Sin embargo, acotó Ulloa, “estos juicios han ido a esas salas en razón de las excusas o recusaciones de los Jueces principales”, por lo que señaló que reasumir la competencia será un tema muy complejo, a debatir en el Pleno de la CSJ.

Respecto al pedido que hizo el presidente de la República, Rafael Correa, de que el tema de los banqueros no debe ser tratado por Conjueces sino por Magistrados, Ulloa manifestó que la decisión de la Asamblea Constituyente es positiva pero “ésto requiere un profundo análisis jurídico”.

“Hay una especie de contubernio (conspiración), de mañosería de las partes procesales en dilatar los procesos (…) Definitivamente lo que no quieren es que haya justicia”, concluyó .

Uno de ellos era Pedro Antonio Marín, que en 1964 fundó las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y adoptó el alias de "Marulanda Vélez".

Romero dijo al canal de televisión Caracol que consiguió la libertad del guerrillero, que estaba preso en una cárcel del municipio de Viotá, en el departamento de Cundinamarca (centro), pero que no recibió ningún pago por ello.

El abogado le pidió al jefe de las FARC que ahora puede pagarle ordenando la libertad de Betancourt, secuestrada por el grupo guerrillero desde febrero de 2002.

"Que me pague con gratitud, que para mí es muy grande", dijo el abogado, que lleva 50 años ejerciendo su profesión.

"Nunca creí que ese campesino común y corriente, voluntarioso, serio, inteligente, llegara a ser el jefe de las FARC", dijo Romero.

En los últimos días han circulado fuertes rumores que indican que Betancourt está muy enferma, por lo que desde el jueves pasado está en Bogotá una misión médica enviada por Francia, con el apoyo de España y Suiza, en espera de una señal de las FARC para internarse en la selva y examinarla.

La madre de Betancourt, Yolanda Pulecio, dijo el pasado fin de semana que su hija sufre de amibiasis y no de hepatitis B y leishmaniasis, como se ha dicho.

Pulecio dijo que el diagnóstico le fue dado por Uriel Rodríguez, un miembro de las FARC que fue capturado hace poco y dice ser médico.

Una vez concluida la instrucción, el juez trasladó las diligencias a las partes acusatorias para que formulen en los próximos días sus calificaciones, paso previo para la apertura del juicio oral.

En su auto, el juez considera que hay indicios suficientes para atribuir a Sergi Xavier M.M. la agresión a la menor, que tuvo lugar en un tren la noche del 7 de octubre de 2007 y que fue grabada por las cámaras de seguridad del vagón.

En las imágenes se ve al imputado propinando diversos golpes con la mano y una patada a la menor, mientras le lanza insultos racistas.

El auto subraya que en las exploraciones a las que fue sometida la víctima presentaba un cuadro de ansiedad compatible con un estrés postraumático moderado.

El agresor, de 21 años, y con antecedentes penales por robos, se encuentra actualmente en libertad con cargos.

La idea principal de la separación de bienes es brindar igualdad a la pareja, tanto el hombre como la mujer, siempre y cuando estos sean independientes y tengan bienes de valor que no deseen compartir, como la casa o el automóvil.

Para realizar la demanda de la separación de bienes se debe hablar con un abogado que represente a cada una de las partes, también para mediar por los hijos, pensiones alimenticias, etc.

Además la separación de bienes puede ser perjudicial para una mujer que no posee ningún bien, en ese caso, el marido debe velar por la educación y la salud de sus hijos, además de por la vivienda.

"Nuestro trabajo ahora es obtener los fondos suficientes y la ayuda necesaria para que la asesoría legal a estos detenidos pueda ofrecerse en forma total", dijo Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA, en inglés), que ofreció apoyo, desde el primer momento, a los detenidos.

La activista informó que están recibiendo donaciones a través de un fondo de ayuda legal para los trabajadores e hizo un llamado a la comunidad para que se solidaricen con el caso de estas personas que representan a muchos de los trabajadores indocumentados de California.

Según Salas, si cada persona en la comunidad donara $1 o $2 para la ayuda legal, se podría garantizar una defensa adecuada logrando que estas personas, muchos de ellos el único soporte de su hogar, permanezcan con su familia.

