Abogados de Inmigracion

Según los abogados que representan al Gobierno, la demanda tendría que ser desestimada "por falta de mérito", ya que "la corte no le puede decir al Congreso o al Presidente cómo hacer sus trabajos".

Además se considera que "los estados no tienen fundamentos legales para demandar al gobierno federal en nombre de los residentes en esos estados", según los argumentos difundidos hoy.

Por otro lado, el juez Lewis T.-Babcock indicó que no tiene la autoridad para ordenar que el Gobierno federal contrate a más guardias de seguridad y provea más centros de detención para inmigrantes indocumentados.

"Si ustedes (el Estado de Colorado) consiguen lo que buscan y yo tomo control del gobierno, que el cielo nos ayude a todos", expresó el juez Babcock durante la audiencia celebrada el jueves entre abogados de los gobiernos estatales y federales en la corte federal de Denver.

El procurador general de Justicia de Colorado, John Suthers, inició la acción judicial para cumplir con lo establecido en el llamado Referendo K, aprobado por un 56 por ciento del voto popular en las elecciones de noviembre del 2006, en el que se pide que por medio de una demanda se exija al Gobierno federal el reembolso de los gastos en los que Colorado incurre por problemas relacionados con la inmigración de indocumentados.

Un reciente estudio preparado por la oficina de Suthers revela que en 2005 Colorado destinó 36 millones de dólares en inmigrantes indocumentados alojados en las cárceles de este estado, por lo que recibió un reembolso del Gobierno federal de 2,3 millones de dólares.

Suthers se opuso a la petición de la demanda al considerarla un "malgasto de fondos públicos", e incluso en varias ocasiones puntualizó que demandas similares presentadas por otros seis estados no prosperaron.

Sin embargo, la demanda de Colorado es la primera en ser presentada después de los ataques del 11 de septiembre del 2001.