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WASHINGTON, D.C.— Mediante un desplegado publicado ayer en algunos de los más importantes diarios de Estados Unidos, el gobierno de México dio a conocer que considera “importante” encontrar una solución para los indocumentados que viven en este país.
Con este desplegado, el gobierno de México no busca inmiscuirse en el debate interno del Congreso de Estados Unidos, sino ser “un compañero de viaje en atender el reto migratorio”, ofreciendo una “posición de Estado” que no supone el apoyo o el rechazo a ninguna de las iniciativas bajo discusión en el legislativo estadounidense, dijo ayer a La Opinión el embajador mexicano Carlos de Icaza.
“Que quede absolutamente claro que el gobierno mexicano no se ha pronunciado sobre ninguna iniciativa [bajo discusión en el Senado estadounidense]”, afirmó De Icaza, y añadió que la declaración de principios sintetizada en el desplegado “es un documento mexicano aprobado por las diferentes corrientes políticas del país”. “No hay juicio de valor sobre las distintas propuestas sobre el tapete”, agregó, y aunque reconoce que se trata de una agenda interna de Estados Unidos, el tema migratorio “tiene ramificaciones internacionales y requiere de cooperación internacional” bajo el principio de “responsabilidad compartida”.
“Ha habido, sin duda, algo de desinformación y ciertos grupos creen que México no tiene una posición equilibrada sobre el tema... México quiere ser compañero de viaje en atender el reto migratorio”, indicó De Icaza a La Opinión.
México aboga, dijo, por una reforma integral basada en el principio de responsabilidad compartida y de respeto a los derechos fundamentales y un plan de trabajadores temporales (PTT), sostuvo de Icaza, “es fundamental para que los flujos migratorios sean legales, ordenados y seguros”.
En una semana marcada por negociaciones en torno a una posible reforma migratoria y en la cual Estados Unidos y México sostendrán una reunión binacional en esta capital, el gobierno mexicano publicó un mensaje de una plana en los diarios The New York Times, The Washington Post y Los Angeles Times para exponer sus principios y recomendaciones en torno al espinoso tema que el Senado abordará a fines de este mes.
En el anuncio titulado “Un mensaje de México sobre la migración”, el gobierno mexicano indica que, bajo el concepto de “responsabilidad compartida”, México debe participar en el diseño, manejo, supervisión y evaluación de un PTT, aunque al mismo tiempo “reconoce el derecho soberano de cada país de regular la entrada de extranjeros y las condiciones para su estadía”.
De Icaza indicó a La Opinión que “nosotros queremos y buscamos que se conozca mejor en Estados Unidos nuestra posición sobre el fenómeno migratorio”. Y con eso en mente se desplegó una síntesis de los principios de la declaración que el Congreso mexicano aprobó el pasado mes de febrero en la cual se pronuncia a favor de un PTT “con el mayor alcance posible” que aborde además la situación de los mexicanos indocumentados radicados en Estados Unidos.
El funcionario recordó que el documento aprobado por el Congreso mexicano es “un esfuerzo sin precedentes”, porque recoge la visión unánime de los diversos sectores mexicanos involucrados en el debate, no sólo de políticos, sino de académicos, expertos y representantes de organizaciones civiles.
En momentos en que el debate migratorio ha cobrado tanto interés, “necesitamos que se difunda más ampliamente nuestra posición”, sostuvo el embajador.
Agregó que en diferentes oportunidades el gobierno mexicano ha entregado copias de la declaración a actores políticos y funcionarios de la Casa Blanca, del Departamento de Estado, del Congreso, a académicos y a especialistas. También legisladores mexicanos la entregaron a la delegación de legisladores estadounidenses de ambos partidos que participaron de la última conferencia interparlamentaria en México.
Algunos activistas que prefirieron el anonimato dijeron a este diario que México tiene el derecho de expresar sus posturas, pero que debe ser cauteloso porque puede darle armas al sector antiinmigrante del Congreso que puede argumentar que el vecino país se está inmiscuyendo en asuntos internos, particularmente tratándose del explosivo tema migratorio.
“Respetamos lo que tenga que decir el gobierno de México, pero nos parece que debe enfocarse más en lo que debe hacer para que sus nacionales no tengan que salir de su país en busca de mejores oportunidades”, dijo una fuente.
Sin embargo, el embajador no coincidió, porque no se trata, insistió, de apoyar o rechazar ninguna de las medidas bajo discusión en el Senado, sino de presentar una “posición de Estado”. De hecho, el desplegado aparece en la semana en que el Congreso está en receso y el objetivo fue someter la posición antes de que se reanude la sesión legislativa la semana entrante.
Sobre el argumento de que México debe preocuparse por garantizar la estabilidad económica necesaria para que sus nacionales no tengan que salir de su país, la declaración señala que “la política migratoria mexicana reconoce que mientras un número importante de connacionales no encuentre en su propio país un entorno económico y social que le permita su pleno desarrollo y bienestar e incentive su permanencia en el país, habrá condiciones para emigrar al exterior”.
“México no promueve la migración indocumentada y desea contribuir a encontrar soluciones que permitan enfrentar de mejor forma el fenómeno migratorio”, agrega.
Asimismo, en el debate en el Congreso algunos senadores de ambos partidos han recordado que a lo largo de la historia los flujos migratorios han sido alentados no sólo por la falta de trabajo en los países de los inmigrantes, sino por la oferta laboral de este lado de la frontera cuando los empleadores y el gobierno “se hacen de la vista gorda” cuando les conviene contar con mano de obra barata y la condenan en momentos de crisis económica o con fines políticos.
El anuncio fue distribuido por la firma Allyn & Company, subsidiaria de Omnicom, uno de los mayores grupos publicitarios del mundo.
El tema migratorio retornó al centro de atención desde que el panel Judicial del Senado, presidido por el senador republicano de Pennsylvania, Arlen Specter, inició un debate encaminado a aprobar una reforma “integral” que vaya más allá de medidas de seguridad fronteriza y aplicación de leyes como la HR4437 que la Cámara de Representantes aprobó en diciembre pasado.
Las esperanzas de grupos pro inmigrantes se han visto un tanto empañadas por las acciones del liderazgo republicano del Senado de imponer plazos para que el panel someta un plan. La semana pasada, una vez que el comité dijo que concluirá a tiempo, el lunes 27 de marzo, y que la medida contemplará algún tipo de solución para millones de indocumentados, el líder de la mayoría republicana del Senado, Bill Frist, sometió su proyecto enfocado en seguridad.
La intención, dijo, es que el Senado tenga un proyecto de ley para debatir en caso de que el Comité Judicial no someta el suyo, pero los activistas sólo ven un intento de “sabotear” el proceso legislativo para impedir el avance de una medida que suponga beneficios migratorios para los indocumentados o un PTT. |