"Sería otra gran victoria", señaló Salas al referir que las organizaciones están programando varias actividades orientadas a recaudar fondos y que han solicitado a la Barra de Abogados de California que faciliten algunos servicios legales para los trabajadores.

El acuerdo con el ICE, firmado el miércoles de la semana pasada, busca frenar una demanda que la Asociación Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) y otras organizaciones presentaron en nombre de los detenidos alegando la violación de los derechos civiles de los inmigrantes.

Según explicó Nora Preciado, abogada de ACLU, durante las entrevistas realizadas posteriormente a las personas detenidas no se les permitió la presencia de un abogado aún que ellos repetidamente lo solicitaron.

Según consideró ACLU en la demanda, el no permitírseles un abogado por tratarse de "entrevistas administrativas", significa una clara negación al concejo legal que es garantizado por la constitución.

En un comunicado, la Canirac insistió al gobierno local que antes de que la ley entre en vigor el 3 de abril próximo debe ser sometida a una campaña de concientización entre la ciudadanía.

Recordó que la industria restaurantera genera en la capital alrededor de 154 mil empleos directos y 350 mil indirectos, por lo que la nueva legislación la coloca en una situación de riesgo económico, además de que muchos trabajadores serían despedidos.

"Reiteramos nuestra solicitud de que antes de que entre en vigor esta ley, el gobierno del Distrito Federal haga una campaña de concientización entre el público en general", señaló.

La Canirac expuso que la entrada en vigor de la ley se da por adelantado e incumple lo pactado con la autoridad en el sentido de que se aplicaría hasta mediados de año, posterior a una campaña de concientización.

Dijo que sus afiliados acordaron cooperar con las autoridades para proteger la salud de los no fumadores, "pero solicitamos se analicen cuidadosamente los efectos negativos de aplicar una ley sin considerar los sectores involucrados".

La Canirac insistió en que no se midieron las consecuencias económicas y sociales que provocará la nueva ley a 98 por ciento de los 34 mil establecimientos formales de giro restaurantero ubicados en la capital del país.

"En su contenido no se considera el perfil eminentemente popular que tiene la industria restaurantera, donde se sirve a un segmento consumidor que diariamente tiene la necesidad de hacer alguna comida fuera de casa", sostuvo.

La Canirac indicó que no está de acuerdo en que a los propietarios de restaurantes se les sancione por actos cometidos por terceros.

Asimismo, manifestó su desacuerdo en desarrollar "funciones de policía que sólo competen a la autoridad, y que además se apliquen sanciones económicas y/o administrativas desproporcionadas, como cierre de establecimientos, altas multas e incluso arrestos.

Con esta medida, el magistrado santacruceño Santiago María Lozada rechazó la petición formulada el pasado 19 de febrero por el fiscal Andrés Vivanco para que el ex mandatario, que gobernó el país entre 2003 y 2007, declarara junto a otros tres ex gobernadores de Santa Cruz, señalaron medios locales.

Los fondos fueron girados en 1993 por el Gobierno nacional a la provincia en concepto de regalías petroleras mal liquidadas y fueron luego depositados, entre 1995 y 2001, en distintos bancos suizos, una decisión que fue puesta en tela de juicio por varios sectores políticos y llegó hasta la Justicia.

Una causa penal abierta contra Kirchner por presuntas irregularidades en el manejo de ese dinero, a partir de la denuncia de un grupo de abogados, fue cerrada por el juez de instrucción Lozada en 2005.

Sin embargo, el fiscal Vivanco presentó en febrero una nueva denuncia que buscaba investigar "a todas las personas responsables de la custodia, la administración y manejo contable-financiero" de los fondos desde 2003 hasta 2006, según divulgó esta semana la prensa local.

Pero Lozada consideró en su escrito que el manejo de los fondos ya fueron investigados en la causa cerrada en 2005 y aseguró además que la documentación presentada por Vivanco es insuficiente.

De todas formas, portavoces judiciales adelantaron que la medida será apelada en los próximos días por el fiscal.

