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Los Beneficios de Inmigrantes Indocumentados en Utah

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Los legisladores estatales de Utah debatirán 11 proyectos de ley relacionados con inmigración con el propósito de eliminar los beneficios que ahora tienen los inmigrantes indocumentados.

Entre ellos se destaca el proyecto HB241, que pide abolir la ley de 2002 que otorga aranceles universitarios reducidos a alumnos indocumentados que hayan completado tres años de estudios en una secundaria de Utah y que además califiquen para regularizar su estatus, entre otros requisitos.

El autor de esta medida, el representante Glenn Donnelson (R-North Ogden), también impulsa otros cuatro proyectos. El primero, busca darle a la policía local algunas funciones de inmigración.

“La gente sabe que no contamos con suficientes agentes federales de inmigración y que, por eso, sería de ayuda que las fuerzas de seguridad locales tuviesen la habilidad de hacer cumplir las leyes migratorias”, comentó Donnelson.

Esta iniciativa cuenta con el respaldo del 63 por ciento de los republicanos y del 44 por ciento de los demócratas de Utah, según un sondeo de Deseret Morning News y KSL-TV.

Este proyecto se basa en el programa federal 287(g) que autoriza al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) capacitar a oficiales de policía y de la patrulla de caminos para hacer cumplir ciertos puntos de las leyes migratorias.

Otra iniciativa de Donnelson busca abolir la ley que permite que las personas sin seguro social reciban “tarjetas de privilegio de conducir”.

El tercer proyecto prohibiría que esas tarjetas sean aceptadas como forma válida de identificación, y una cuarta propuesta exigiría que los empleadores de Utah participen en un programa federal de verificación de datos de potenciales empleados.

Por su parte, el representante Stephen Sandstrom (R-Provo), propone que participar de ese programa federal de verificación de datos sea condición para recibir contratos estatales, que la División de Licencias para Ocupaciones y Profesiones de Utah se asegure de no entregar licencias a indocumentados, y que las cárceles notifiquen a las autoridades federales la posible presencia de reos indocumentados.

Otras dos iniciativas, ambas de la representante Karen Morgan (D-Cottonwood Heights), piden que se multe con hasta 75 mil dólares a quienes usen documentos de inmigración falsos y que el Gobierno federal reembolse a Utah los gastos en que incurre debido a la presencia de indocumentados.

Por otro lado, el Senado de Utah debatirá dos proyectos relacionados con inmigración. Uno, del legislador Scott Jenkins (R-Plain City), pide que se establezcan “recomendaciones oficiales" para que los departamentos de policía de Utah sepan cómo actuar en casos de arrestos de indocumentados.

La otra propuesta, de la senadora Carlene Walker (R-Cottonwood Heights), busca nuevas sanciones contra los ladrones de identidad.

“Una vez más la comunidad latina de Utah sentirá la presión por parte de la legislatura estatal. Al revisar todas estas propuestas, anticipo que será una dura batalla”, comentó hoy Tony Yapias, presidente del Proyecto Latino de Utah.

Para Yapias, “el público se engaña a sí mismo si cree que darles poderes federales a la policía local va a resolver el problema (de la inmigración ilegal en Utah), porque ese problema tiene que ser resuelto en Washington D.C.”.

Pero, por el contrario, el senador Bill Hickman (R-St. George), sostuvo que “los ciudadanos de Utah están dispuestos a asumir el costo de proveer fondos adicionales a las fuerzas del orden para resolver este problema (de la inmigración ilegal)”.

Abogados Enero 16, 2008 11:15 PM