes, no he llenado más", señaló.

En el consulado de Nicaragua la situación ha sido aún peor: al consulado no ha ido ni una sola persona a llenar su solicitud de reinscripción, dijo la cónsul general, Rogelia Urcuyo.

Tanto la cónsul Urcuyo como Delgado dijeron que les preocupan las posibles consecuencias que esto tenga sobre el futuro del TPS. El TPS expira en el 2007 para El Salvador, Honduras y Nicaragua, y le tocará entonces al Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS) determinar si lo renueva.

Una de las organizaciones, NumbersUSA, indica que el TPS se está convirtiendo en un programa de legalización permanente, y que además demuestra que es mala idea crear un programa de trabajadores temporales.

"El TPS es prueba de que la administración no entiende el significado de la palabra `temporal`", dijo en comunicado de prensa en febrero Roy Beck, el director ejecutivo de NumbersUSA. "Muchos salvadoreños han tenido el TPS desde que el acta fue aprobada en 1990. ¿Por qué debe el público creer que el gobierno federal hará un mejor trabajo obligando a los trabajadores temporales a irse luego de seis años, si dejan que los salvadoreños se queden por dieciséis y más?"

La portavoz de NumbersUSA dijo ayer que la organización no ha tomado posición contra la ley del TPS en sí, sino que le parece preocupante la forma en que se está implementando. Y si hay una baja tasa de reinscripción para ciertos países, esa sería una indicación de que el TPS no es necesario para esos países, indicó la portavoz, Caroline Espinosa. "Eso sería algo que ciertamente saldría a relucir" a la hora de debatir la extensión del programa, agregó Espinosa.

Varias organizaciones de inmigración -y el gobierno federal- han estado recalcando los beneficios del TPS y tratando de combatir la renuencia de hondureños y nicaragüenses a registrarse.

"Las personas que no lo renuevan se quedan fuera de la protección" contra la deportación, dijo Esther Chávez, organizadora comunitaria del American Friends Service Committee, en Newark. "Si han tenido anteriormente una orden de deportación, la pueden hacer efectiva".

El sacerdote Brian Jordan, del Franciscan Immigration Center, dijo que otro temor injustificado y común es el de temer darle datos al gobierno con el registro para el TPS.

En la agenda de deportaciones, el blanco del gobierno son "los traficantes de drogas, los asesinos, los violadores", y no la gente que sólo busca trabajar, dijo Jordan.