Vivanco considera que Kirchner y sus sucesores en la gobernación de Santa Cruz, Héctor Icazuriaga, Sergio Acevedo y Carlos Sancho, deben ser citados a declarar por la "presunta comisión de los delitos de aplicación indebida de caudales públicos, peculado e incumplimiento de deberes funcionales".

El fiscal también había solicitado que se le pidiera información a instituciones financieras extranjeras como la inversora estadounidense Morgan Stanley por unas cuentas abiertas en Luxemburgo y los bancos suizos Credit Suisse y UBS.

Kirchner, que en diciembre último dejó el poder en manos de su esposa, Cristina Fernández, se había comprometido en 2005 a repatriar los fondos públicos y el por entonces gobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo, ordenó por medio de un decreto el retorno del dinero depositado en Suiza.

En ese momento se trataba de 507 millones de dólares que, con los intereses devengados, ascendían a 521 millones, mientras que hoy la cifra asciende a unos 533 millones de dólares, de acuerdo con estimaciones difundidas por la prensa local.

Sectores de la oposición aseguran que, si bien parte de los fondos retornaron el país, la promesa del ex presidente argentino no fue cumplida.

En la reunión participarán el canciller peruano, José Antonio García Belaúnde, y el ministro de Defensa, Antero Flores Aráoz, junto a sus homólogos de Ecuador, María Isabel Salvador y Wellington Sandoval, respectivamente.

Durante su permanencia en Lima, la canciller y el ministro ecuatoriano también se reunirán con el presidente de Perú, Alan García, en el Palacio de Gobierno capitalino.

Salvador y Sandoval serán condecorados por el Gobierno peruano, en una ceremonia que se celebrará en el Palacio de Torre Tagle, la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú.

Los ministros suscribirán el martes, al finalizar la reunión, una Declaración Conjunta y un Acuerdo de Regularización Migratoria de ciudadanos peruanos que se encuentren en Ecuador.

Perú y Ecuador pusieron punto final a un histórico conflicto limítrofe en 1998, con la firma de un Acuerdo de Paz, después de que se enfrentaran por última vez en 1995 en la zona selvática de la Cordillera del Cóndor.

El Acuerdo de Paz incluyó una serie de programas de desarrollo fronterizo, medidas de confianza y retiro de minas de la frontera, que son seguidos hasta la fecha con reuniones ministeriales y presidenciales, como la celebrada en junio pasado en Tumbes.

A raíz de la presentación de la demanda peruana ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para fijar la delimitación marítima con Chile, los gobiernos de Perú y Ecuador ratificaron recientemente que no tienen temas fronterizos pendientes.

Las denuncias fueron recibidas en las "últimas horas", indicó la Fiscalía General, que empezó a desvelar el auge de pequeñas financieras no autorizadas y, por tanto, fuera del control estatal.

Los supuestos defraudados habían consignado allí sumas que oscilan entre un millón de pesos y 16 millones de pesos (de 526 a 8.415 dólares), para un total de 149 millones de pesos (78.364 dólares), agregó la fuente.

La fiscalía observó que, en sus denuncias, los posibles afectados coinciden en que desconocen el nombre de la oficina, que funcionaba en Galerías, barrio comercial y residencial del oeste bogotano.

Otras 219 denuncias fueron presentadas en Villavicencio, agregó la entidad judicial, que no ofreció detalles de los casos de esta ciudad, distante 126 kilómetros al sur de la capital colombiana.

El problema de las pirámides se ha hecho evidente en los últimos días por informes periodísticos que muestran aglomeraciones ante oficinas de Bogotá, en funcionamiento o que han sido cerradas.

En una de ellas fue arrestado el martes un policía de la escolta del vicepresidente Francisco Santos y dos mujeres.

Los tres fueron dejados en libertad provisional.

Ante la implicación de este agente y el auge de este esquema, la Policía Nacional pidió a los ciudadanos actuar "con cautela ante las insinuaciones de empresas de garaje que prometen ganancias imposibles de obtener, y para que denuncien ante las autoridades toda irregularidad relacionada con estas cadenas millonarias".

En un comunicado, la institución de seguridad dijo que las autoridades iniciaron acciones contra los responsables de las pirámides.

En conjunto con la fiscalía, la policía "intensificará estas operaciones hasta desenmascarar a quienes han pretendido enriquecerse a costa de los depósitos de incautos ciudadanos que han caído en esa trampa".

A raíz de ese hecho, que los peritos dieron a conocer más de un año después, una acción popular representada por una asociación subvencionada por el Gobierno de Esperanza Aguirre impulsó el caso en un juzgado de Madrid, cuya titular, Gemma Gallego, aspira a ocupar un puesto en el Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP. Los medios que han aireado la teoría de la conspiración del 11-M insistieron en presentar este asunto como una supuesta prueba de la implicación de ETA en el 11-M.

La vista llega a menos de un mes de las elecciones y ha suscitado críticas en medios judiciales y políticos, ya que contraviene la costumbre de los tribunales de no interferir con sus resoluciones en la marcha de los comicios. Desde que el juez Marino Barbero instruyó el caso Filesa a golpe de elecciones, ganándose por ello severos varapalos del Tribunal Supremo, no se habían vuelto a juzgar casos controvertidos que pudieran incidir en la campaña.

La defensa de los policías encausados planteará como cuestión previa la aplicación de la doctrina Botín elaborada por el Tribunal Supremo el pasado diciembre a propósito del caso de las cesiones de crédito del Banco de Santander. El presidente del banco, Emilio Botín, se libró del juicio al retirar la acusación contra él tanto el fiscal como la acusación particular, y quedar como única acusación la acción popular. La doctrina sentada en aquella sentencia interpretó que debe procederse al archivo de las actuaciones cuando la acusación popular no vaya acompañada de la particular o del ministerio fiscal.

En el caso del ácido bórico, tanto el fiscal como el abogado del Estado no ejercen la acusación y han pedido el sobreseimiento de la causa. Por tanto, la única acusación que ha permitido a la juez Gemma Gallego sentar a los policías en el banquillo ha sido la de una asociación de víctimas vinculada a Esperanza Aguirre.

Tras la sentencia del caso Botín, el pleno de la Sala Penal del Supremo reinterpretó esa doctrina al juzgar el caso Atutxa, en el que condenó al presidente de la Cámara vasca, Juan Maria Atutxa y los miembros de la Mesa Gorka Knörr y Kontxi Bilbao por desobediencia. El tribunal adelantó el fallo de aquella sentencia, pero los fundamentos de derecho aún no se conocen.

Ésa es otra de las críticas que se dirigen a la actuación de la Sección 15ª en el caso del ácido bórico. El tribunal podría haber suspendido o aplazado la celebración de la vista hasta que se conozcan la sentencia del Supremo sobre el caso Atutxa, puesto que completa la doctrina del caso Botín y permitiría disponer de todos los criterios sobre su aplicación. Sin embargo, el mantenimiento de la fecha de la vista parece confirmar que los magistrados no tendrán en cuenta las limitaciones con que el Supremo puede restringir la acción popular.

Pese a ello, las defensas pedirán que la cuestión previa sobre la aplicación de la doctrina Botín se resuelva en el acto, sin aplazar la decisión al momento de la sentencia. De no estimarse la cuestión, la cúpula policial deberá afrontar tres días de banquillo por un supuesto delito de falsedad. El Supremo ya sentenció en el caso Bono, en el que otra sección de la Audiencia de Madrid condenó a tres agentes de policía, que la sustitución de un atestado por otro sustancialmente igual no fue delito, puesto que para que se dé el delito de falsedad en documento oficial debe alterarse la esencia, la sustancia, o la autenticidad del documento en sus extremos esenciales como medio de prueba.

"Nuestra meta fue demostrar que las elecciones libres guardan poca relación con las reformas necesarias para mejorar la rendición de cuentas de los Gobiernos", dijo a Efe Nathaniel Heller, autor del estudio, realizado por el grupo no gubernamental.

"Muchos países en América Latina tienen un proceso electoral bastante limpio y transparente, pero no han aplicado reformas institucionales clave para combatir la corrupción", agregó.

El informe califica las acciones de los Gobiernos en 23 categorías, incluyendo gobernabilidad, rendición de cuentas, participación ciudadana, el imperio de la ley, y medidas contra la corrupción.

Asimismo, califica a los países conforme la eficacia o debilidad de esas medidas en una escala del 1 al 100, e incluye calificativos que van desde "muy fuerte" a "muy débil".

En el caso de México, por ejemplo, ese país obtuvo un ranking general de 63 y calificativos de "débil" o "muy débil" en el 70 por ciento de las 23 categorías sobre gobernabilidad, comparado con el promedio internacional de 47 por ciento, según el informe.

El problema del narcotráfico y la violencia "crea una situación casi imposible para que el Gobierno (de México) logre verdaderas reformas", señaló Heller.

La concentración es una de las más concurridas que enfrenta el gobierno del presidente Felipe Calderón, a poco más de un año de iniciar su gestión. "Estamos llegando, Calderón está temblando", gritaban desafiantes.

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Marlaska llegó esta tarde al Hospital Donostia de San Sebastián para interrogar a Portu, quien permanecía ingresado a causa de las lesiones sufridas a raíz de su detención el pasado domingo en la localidad guipuzcoana de Arrasate. Grande-Marlaska se trasladó a San Sebastián para tomar declaración a Portu antes de que el plazo de cinco días de detención incomunicada venciera mañana, cuando tiene previsto interrogar también en la Audiencia Nacional al otro supuesto etarra que le acompañaba, Martín Sarasola.

Igor Portu fue ingresado en la madrugada del pasado lunes en la UCI de este centro sanitario al que llegó con una costilla rota, numerosas contusiones, derrame pleural y un importante enfisema subcutáneo que va desde la región cervical hasta la pelvis, además de hematomas en el tórax, en el ojo izquierdo y en rodillas y tobillos.

El supuesto miembro de ETA pasó ayer de la Unidad de Cuidados Intensivos a una habitación y esta tarde ha sido interrogado por el juez Grande-Marlaska, quien sustituye en estas diligencias al juez Juan del Olmo, quien se encontraba de guardia el día en el que se produjeron las detencines, al estar disfrutando este magistrado de un permiso.

El juez ha accedido de forma discreta al hospital, por una de las entradas traseras, para evitar a los medios de comunicación que le esperaban su llegada.

Consultado respecto a la petición cursada desde la representación diplomática, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se limitó a decir que carece de información.

Diana Lilibeth, hermana del joven de 25 años, ratificó que “tiene dudas” sobre lo ocurrido, al tiempo que hizo referencia a un golpe en la frente y magulladuras que se pueden apreciar en el cuerpo del inmigrante. “Esperamos reunir toda la documentación para aclarar lo sucedido”, resaltó.

Fuentes de la Guardia Civil negaron nuevamente alguna agresión. “Existen numerosos testigos: guardias civiles, la policía local, el doctor que lo atendió y el médico forense”.

El joven murió el pasado 3 de enero después de ser perseguido y detenido en Colmenar Viejo por conducir a exceso de velocidad y sin documentos.

Su hermana dijo que las heridas del cadáver “no son normales”, y que espera el resultado de la autopsia antes de inculpar a los agentes.

Stopper aseguró que no está “de acuerdo” con el testimonio de los policías implicados en la detención de su hermano, quienes aseguraron que el joven murió por un infarto tras el esfuerzo realizado durante la persecución, y añadió que los efectivos incurren en “contradicciones” en sus declaraciones.

Añadió que no se explica cómo se produjeron las lesiones que presentaba su hermano en la frente y en otras partes del cuerpo, si bien comentó que los guardias civiles reconocieron que Wilson sufrió heridas en un brazo y en una mano al practicarse la detención.

Según fuentes policiales, después que el joven fue detenido dijo que se encontraba indispuesto y pidió un vaso con agua antes de que los agentes pudieran someterle a la prueba de alcoholemia. Poco después mostró síntomas de padecer un “infarto”, agregaron.